La Corte no entregará informes de Probidad ordenados por Instituto de Acceso a la Información

El IAIP había ordenado a la Corte entregar las versiones públicas de informes elaborados por la Sección de Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito de casos resueltos en 2018

El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, es prófugo de la justicia salvadoreña. Foto EDH / Archivo

Por Cecilia Fuentes

Ago 21, 2019- 05:45

Un nuevo encontronazo se ha suscitado entre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la resolución de la máxima instancia en materia jurídica de no acatar un fallo de ese Instituto que pretendía obligar a la Corte, a entregar versiones públicas de informes de probidad de funcionarios, bajo el argumento de que esos informes tienen carácter reservado y porque ese hecho violaría la Constitución.

Con votos de mayoría simple (8 de 15 magistrados), la Corte Plena decidió el pasado 16 de agosto no acatar la resolución del IAIP de entregar esas versiones públicas de los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios públicos de los casos resueltos durante el 2018.

La Corte argumentó que el revelar los informes significa violar la Constitución de la República y por la facultad que tiene el Órgano, amparado en el artículo 240 de la misma, mantendrá reservada la información.

Los magistrados de la Corte Suprema argumentaron que lo anterior coincide con la “presunción de inocencia y el derecho de defensa que establecen los artículos 11 y 12 de la Constitución”.

La decisión de la Corte es argumentada además, en que acceder a lo requerido por el Instituto, “significa simple y llanamente violar la Constitución y anteponer una ley secundaria y argumentos de su órgano de aplicación por encima de nuestra norma fundamental”, señalaron los magistrados en su resolución.

El Pleno de la Corte considera que se vulneraría el derecho a la seguridad y la intimidad personal de los funcionarios, “ya que se sometería el escrutinio público todos los datos referentes a su caudal patrimonial personal y el del núcleo familiar, así como la vulneración de sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso”.

El IAIP dice es un retroceso

Tras esa resolución de la Corte, el IAIP reaccionó y ha planteado que el fallo de los magistrados representa “un claro retroceso en la lucha contra la corrupción y el compromiso con la transparencia en El Salvador”.

El Instituto informó que iniciará un proceso de análisis interno a la base de la Ley de Acceso a la Información Pública, “a fin de determinar la existencia de alguna infracción a la misma”. Y lamentan que se cierre el acceso a esta información por un argumento que además se había superado en el año 2015.

Representantes del IAIP consideran que con la decisión de la Corte ante su resolución, emitida el pasado 30 de julio, “se estaría retrocediendo sobre compromisos adquiridos como Estado Salvadoreño” ante compromisos internacionales de generar mecanismos para evitar casos de corrupción.

El pasado 7 de agosto, El Diario de Hoy publicó, que de acuerdo a un informe de la Sección de Probidad de la Corte, solo 6 funcionarios, de más de 60 que forman el Gabinete de Nayib Bukele, habían cumplido con la ley presentando sus declaraciones juradas de bienes, ante lo que abogados y organizaciones que velan por la transparencia coincidieron que es grave que se viole la Constitución.

Los magistrados han resuelto que certificarán la resolución y la remitirán a la Sala de lo Constitucional a efecto que se conozca y se pronuncie sobre la constitucionalidad de la decisión adoptada, algo que ha generado rechazo y cuestionamientos como lo planteó Acción Ciudadan,que dice que la CSJ no está contribuyendo a elevar los niveles de transparencia y tampoco contribuye al combate a la corrupción.

Los saqueos de Saca y Funes fueron alertados por Probidad

En los últimos años, indagaciones de la Sección de Probidad permitieron que Corte Plena de la CSJ ordenara juicios contra varios exfuncionarios, siendo los más emblemáticos los informes presentados por el expresidentes Antonio Saca -condenado a diez años de prisión tras admitir que robó $300 millones- y Mauricio Funes, quien es prófugo y está alojado en Nicaragua en resguardo por el régimen de Daniel Ortega. Funes fue condenado por enriquecimiento ilícito y debe devolver junto a su hijo Diego, $419,000, además enfrenta diversas órdenes de captura por varios delitos de corrupción.

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