Hacienda transfirió $1,000 millones sin justificar su gasto, según auditoría de Corte de Cuentas

Además no pagó salarios a los diputados en septiembre 2020 aun teniendo disponibilidad. La Corte de Cuentas señala que durante la auditoría, Hacienda le negó el acceso a sus instalaciones durante 26 días, así como a los sistemas de administración financiera.

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Foto EDH / Archivo

Por Karen Molina

2021-05-14 9:30:17

En septiembre del año pasado el Ministerio de Hacienda retrasó por varios días el pago de salario a todos los empleados de la Asamblea Legislativa, alegando que no contaba con los fondos suficientes para hacer esos pagos.

Una auditoría de la Corte de Cuentas publicada en marzo de este año no solo confirmó que Hacienda retuvo $3.7 millones en salarios aun teniendo disponibilidad de fondos, sino que además señaló que fueron transferencias y pagos por $1,000 millones sin documentación sobre su uso los que provocaron que la caja fiscal de Hacienda se quedara sin dinero.

De acuerdo con la auditoría, la Dirección General de Tesorería transfirió a Bandesal y el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) $643.8 millones y además pagó directamente otros $254.7 millones a proveedores de bienes y servicios; hizo transferencias corrientes por $1.4 millones y otros $100 millones en concepto de Gastos Financieros y Otros, sin presentar una documentación que demostrara el pago o las transferencias realizadas, es decir, que permitiera verificar la trazabilidad de las operaciones financiares.

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Estas transferencias de los fondos utilizados, pero no documentados, suman $1,000 millones y según los auditores “ocasionaron que en el mes de septiembre la caja fiscal quedara sin disponibilidad”, señala.

El objetivo de la Corte de Cuentas era verificar si Hacienda tenía la disponibilidad para cumplir con el pago de sus obligaciones contenidas en la Ley del presupuesto 2020.

Esto a raíz de una serie de modificaciones hechas a varias partidas presupuestarias en el contexto de la pandemia del COVID-19 y posteriores desfinanciamientos de áreas presupuestadas, como el caso de los salarios públicos que deben ser programados y administrados conforme al presupuesto.

En la auditoría Hacienda responde a la Corte que la ejecución presupuestaria del gasto corresponde a cada una de las instituciones beneficiarias de los créditos presupuestarios que otorga, pero según los auditores, aun cuando esto sea así, la Dirección General de Tesorería cuenta con la información relacionada con dicha ejecución y aun así no presentó evidencia de ellos.

Hacienda reiteró en su respuesta a la Corte que todos los fondos transferidos tienen respaldo legal. “La Dirección General de Tesorería no ha incumplido ninguna normativa y ni tampoco transfirió fondos sin la debida autorización, lo anterior puede comprobarse en las Direcciones Generales que participan en el proceso antes citado”, expone Hacienda.

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No coinciden cuentas bancarias con ejecución de caja

Otro de los hallazgos en el informe de Corte de Cuentas establece que al realizar un cruce de información entre los informes de ejecución de caja y la división de contabilidad hay diferencias entre los montos de ingresos y gastos.

En los ingresos, por ejemplo, el informe de ejecución de caja dice que se recibieron $2,317 millones, pero en los movimientos de cuentas bancarias se reflejaban $2,321 millones, lo que hacía una diferencia de $4.5 millones.

Y en cuanto a los egresos, el informe de ejecución de caja mostraba un total de $6,133 millones, mientras que en los movimientos de cuentas bancarias la cifra es de $5,662 millones, es decir $471 millones menos.

Aunque Hacienda trató de justificar con cuadros estadísticos estas diferencias, los auditores afirmaron que los hallazgos no fueron superados.

Hacienda negó acceso a sus sistemas e instalaciones

Todos estos detalles pudieron haberse dilucidado con más claridad si Hacienda hubiera presentado la información completa, pero en su informe los auditores dejan constancia de que durante el desarrollo de la inspección la información fue entregada de manera parcial e incompleta, pues Hacienda les negó el acceso al Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI central), por lo que cualquier información tenían que solicitarla con anticipación.

Además señalan que no tuvieron acceso al Sistema Integrado del Tesoro Público, que tuvo fallas en el dominio de acceso y no se pudo solventar por lo que fue imposible tener información.

Pero Hacienda también les negó a los auditores el acceso a las instalaciones del Ministerio de Hacienda por 26 días “aduciendo problemas eléctricos de cortocircuito en el local de los auditores. Esto ha incidido en que la información se entregara de forma incompleta”, señala el documento oficial de la Corte.

En cuanto a los salarios retenidos a los diputados, Hacienda respondió a la Corte de Cuentas que los fondos no fueron retenidos, sino solo diferidos. Además justificó que el retraso ocurrió porque se le dio prioridad al pago del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) para pagar pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.

También justificó que debía hacer el pago de amortización de Letes (Letras del Tesoro) y otras deudas que tenían.