Las instituciones contraloras del hemisferio debaten el uso de la firma electrónica en las auditorías, durante una asamblea de cuatro días que se realiza en San Salvador, organizada por la Corte de Cuentas.
En el encuentro, inaugurado ayer, los representantes de las contralorías discutirán medidas que pueden aplicarse en éstas entidades para mejorar la fiscalización y el combate a la corrupción en sus países.
El peruano Nelson Shack Yalta, presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores Olacefs), explicó que en la cita debatirán sobre dos temas que consideran importantes: la validez de la firma digital y de documentos electrónicos en los procesos de auditorías, así como la integridad y gestión institucional de la transparencia.
“En la modernidad de hoy nadie puede pensar que una auditoría va a poder ser eficiente si no trabaja de manera digital”, opinó Yalta.
Sobre la gestión de la transparencia en las instituciones, el presidente de Olacefs consideró que es relevante porque se debe “recuperar la confianza de los ciudadanos en muchos de los países de América Latina donde han sido muy golpeados por la corrupción en los últimos años”.
Por su parte, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, dijo que con la asamblea de contralorías “la idea es que capitalicemos todas las ideas que ellos nos dan para ver de qué manera las podemos implementar en la Corte de Cuentas y hacerla más eficiente y a la vaguardia”.
Respecto al uso de la firma electrónica, la funcionaria indicó que en el país ya se tiene una Ley de Firma Electrónica, pero que de momento solo el Ministerio de Hacienda la estaría implementando, por lo que la Corte deberá conocer más de estos procesos para cuando fiscalice a esa cartera de Estado.
“Como Corte auditamos al Ministerio de Hacienda y tenemos que estar en conocimiento para determinar de qué manera vamos a hacer una fiscalización más eficiente en ese tema que va a ser nuevo para nosotros”, dijo.
Casos de Ecuador y España
Durante el debate de ayer, los asistentes escucharon la experiencia de Ecuador y España sobre el uso de la firma electrónica.
En el caso ecuatoriano, Lincoln Larrea, contralor de ese país, explicó que tienen cuatro certificadoras de firmas electrónicas (dos públicas y dos privadas) y que son 284,000 firmas electrónicas aprobadas, cuyo trámite tiene un costo de $54.
Larrea indicó que en la Contraloría usan un sistema mediante el cual reciben y envían documentación de forma electrónica para procesos como la declaración jurada de patrimonio, la cual es obligación en Ecuador.
En el caso de España, Ramón Alvarez de Miranda, Consejero del Tribunal de Cuentas de ese país, compartió que están en proceso de diseño y aprobación de políticas de gestión de documentos y firma electrónicos, porque consideran que ese el futuro de la administración pública.