La Corte de Cuentas de la República (CCR) teme que si el Ministerio de Hacienda trastoca la independencia presupuestaria de la que goza el ente contralor, mediante reformas a la Ley orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI) que ha presentado a la Asamblea, pueda prestarse a un posible “chantaje” con la asignación de los fondos.
“Le corresponde a la Corte de Cuentas auditar al Ministerio de Hacienda, a la Asamblea Legislativa, entonces como Corte de Cuentas no podemos estar sujetos a que nuestro presupuesto dependa de la voluntad de ellos, porque en un momento determinado podría haber como un chantaje y nosotros queremos garantizar y hacer un trabajo efectivo y eficiente sin ninguna coacción ni limitante”, aseveró la presidenta de la institución, Carmen Elena Rivas Landaverde, al ser consultada sobre las reformas.
Una de las pretensiones de Hacienda es que los presupuestos del Estado, es decir de todas las instituciones que manejan fondos de los contribuyentes, estén subordinados a las prioridades del Plan General del Gobierno, según lo plantea el pliego de reformas a la ley AFI.
Esas reformas abarcarían a la Corte de Cuentas, de acuerdo a la redacción propuesta en el documento que el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó a la Asamblea en mayo de este año con el saliente gobierno del FMLN.
En el apartado de la ley actual que se refiere al “Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado” dice en el artículo 36: “El Ministerio de Hacienda analizará los proyectos de presupuesto recibidos de conformidad a la política presupuestaria, efectuará los ajustes necesarios y elaborará el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado. El proyecto de Presupuesto de la Corte de Cuentas de la República se elaborará de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de su respectiva Ley”.
Sin embargo, en la redacción que plantea Hacienda se elimina el párrafo que se refiere al presupuesto del ente contralor y advierte que haría “ajustes” a los presupuestos que sean propuestos.
Según el documento en manos de la subcomisión legislativa que analiza las reformas a la ley AFI, así como a la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas), el artículo 36 quedaría así:
“El Ministerio de Hacienda analizará los Proyectos de Presupuestos y los Marcos Institucionales de Mediano Plazo y, en caso de ser necesario, efectuará los ajustes respectivos, de conformidad a la Política Presupuestaria de Mediano Plazo y demás normativa vigente y preparará los Proyectos de Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales, el Proyecto de Ley de Salarios y el Marco de Gastos de Mediano Plazo”, se lee.
La presidenta de la Corte destacó que, de acuerdo a las leyes actuales, la institución conserva la autonomía presupuestaria y que esperan continuarla teniendo.
“Porque ese es un elemento importante para que como Corte de Cuentas podamos tener la objetividad, una independencia e imparcialidad en cuanto a la ejecución de las auditorías en las instituciones públicas”, remarcó.
Mencionó que en 2016 cuando hicieron reformas a la ley orgánica de la CCR se intentó quitar esa facultad, pero luego que la Sala de lo Constitucional admitió estudiar un un recurso contra esa decisión el ente contralor mantiene su independencia financiera.
Rivas Landaverde dijo que eso ha permitido que la Corte continúe preparando su presupuesto anual y que Hacienda solo establece el “techo” (límite) que deben respetar para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“Pero no tenemos más que esas políticas. Nosotros no dependemos del Ejecutivo y eso lo dice la Constitución. No estamos supeditados a todos los lineamientos que ellos emiten, eso es más propio del gobierno central”, acotó.
También la primera magistrada de la Corte, María del Carmen Martínez Barahona, reafirmó que la Corte de Cuentas tiene su independencia presupuestaria por mandato constitucional.
“No sería conveniente quitar esa independencia presupuestaria a la Corte de Cuentas por ser el ente fiscalizador de todas las entidades públicas, incluyendo al gobierno central… Depender del gobierno central con el presupuesto atentaría contra la independencia que todo ente fiscalizador debería tener para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible como la Constitución lo señala”, afirmó.
Además, el segundo magistrado del ente contralor, Roberto Anzora Quiroz, recalcó que la independencia de la institución debe estar asegurada en tres dimensiones: en lo funcional, organizativo y en lo financiero. Pero también destacó que “es una buena práctica que ha sido adoptada a nivel internacional”.
En ese sentido, la presidenta de la Corte mencionó que la autonomía del ente contralor está amparada en acuerdos firmados con las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región, las cuales concuerdan en que deben conservar la autonomía presupuestaria para no verse limitadas en hacer las auditorías en sus países.
“Para nosotros es bien importante asegurar y que tengamos esa independencia presupuestaria porque de allí va a depender el financiamiento de nuestras actividades de control, de nuestro buen funcionamiento”, expresó Anzora.
De hecho, el artículo 195 de la Constitución de la República establece que “la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estará a cargo de un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, que se denominará Corte de Cuentas de la República (…)”.
También el artículo 2 de la ley de la entidad fiscalizadora indica que “la Corte de Cuentas es independiente del Órgano Ejecutivo, en lo funcional y administrativo”.
Pero además dicha normativa establece que el ente contralor elaborará su presupuesto y lo enviará al Ejecutivo para que lo “incluya” en el plan de gastos estatal.
“La Corte elaborará el proyecto anual de ingresos y egresos de la institución, así como su respectivo régimen de salarios atendiendo a las políticas, procedimientos y fechas presupuestarias establecidas por la Ley de Administración Financiera del Estado y el Ministerio de Hacienda, y lo remitirá al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto General del Estado”, dice en el mismo artículo 2.
Hacienda defiende que no se pasará sobre autonomía de nadie
Por su parte, el Ministro de Hacienda ha defendido que las reformas a la ley AFI no afectarían la independencia de las instituciones.
“Aquí no nos estamos metiendo con la autonomía de nadie. Se está buscando que además del ejercicio fiscal, que es lo que se presupuesta, tengamos la capacidad de definir programas por resultados en todo el Estado; que el Órgano Judicial presupueste por resultados, que la Asamblea Legislativa presupueste por resultados, que el Órgano Ejecutivo presupueste por resultados”, aseguró Fuentes el pasado 18 de noviembre.
También dijo que “en ningún momento nos estamos trayendo facultades que le quitan autonomía a los distintos órganos, solo estamos diciendo que debemos aprender a preparar ejercicios plurianuales que nos ayuden a estimar cuánto va a ser la necesidad de gasto futuro o recursos que van a requerir los distintos órganos del Estado”.
Ante las dudas que han generado en la Asamblea las reformas propuestas por Fuentes, los diputados citaron al funcionario para este 9 de diciembre, pero finalmente la subcomisión no se reunirá.
La presidenta de la subcomisión que debate las enmiendas, la arenera Margarita Escobar, ha dicho que deben analizar “con cuidado” la propuesta, porque podría haber aspectos que violen las leyes. “A la Corte de Cuentas le quitan algunas facultades, de acuerdo con esta reforma”, advirtió la legisladora.