En un pronunciamiento circulado este lunes, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) manifestó que “debe acelerarse la discusión de las reformas legales” que puedan dotar a la Corte de Cuentas de la República (CCR) de mejores herramientas legales para poder fiscalizar los recursos del Estado.
Entre estas, el tanque de pensamiento destaca que debe actualizarse el diseño institucional y una forma de elegir a los magistrados que garantice independencia de influencias político partidarias.
Además, manifiestan que es fundamental que la CCRfiscalice con mayor rigor y eficacia el uso de los fondos públicos y que se respete su independencia por parte de los entes sujetos a control de esta.
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Otro punto importante, según Fusades, es no dejar zonas exentas del control de la institución. Según una evaluación del Observatorio Ciudadano a la CCR, “uno de los principales hallazgos fue que algunos entes o rubros no habían sido auditados, tales como: los gastos reservados de la Presidencia de la República, los partidos políticos y empresas públicas, entre otros”.
Fusades plantea ampliar el ámbito de fiscalización de la CCR a las sociedades por Acciones de Economía Mixta para que la auditoría sea obligatoria y no limitada únicamente a libros y registros.
Otro punto clave, según Fusades, es fortalecer las unidades de auditoría interna y volver efectiva “la potestad de tener acceso irrestricto a la información para ejecutar la labor de fiscalización”.
Además, plantean una reforma al Código Penal con la finalidad de incluir un artículo que tipifique la conducta mediante la cual un funcionario, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, o el encargado de un servicio público obstruya de manera ilegal la labor de fiscalización de la CCR.
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Esto, pues durante la pandemia del covid-19, personal de la CCR denunció que se le obstruyó el acceso a información relativa a los gastos de emergencia del Ejecutivo. Con esto, le es imposible hacer un examen del gasto público.
Un claro ejemplo se dio en diciembre de 2020, cuando el Ministerio de Hacienda impidió el acceso a los auditores para fiscalizar dicha cartera de Estado.
Fusades asegura que estas reformas fueron presentadas a la Asamblea Legislativa en febrero de 2021 y que pasaron a estudio de la Comisión de Legislación.
Se necesita reformas integrales
Más allá de estos cambios sugeridos, según Fusades debe hacerse reformas integrales a la CCR, permitiendo una revisión completa de su marco legal, su diseño institucional, así como de la forma de elección de sus magistrados.
Otro aspecto importante es que se propone un mecanismo con apoyo judicial y de la FGR, para volver efectiva su labor y que no se frustre la facultad de la Corte relacionada con el acceso a la información para auditar a las entidades. Finalmente, se proponen reformas sobre la regulación de las multas.
“Es momento para que los tomadores de decisión y actores políticos demuestren su compromiso con el control de los fondos públicos y la lucha contra la corrupción, aprobando las reformas legales para fortalecer a la CCR”, reza una de las recomendaciones del comunicado.
Estas propuestas se trabajaron en octubre de 2020 por el Observatorio Ciudadano de la CCR, conformado por FUSADES, CONEXIÓN y TRACODA, con el apoyo de Funde, Acción Ciudadana y la misma Corte de Cuentas.