De las 158 sentencias definitivas que emitió la Corte de Cuentas actual en su segundo año de gestión (de agosto 2018 a agosto 2019), 115 fueron contra municipalidades y 43 contra instituciones gubernamentales, según un informe que difundió ayer el ente contralor.
La institución contralora informó que de las condenas por responsabilidad patrimonial (es decir cuando hay un perjuicio económico contra patrimonio del Estado) $14,160,090.31 se atribuyen a las 43 instituciones gubernamentales; mientras que $1,491,278.30 corresponden a las 115 alcaldías.
En total, la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, dirigida por los tres magistrados de la entidad, emitió condenas por responsabilidad patrimonial por un valor total de $15.651,368.61.
También emitió sentencias que implican responsabilidad administrativa, es decir cuando un funcionario incumple leyes dentro de sus funciones, cuyo monto condenado asciende a $419,534.45.
De esa cantidad, $359,488.20 fue aplicada a las municipalidades y $60,046.25 a instituciones gubernamentales. Los montos que se derivan de las sentencias que emite la Corte de Cuentas deben ser cobrados por la Fiscalía General, pero debido a la falta de coordinación entre ambas instituciones la recuperación de esos fondos a favor del Estado es mínima. Es decir que la recuperación de los más de $15 millones en condenas de la contraloría ahora estará en manos de la Fiscalía.
En el informe se detalla que, tras una revisión de sentencias emitidas, hubo modificaciones en los montos de las condenas. Eso ocurre cuando los funcionarios logran justificar cantidades que habían sido incluidas en las sentencias.
Por ejemplo, en el caso de las condenas por responsabilidad patrimonial atribuidas a alcaldías los magistrados absolvieron un total de $51,470.68. Y en las condenas por responsabilidad administrativa la cantidad absuelta fue de $6,539.39 ($4,768.86 en el caso de las municipalidades y $1,770.53 de instituciones gubernamentales).
En el documento también se explica que de las 158 sentencias, en 148 casos los funcionarios apelaron y en 10 casos hubo revisión de la condena. Además se detalla que la Cámara de Primera Instancia emitió sentencias por un valor total de $16,128,913.13.
Sin detallar los hallazgos
Si bien el informe de la Corte de Cuentas indica que hubo miles de hallazgos en las auditorías realizadas entre agosto 2018 y agosto 2019, no detalla qué tipo de reparos hicieron a las instituciones auditadas, pese a que el monto de esos hallazgos asciende a $91,067,739.48.
En el documento se consigna que fueron 387 informes de auditoría con hallazgos los que remitieron en esos 12 meses y que fueron 2,248 hallazgos, la mayoría se concentra en los informes que realizaron en las oficinas regionales de San Miguel y Santa Ana.
En cuanto a la mora que arrastra el ente contralor con las auditorías se explica que tiene 610 programas y que ha iniciado 484; y respecto a los informes de auditoría se indica que 455 fueron remitidos y que 128 están pendientes de remisión.
Al respecto, la primera magistrada del ente contralor, María del Carmen Martínez, explicó que “es una acumulación histórica de casos”, pero que en la actual administración han hecho un plan para ir bajando la mora al tiempo que van entrando nuevos casos.
Durante la presentación del informe, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, destacó que como parte del trabajo que han hecho en este segundo año de gestión ordenaron las plazas en la institución “en acatamiento a auditorías externas de la Asamblea Legislativa”.
También mencionó la reciente presentación del pliego de reformas a la ley orgánica de la Corte;la presentación de denuncias ante la Fiscalía contra funcionarios públicos, tanto de la misma Corte de Cuentas como de otras instituciones; así como la implementación de un sistema para modernizar el trabajo de auditoría, y la verificación del traspaso de mando de gobierno este año, entre otros temas.