La negativa del presidente de la República, Nayib Bukele, de acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la emisión de decretos que violan los derechos humanos están entre las razones por las que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) decidió renunciar, junto con cuatro organizaciones de la sociedad civil, al comité que fue creado para supervisar el uso de los $2,000 millones que el Congreso le autorizó al Gobierno para atender la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
Estas acciones son contrarias a los valores y principios que siempre ha promovido y defendido la institución, manifestaron el martes las autoridades universitarias en una conferencia, un día después de que junto a la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) renunciaran al comité en el que también había cinco ministros y un secretario de la Presidencia.
“El Gobierno, en la manera que está enfrentando esta pandemia, está afectando los derechos humanos de la ciudadanía, pero también ignora la institucionalidad democrática de nuestro país y no atiende las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Esas actuaciones nos parecen contrarias a los valores y principios que la UCA siempre ha defendido y podría interpretarse nuestra participación en el comité como que avalamos estas actuaciones que está realizando el Gobierno”, señaló el rector de la universidad, Andreu Oliva.
El otro argumento de la UCA para separarse de manera “irrevocable” de la comisión es que no se le permitió hacer una contraloría social y orientar en el uso de esos recursos como se le había encomendado junto a las gremiales, el tanque de pensamiento y la ESEN.
Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la UCA, secundó a Oliva y explicó que el “problema de fondo” fue que las decisiones importantes sobre el uso del dinero no se tomaban en el seno de esa comisión.
Él agregó que el comité, juramentado a finales de marzo por Bukele, fue una condición del Legislativo en el Decreto 608 en el que autorizó al Ejecutivo a buscar el crédito de los $2,000 millones, y dejó entrever que el Gobierno no estuvo de acuerdo con su creación.
“Fuimos escuchados. Ciertamente tuvimos voz, lo que no tuvimos fue voto. Hay decisiones que no se tomaron ahí sino en otras esferas, no sé en cuáles, pero no en el comité. Aceptamos el reto para ayudar pero no estamos dispuestos a ser lámparas de adorno”, expuso Serrano.
Los representantes de la UCA denunciaron que en las reuniones del comité no se pudo tomar decisiones sobre el destino de los fondos ni los criterios de uso que las autoridades debían hacer porque el Gobierno no les brindó la información que requerían.
Esto a pesar de que el comité reiteradamente expuso la necesidad de contar con un plan detallado de trabajo y una hoja de ruta para atender la pandemia. El Ejecutivo tampoco les proporcionó la metodología que implementó para la asignación y distribución de las transferencias monetarias a un millón y medio de familias a las quienes se les entregaron $300 para enfrentar la crisis económica.
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El rector de la universidad manifestó que esa transferencia monetaria se diseñó sin la participación y aprobación del comité. Por ello, desde el primer día las organizaciones expresaron que no se hacían responsables de ese programa, pues no habían participado en el diseño ni la definición de las características de las personas que recibirían el dinero ni en la modalidad de entrega.
La UCA aclaró que las organizaciones civiles tampoco tomaron decisión en la erogación de fondos para la construcción de los hospitales, la entrega de semilla y abono, y las canastas básicas.
Una reforma al decreto 608 que presentó el Ejecutivo el 24 de abril en el Congreso, con la cual se cambiaba el destino que se le daría a los fondos, fue lo que hizo a la UCA decidirse a salir del comité. Esto debido a que esa propuesta, que aún no ha sido conocida en el pleno de la Asamblea Legislativa, no fue discutida ni consensuada por el grupo.
En esa propuesta se distribuían los $2,000 millones en tres rubros: $600 millones para las municipalidades, $450 millones para las transferencias monetarias de $300 por familia y $950 millones para cubrir deficiencias de ingreso en el Presupuesto General 2020 a causa de la emergencia sanitaria.
Con ello, se dejó fuera otros destinos que establece el decreto como implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, financiar a los productores agrícolas y al sector agropecuario y un programa de subsidio de pago de planilla de empleados afectados por la declaratoria de estado de emergencia decretado por el Ejecutivo en marzo pasado.
“Haber presentado una reforma de decreto 608 que no había sido acordada en el seno del comité, sino (una propuesta) bien diferente, nos pareció una falta de ética, de deslealtad del Gobierno con el comité y especialmente con las organizaciones no gubernamentales que formamos parte”, señaló Oliva.
Faltó voluntad para transparentar proceso
La Cámara de Comercio de Industria de El Salvador (Camarasal) también dijo este martes que no volverá a integrar el comité porque la información vertida por el Ejecutivo no era adecuada ni seria y pese a haberse reunido desde hace dos meses, no tomaron en cuenta las observaciones que hicieron a varios decretos.
“En dos meses como Comité se han venido dando aportes y sugerencias que nunca se tomaron en cuenta. No hay plan u hoja de ruta clara y del reparto de los $300, no hubo transparencia en la forma cómo se usaron”, explicó Jorge Hasbún, presidente de la Camarasal.
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La gremial señaló que el Comité pedía siempre informes reales, con detalles que pudiera analizarse y que pudieran mostrar un panorama de cómo estaban funcionando las cosas, pero estos nunca llegaron. Según el director ejecutivo, Federico Hernández, “hubo una falta de voluntad política para darle transparencia al proceso y no existió información confiable, por eso nos retiramos”.
Por su parte, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, manifestó que “es incongruente que al Comité, que nace para supervisar el gasto de la emergencia, el Gobierno no le entregue la información que se le solicita. Sin información y transparencia es imposible para la sociedad civil cumplir la labor encomendada”.
Castro añadió que “es contraproducente estar en un comité donde el Gobierno irrespeta los consensos y actúa unilateralmente, tomando sus propias decisiones” como la reforma al Decreto 608 que a su juicio “dejó sin razón de ser al Comité”.
Lejos de ordenar un cambio de rumbo con base en estos señalamientos, el presidente Bukele aprovechó para lanzar un ataque nuevo al sector privado, afirmando en redes sociales que desconocía a Javier Simán como el representante de los empresarios.
Bukele aseguró que “el nuevo liderazgo de la ANEP solo busca sabotear el trabajo del Gobierno en medio de una pandemia”.
Esto produjo una nueva avalancha de críticas al mandatario y un respaldo de diferentes actores locales a las organizaciones que formaron parte del otrora comité.
Está previsto que los representantes de las organizaciones civiles acudan hoy a la Comisión de Hacienda del Legislativo para explicar las razones su renuncia al comité. El presidente del Congreso, Mario Ponce, explicó que con la salida de estas personas, los diputados tendrán que decidir cómo fiscalizar el dinero.