Corte rechaza llevar a antejuicio al juez de caso El Mozote

Los abogados defensores de tres de los imputados presentaron una solicitud de antejuicio contra el juez por prevaricato.

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El juicio por la masacre cometida en El Mozote y lugares aledaños se ha mantenido por más de un año. / Foto Por Archivo

Por Xenia González Oliva

2019-10-19 4:30:47

La Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de antejuicio contra el juez Jorge Guzmán, quien ha estado al frente del proceso judicial por la masacre de El Mozote en el juzgado segundo de Primera Instancia, de San Francisco Gotera, Morazán, este año convertido en juzgado de Instrucción.

La solicitud de antejuicio fue interpuesta por los abogados Roberto Girón Flores, Miguel Girón Flores, Martín Salvador Morales y Roberto Girón Flores hijo. Ellos son los defensores de Natividad Jesús Cáceres Cabrera, Carlos Eduardo Cáceres Flores y Luis Adalberto Barrera, quienes son procesados, junto a otros acusados, en el caso conocido como “Masacre El Mozote y lugares aledaños”.

En abril de 2019, el juez Guzmán imputó tres nuevos delitos contra los procesados: tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

De acuerdo a la resolución de la CSJ, los defensores señalaron que en el momento que ocurrieron los hechos “las conductas no estaban tipificadas en la normativa interna como delitos”. Consideraron que dicha resolución fue hecha de forma forzada. Por ello, los defensores pidieron a la CSJ que se iniciara un antejuicio contra el juez, ya que consideraron que cometió el delito de prevaricato.

En la resolución de Corte Plena se señaló que no darán lugar a la solicitud porque en lo presentado por los defensores no se puede argumentar que el juez haya cometido el delito de prevaricato. “Del contenido de la solicitud se evidencia que se trata de una inconformidad de índole propiamente jurisdiccional, dado que estos lo que cuestionan es la aplicación de jurisprudencia y normativa internacional que es posterior a los hechos investigados”, sostuvieron los magistrados.

Añadieron que se trata de una cuestión de valoración y que cada juez goza de independencia. También señalaron que no determinaron si la petición era presentada en carácter personal o como apoderados de los imputados.