Dos requisitos que deben reunir los magistrados de la Corte de Cuentas de la República es ser independiente de la política partidaria y acreditar competencia y moralidad notoria. Pero en los últimos 28 años no todas las personas que han ocupado estos cargos los han cumplido.
El Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República, integrado por la Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador (CONEXIÓN), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), presentó el martes los resultados de nueve investigaciones realizadas en el último año.
Un hallazgo obtenido al analizar el perfil de los magistrados fue que, entre 1990 y 2018, el 50% de ellos ha tenido un “vínculo comprobado con un partido político”.
Los responsables del estudio señalan que a pesar de que el trabajo de la entidad contralora consiste en garantizar la correcta administración de los recursos públicos, así como prevenir y sancionar los actos de corrupción, los requisitos que se les exigen a los candidatos a una magistratura son “muy básicos”.
Por ello, el Observatorio sugiere hacer reformas al marco jurídico que eleve las exigencias para que quienes controlen las actividades de otros funcionarios del Estado lo hagan de manera independiente y conocimientos técnicos necesarios.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, destacó que las investigaciones han confirmado “la falta de independencia de los magistrados a lo largo del tiempo”, pese a que es una institución que debe controlar al poder político. También señala que el ente “ha carecido de efectividad y es bastante inoperante” por no cumplir con el rol de controlar el uso de recursos públicos.
El profesional recordó que la institución entregó finiquitos a expresidentes de la República que luego fueron procesados por corrupción ( e incluso condenados, como el expresidente Antonio Saca) y agregó que hay extitulares de la Corte de Cuentas y auditores que han sido investigados por casos como El Chaparral.
Otros datos obtenidos con las investigaciones del Observatorio Ciudadano es que la Asamble Legislativa demoró más de 16 años en realizar la primera auditoría a la Corte de Cuentas y a la fecha no le da seguimiento a los hallazgos reportados.
Además, la ciudadanía no puede verificar que los datos sobre el cobro de multas que la Fiscalía General de la República tienen a su cargo correspondan con los datos de la entidad contralora, lo cual impide dar un seguimiento a los resultados de los juicios de cuentas.
La presidenta de la institución contralora, Carmen Elena Rivas, quien participó en el conversatorio, manifestó que las recomendaciones que les ha hecho el Observatorio le han ayudado a la Corte a “corregir situaciones innegables que han ocurrido”, pero considera que se debe citar al ente contralor en “un antes y un después” porque han habido avances. Añadió que ella rendirá cuentas a partir del 28 de agosto de 2017, cuando asumió el cargo.