Diferentes organismos sociales señalan que se han dado fallas en el proceso de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) debido a que los diputados de la comisión Política, que realizó el proceso, no dieron a conocer forma transparente y pública, los criterios para la selección de candidatos, después de las entrevistas.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, manifestó que no está cuestionando a los titulares de la CCR elegidos por el pleno de la Asamblea Legislativa, sino el proceso que realizaron, ya que no se dio la suficiente publicidad a su desarrollo para conocer cómo tomaron las decisiones de los aspirantes a los cargos.
> Asamblea juramenta al nuevo presidente y magistrados de la Corte de Cuentas
“Sin entrar a valorar el perfil y la idoneidad y la experiencia que puedan tener las personas que fueron electas como magistrados, sí podemos sustentar que el proceso desarrollado por la Asamblea Legislativa de nuevo evidencia grandes deficiencias en cuanto a su constitucionalidad. Si vemos el proceso en su última etapa, la Asamblea Legislativa lo que realizó fue compartir una lista de coincidencias de candidatos y a partir de eso se procedió a buscar un consenso político y a elegir a magistrados”, dice Escobar.
Explica que se dejó de lado la utilización de un baremo, como lo había ordenado la Sala de lo Constitucional en su última sentencia, y tampoco se conoció cuál fue el criterio, las fortalezas de los perfiles respecto del resto de aspirantes, para seleccionar a los candidatos a los cargos de la CCR.
“De nuevo estamos ante una elección basada en la conveniencia política y también parece que en el reparto de cuotas, y no se hizo una elección basada en la idoneidad de las personas postuladas para el cargo. Tenemos que seguir con la vigilancia, la contraloría ciudadana de cómo los nuevos magistrados se desempeñen en el cargo. Obviamente toma relevancia el tema del manejo de los fondos de la emergencia, ahí tienen una gran responsabilidad y toda la nación va a estar pendiente de los resultados que encuentre la CCR referente a irregularidades que ya se han señalado”, sostiene Escobar.
Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) expuso que observaron que se han dado una serie de deficiencias y fallas en el proceso de elección, porque no se cumplió con los parámetros que ha señalado la jurisprudencia constitucional, que ya se han visto en otras elecciones de funcionarios, porque no se conoció cómo se evaluaron los perfiles de los candidatos.
“Desde la sociedad civil, desde el Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República veníamos insistiendo en que se usaran baremos, les enviamos un modelo de baremo a la Asamblea Legislativa, y este punto ya no solo era una solicitud o una exigencia de la sociedad civil sino que era un aspecto que estaba comprendido dentro de la sentencia de inconstitucionalidad sobre la elección de la Corte de Cuentas”, explica Castro.
Roberto Anzora presidirá la Corte de Cuentas
Agrega que no hubo una deliberación pública sobre los criterios para evaluar a los candidatos y determinar las cualidades y el perfil, sino que fue un intercambio de listas que se iba depurando sin conocer las evaluaciones y parámetros que llevaban a reducirla.
“Nosotros nos estamos refiriendo al proceso como tal, no estamos hablando de nombres, de personas, de cualidades, sino que vemos que no se ha cumplido con los parámetros que ha venido señalado la Sala de lo Constitucional y que en distintos fallos ha venido recordando, y así pasó en el reciente fallo de inconstitucionalidad de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas del 2017”, opina Castro.
Añade que se siguen llevando a cabo elecciones de funcionarios que no se ajustan a parámetros que señala la jurisprudencia constitucional y tampoco son procesos que se realizan con los niveles de transparencia que se necesitan.
El pasado jueves, luego de ser juramentados, el nuevo presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora; la primera magistrada, María del Carmen Martínez; y el segundo magistrado, Julio Bendek, agradecieron a los diputados de la Asamblea Legislativa el encomendarles la misión constitucional de presidir el ente contralor.
“La Corte de Cuentas de la República, como saben, es la guardiana, la garante del buen uso de los recursos públicos, por una parte, pero también la visión en la institución ha sido ir construyendo una institución sólida, una institución con una competencia técnica que permita mejorar la administración pública, y de hecho ese es uno de nuestros grandes objetivos sobre los cuales vamos a seguir trabajando”, dijo Anzora.
La presidenta saliente de la CCR, Carmen Elena Rivas, mencionó, en un foro desarrollado por el Observatorio Ciudadano de la CCR, que uno de los retos que tiene el ente contralor para este nuevo período es la fiscalización del uso de los fondos públicos durante la pandemia por COVID-19, ya que son 11 líneas de auditorías que está ejecutando, de los cuales cuatro ya están en proceso de análisis de la información para la elaboración del borrador del informe.
“Están otras (líneas de auditoría) que todavía no tenemos esa apertura de la información, sin embargo nuestros equipos están trabajando con otras instituciones relacionadas a efecto de que podamos hacer una trazabilidad de la información y poder concretar esos informes de auditoría que queremos presentar a la ciudadanía y que, hoy por hoy, la nueva administración tendrá que presentar”, expresó Rivas.
Otros de los retos que expuso Rivas son el mantener la comunicación con la prensa y continuar con la modernización de la institución.