El domingo anterior, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional que se invertiría $70 millones en adecuar las instalaciones del Centro de Ferias y Convenciones (Cifco) en un hospital provisional para atender a pacientes infectados con el Coronavirus.
Dos días después, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, dijo en una entrevista televisiva, que ya estaban los más de $80 millones para convertir el Cifco en hospital provisional para atender a pacientes confirmados con el mencionado virus.
La suma anunciada tanto por Bukele como por Recinos es una suma elevada para un hospital provisional, según expertos consultados sobre todo si se compara con otros proyectos de salud.
Por ejemplo, la cantidad que mencionó Recinos el lunes anterior, es igual al costo que tendrá la construcción del complejo hospitalario Rosales cuya construcción fue anunciada en mayo de 2018 por las autoridades de Salud del gobierno anterior.
El Art. 13 del Decreto Legislativo 593 mediante el cual se declaró el estado de emergencia nacional de la pandemia, otorga al Órgano Ejecutivo y a los concejos municipales, la potestad de realizar contrataciones y adquisiciones directas relacionadas con la prevención, tratamiento, contención y atención a un virus que azota al mundo entero.
Una contratación directa es cuando una institución estatal elige directamente al contratista, que puede ser una persona natural o jurídica, sin seguir los procedimientos que ordena la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública).
Expertos en la mencionada ley, aseguran temer que tanto el gobierno central como en los gobiernos municipales, no se maneje con transparencia y eficiencia los fondos que se utilicen para enfrentar la pandemia.
Desde la declaratoria de emergencia nacional, el Órgano Ejecutivo y los gobiernos municipales han estado haciendo diversas adquisiciones. En el caso del Ejecutivo, ha contratado muchos hoteles para albergar y poner en cuarentena a personas que han ingresado al país procedentes de países donde pudieron haber estado expuestos a un contagio.
De acuerdo con imágenes publicadas por instituciones gubernamentales, se ha hecho una ingente compra de camas para equipar los albergues en instalaciones públicas o municipales. Además, la construcción del hospital provisional supone compras millonarias en equipo médico y de otro tipo para equiparlo. Bukele afirmó que el hospital a construir tendría 300 unidades de cuidados intensivos y 2000 camas.
Sin embargo, ayer, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas Landaverde, dijo que un equipo de esa institución está acompañando al Ejecutivo para hacer recomendaciones.
Rivas Landaverde informó que, precisamente el martes anterior, un equipo de la Corte de Cuentas estuvo en el Cifco para ver la construcción del referido hospital provisional.
La funcionaria indicó que el acompañamiento que hace la Corte de Cuentas al Órgano Ejecutivo se efectúa sin obstruir el trabajo que hacen para contener la pandemia.
Por su parte, la diputada Margarita Escobar, miembro de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, hizo un llamado a usar los fondos públicos de manera eficiente y transparente.
¿Cómo se vigilará el buen uso de los fondos?
“Lo primero es hacer conciencia en quiénes manejarán esos dineros, a utilizarlos eficiente y transparentemente.
Estamos en una crisis en un momento donde muchos salvadoreños van a entrar a una vulnerabilidad y pobreza”, dijo la legisladora, al preguntarle cómo se va a evitar que haya malversación de caudales públicos aprovechando que el Decreto Legislativo 593 habilita al Ejecutivo y a gobiernos municipales a que pueda usar recursos de manera expedita, es decir, sin someter a licitación pública, sino por compras directas.
“Esta emergencia deja limitada en muchas cosas a la Corte de Cuentas. Por ejemplo no podrían hacer un muestreo de precios en relación a lo pagado por el Gobierno en la compra directa.
La contratación directa en circunstancias de emergencia como esta, puede justificar variaciones en los precios en relación a una licitación o libre gestión, es decir, que solo se debe probar que compró el bien o servicio, no si buscó la más barata”, afirmó un profesional con experiencia en el manejo de unidades de adquisiciones y contrataciones institucionales de diversas instituciones.
Sin embargo, en ese aspecto, la presidenta de la Corte de Cuentas explicó que aun cuando la declaratoria de emergencia nacional los habilita para hacer contrataciones y adquisiciones de manera directa, estas no están exentas de ser auditadas por la institución que dirige, obviamente, cuando el proceso de emergencia haya finalizado.
Escobar, por su parte, aseguró que tanto los decretos en los que se declara emergencia y el régimen de excepción, establece que el Ejecutivo deberá presentar informes a la Asamblea Legislativa sobre la implementación de los mismos.