El Gobierno quiere más de tres meses para desarrollar su plan para repatriar a miles de salvadoreños varados en el exterior desde mediados de marzo, tras el cierre de fronteras por la pandemia.
La Sala de lo Constitucional le dice que no, que no es “razonable”, pues estas personas ya llevan dos meses en esa precaria situación. Si accede, se convertirán en cinco meses. “Los salvadoreños que se encuentran en el extranjero y que no pudieron regresar a El Salvador debido a las medidas adoptadas para contener el COVID-19, a esta fecha, llevan casi 2 meses en esa situación”, dice el máximo tribunal.
En seguida pasa a considerar que estas personas enfrentan falta de alimentos, de medicinas o de chequeos o tratamientos médicos; separación de la familia (cónyuge, hijos, padres, etc.); ausencia de salario, pensión o ingresos; gastos excesivos por una estadía no planificada (pago de hotel, de servicios privados de salud, etc.) e interrupción de estudios.
El Tribunal Constitucional le ha exigido al Gobierno la repatriación y un plan para la misma desde el 8 de abril pasado, “con la debida urgencia”, pero las autoridades fueron dilatando los plazos, por lo cual los magistrados pusieron como límite el 1 de mayo. En seguida, el Gobierno pidió un mes para elaborar el plan, pero ellos se negaron razonando que si accedían ello se convertiría a la postre, en dos meses, en menoscabo de los derechos de los varados.
Y eso ha pasado.
En su última resolución, la Sala reconoce la complejidad del plan de repatriación, pero insta a las autoridades involucradas a “utilizar al máximo sus recursos y capacidades para que el plazo propuesto resulte “razonable”, tomando en consideración los derechos fundamentales en juego” de los salvadoreños afectados.
El máximo tribunal subraya que las autoridades han afirmado que la fase de “operativización” del plan “está en curso” y que la etapa de identificación y documentación ha concluido, por lo cual ya cuentan con suficiente información, pero el plan que han presentado adolece de falta de elementos, como el universo de salvadoreños que pretenden volver.
Los magistrados justifican sus requerimientos y urgencia en este caso, pues “se ponen en grave peligro los derechos fundamentales de los demandantes o interesados legítimos”.
Por lo mismo, destaca que es necesario verificar que en dichas gestiones se respete los derechos fundamentales (vida, integridad, salud, no discriminación, seguridad jurídica y acceso a la información, entre otros) de los afectados.
La Sala ha ordenado dar prioridad a la repatriación de salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, como los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas que padecen afecciones crónicas.