Sara Hanna Georges es una opositora al régimen chavista que impera en Venezuela. Así lo atestiguan varios documentos que sobre ella aparecen en la web. Es más, en un documento del 2014, de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, se la menciona como asistente de Leopoldo López.
En el sitio weekeleaks.org aparece un cable, aparentemente enviado por alguna sede diplomática de EE. UU. que la describe como una líder estudiantil, junto a tres personas más, que viajaron a Washington para reunirse con la CIDH, siglas que coinciden con las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.
En el cable se indica que hay que proteger a todos esos estudiantes, incluyendo a Sara Hanna Georges, quien en mayo de 2014 salió de Venezuela, aparentemente por sentirse amenazada por el régimen de Nicolás Maduro.
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Hanna es señalada en el memorando 2020-9200-200, de fecha 1 de junio, como uno de dos “delegados de Capres”, que dan órdenes de manera verbal o por mensajes de WhatsApp, a personal del Departamento de Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública. Una de esas indicaciones fue no procesar más de 1,600 pruebas para COVID-19 que habían sido tomadas el 22 de mayo y días anteriores, según el documento que circuló en redes.
Lo anterior quedó expuesto en el memorando 2020-9200-200, con fecha de envío del del pasado 1 de junio a la subdirectora del Instituto Nacional de Salud, firmado por la coordinadora de Virología, Delmy Lisseth Recinos de Valdez, la jefa de Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública, Ruth Carolina Vasquez Cordova y la jefa de Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Mónica Jeannette Barahona.
Fuentes de El Diario de Hoy proporcionaron un número telefónico de Hanna a través del cual se le contactó por mensajería rápida para obtener su versión sobre los señalamientos en el memorando, que según abogados, podría haber cometimiento de delitos.
Al recibir el mensaje, se limitó a preguntar la identidad del remitente. En el mismo momento se le envió una serie de preguntas pero nunca más respondió.
Otro de los delegados de Capres vinculados a la mesa de crisis es Miguel Arvelo, también venezolano. Junto a Hanna, dan las órdenes de qué pruebas hacer y cuáles no, según ese documento.
Abogados consultados por El Diario de Hoy coinciden en que según los datos contenidos en este memorando, el Gobierno ha estado violando claramente los derechos de los pacientes a ser informados de los resultados de las pruebas que se les han hecho y, todavía algo más grave, les han violado el derecho a la salud a todas las personas que les hicieron pruebas para COVID-19 pero que por orden de los “delegados de CAPRES”, no fueron procesadas.
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