Fiscalizar las embajadas y consulados salvadoreños en el exterior, así como todas las instituciones y organizaciones, sin excepción, que usen fondos públicos en el país son de los propósitos que la Corte de Cuentas busca con un pliego de reformas a su ley que presentará ante la Asamblea Legislativa.
La institución contralora pretende que el alcance de su autoridad abarque las sedes diplomáticas salvadoreñas en el mundo, mediante la modificación al artículo 15 de la ley actual que no lo establece así, aunque en el Reglamento para el cumplimiento de la función jurisdiccional de la Corte sí lo indica.
“La jurisdicción y competencia de las Cámaras de Primera Instancia y de Segunda Instancia de la Corte tendrán lugar en todo el territorio nacional, incluidas las embajadas y consulados de El Salvador en territorios extranjeros, sólo respecto de las atribuciones y facultades de la Corte que impliquen actos jurídicos que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades de carácter administrativo o patrimonial contra aquellos a los que se aplica esta ley”, dice el documento que ha divulgado la Corte de Cuentas.
En el mismo artículo se establece que “el carácter especial del juicio de cuentas se circunscribe al juzgamiento de funcionarios y servidores públicos o terceros relacionados por la gestión de la cosa pública; y a las competencias de fiscalización determinadas en el ordenamiento jurídico respecto de la administración de recursos públicos”.
Tras 23 años de vigencia de la ley, los actuales magistrados de la Corte de Cuentas quieren reformar puntos medulares de la normativa vigente desde 1995 que abarcan el área de auditoría y el juicio de cuentas, principalmente.
Uno de esos cambios clave contempla auditar entidades que antes no fiscalizaba, ya que la ley le ha impedido hacerlo porque se constituyen como empresas, pero reciben fondos públicos, por ejemplo las subsidiarias de CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa): INE, LaGeo, Cecsa y Etesal; o Alba Petróleos (ver nota aparte).
Cambios clave que pide la corte a ley que rige fiscalización
1. Haría auditorías durante los procesos
“Es competencia de la Corte el control posterior, no obstante, cuando las circunstancias lo requieran realizará el control previo o concurrente de las actividades administrativas, financieras u operativas que se realicen en virtud del cumplimiento de los fines de las entidades y organismos sujetos a la fiscalización”, dice en la propuesta de reforma.
2. Autorizaría a las firmas privadas de auditoría
Entre las nuevas atribuciones que la Corte busca tener están: “Calificar, autorizar y registrar firmas privadas de auditoría de conformidad a su reglamento para fiscalizar cualquier entidad o actividades financiadas con fondos públicos”, dice en texto. También: “Contratar profesionales independientes para sustentar sus auditorías en los casos que la especialidad lo requiera”, entre otras.
3. Supervisaría los traspasos de gobierno
Otra de las atribuciones que pretende tener la Corte es: “Supervisar y verificar que el traspaso de gobierno en el Órgano Ejecutivo y municipalidades, se realice de forma ordenada, para que toda la información y documentación existente, ya sea en forma física o en medio magnético, este disponible para ser entregada al nuevo gobierno y facilite la auditoría que la Corte ejecutará según el Plan Anual correspondiente (...)”.
4. Incorporaría nuevas clases de auditorías
“Adicionalmente, realizará otras clases de auditoría atendiendo materias especializadas, entre estas las de tecnología de información, medio ambiente, cooperación internacional, desempeño, forense y otras”, dice en el documento elaborado por la Corte. Actualmente, la normativa vigente permite hacer las auditorías financiera y operacional.
5. Auditores serían nombrados por la corte
“Para optar al cargo de jefe de la unidad se deberá estar acreditado como auditor gubernamental y será nombrado por la Corte de conformidad a la normativa que para tal efecto se emita... Los jefes de las unidades que estuvieren ejerciendo el cargo a la fecha en que entre en vigencia la presente ley, seguirán desempeñándolo bajo las mismas condiciones laborales en las que se encuentren; no obstante, pasarán a depender funcional y técnicamente de la Corte”, indica el texto.
6. Fondos de proyectos pasarían a la corte
“De los fondos aprobados en el presupuesto general de la nación para ejecutar proyectos de inversión pública, con montos mayores a cinco millones de dólares, autorizados por la Comisión Nacional de Inversión Pública (CONIP), se designará y transferirá a la Corte el dos por ciento al inicio de la ejecución del proyecto, fondos que se utilizarán principalmente para financiar la adquisición de equipo tecnológico especializado, capacitación técnica o contratación de especialistas (...)”, propone la Corte.
Otras reformas importantes
La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, explicó a El Diario de Hoy que buscan modernizar la ley y adecuarla a estándares internacionales.
“En la parte de auditoría estaríamos abriendo el catálogo de auditorías, ya que hoy por hoy nuestra ley nos permite hacerla financiera y operacional. Nosotros estamos incluyendo de gestión, ambiental, a las tecnologías, forense que es muy necesaria. También lo dejamos abierto para cualquier otra que se podría incorporar en el camino”.
Indicó que el proyecto de modificaciones se ha divulgado entre varias organizaciones y han recopilado observaciones al texto y luego lo harán llegar a la Asamblea.
“Esperamos que alguna fracción o algún diputado las acoja y la presenten como iniciativa de ley”, dijo.
Además, en el documento se contemplan otras reformas como hacer auditorías concurrentes, es decir en la marcha de la ejecución de actividades institucionales, y ya no solo al final de la gestión de los funcionarios públicos. De esa manera podrán corregir oportunamente si hay errores y no hasta después que no se pueda enmendar, afirmó la presidenta de la Corte.
Asimismo, pretenden hacer controles previos para verificar requisitos legales, técnicos y presupuestarios, de acuerdo a la propuesta.
También proponen supervisar y verificar los traspasos de gobierno, tanto en el Ejecutivo como en las alcaldías para que se hagan de forma “ordenada”.
La Corte plantea, por otro lado, tener nuevas atribuciones como “calificar, autorizar y registrar firmas privadas de auditoría” para fiscalizar cualquier entidad o actividades financiadas con fondos públicos.
Además quiere verificar que las firmas privadas de auditoría externa cumplan la normativa en las entidades y organismos del sector público; y contratar profesionales independientes para sus auditorías en casos que se requiera de una especialidad.
También en otro de los apartados del documento propone prohibir contratar firmas privadas de auditoría para que realicen las funciones de auditoría interna en las instituciones, según el documento.
Auditores independientes
Otro tema clave que la entidad contralora quiere que la Asamblea reforme en la ley es que los jefes de auditoría interna de las instituciones estatales sean nombrados por la Corte de Cuentas y que dependan funcional y técnicamente de la Corte, pero que los salarios los pague cada institución.
“La plaza nominal para el cargo de jefe de la unidad deberá estar incluida en el presupuesto institucional de cada entidad u organismo del sector público donde prestará sus servicios”, dice en la propuesta de reforma del apartado sobre auditoría interna.
La destitución o despido de los jefes de auditoría solo podría ser por efecto de causas legales, a solicitud de la entidad donde labora o por orden de la Corte; y si lo hace la institución debe informarlo a la Corte, la cual decidiría si procede o no, indica el texto.
La propuesta de reforma también plantea multas y dar aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando una institución no permita el acceso irrestricto a la Corte para obtener información sobre un proceso de auditoría.
Además, la entidad contralora propone que si una institución incumple las recomendaciones dadas por los auditores se considerará como un hallazgo que se incluirá en el informe de auditoría que dirimirán los jueces.
La Corte de Cuentas también quiere que por cada proyecto público arriba de $5 millones le transfieran el 2% al inicio de la ejecución del mismo, ya que ese ingreso servirá para contratar especialistas y adqurir equipos tecnológicos que apoyen la auditoría al proyecto, se explica en el texto.
Por otro lado, el proyecto de reforma indica que no podrán ser candidatos a cargos públicos mientras no tengan el finiquito emitido por la Corte.
Y añade que los que quieran ser candidatos sin haber manejado fondos públicos les extenderán una constancia.
La Corte además propone un cambio profundo del proceso de juicio de cuentas, e introduce el juicio abreviado y las audiencias orales. También aumenta el plazo de caducidad, de 5 a 10 años, para iniciar auditorías y pedir información financiera a las instituciones.
Entre otras de las reformas en el proyecto se plantea que la persona que ostente la presidencia de la Corte adquiera una nueva facultad: “refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública”, es decir que deberá ratificar o dar el aval a los compromisos crediticios del país.
Asimismo, se crearía la figura del Secretario de actuaciones en cada cámara de la Corte. Y se exigiría que para ser juez de primera y de segunda instancia en la institución, el aspirante deberá tener cinco años de haber sido autorizado como abogado de la República.
Otro cambio que quiere introducir en la ley es que la Fiscalía debería informar a la Corte de los juicios de cuentas y montos recuperados en esos procesos (por condenas a funcionarios) para tener un registro y así emitir finiquitos.