La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha iniciado la auditoría a los fondos autorizados al Gobierno para la emergencia por el COVID-19.
Los directores de auditoría se reunieron con magistrados de la CCR para rendir informes de los primeros pasos en los procesos realizado a las carteras del Estado, sobre la fiscalización de los fondos aprobados al Gobierno para la pandemia.
Dicha fiscalización está siendo realizada por 41 auditores en seis líneas diferentes definidas dentro de un plan acordado por la emergencia.
Las líneas a auditar son la construcción del hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), entrega del subsidio de $300 a la población, entrega de bono de $150 a empleados públicos vinculados a la emergencia, administración de donaciones nacionales e internacionales y la adquisición de insumos para la emergencia que se hagan a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Además estarán auditando el trabajo que realiza la mesa de crisis gubernamental.
El magistrado de la CCR, Roberto Anzora, dijo que han tomado la decisión de aumentar la cantidad de auditores, además de ampliar el grupo de informáticos a dos personas más y el equipo jurídico a conformar estará constituido por seis personas, “estaríamos hablando de ocho personas más”, señaló.
“En el camino nosotros vamos a ir ajustando nuestros procedimientos, podemos ir ajustando los alcances de la auditoría, el enfoque y el número de personal operativo, e ir incorporando las diferentes disciplinas de profesionales que sean necesarias para hacer, de una manera más adecuada y objetiva, nuestro trabajo”, expone el magistrado.
En el tema de la entrega del bono de $300 para la población, la magistrada María del Carmen Martínez, manifestó que incorporarán personal de tecnología informática.
“Hay situaciones que vamos a ir ampliando para fortalecer el equipo inicial de auditores. En ese sentido ya se ha determinado que en el caso de la fiscalización de los $300 que se le va a dar a cada familia afectada por esta pandemia es necesario incorporar personal que ya tenga experiencia en auditoría de las tecnologías de la información”, indica Martínez.
Para este caso del bono de $300, la Corte de Cuentas auditará al ministerio de Economía y a la Secretaría de Innovación y Tecnología, ya que hay una coordinación entre las dos entidades para la entrega del beneficio.
Señaló que el objetivo de la Corte de Cuentas no es entorpecer el trabajo de las carteras de Estado, sino contribuir a la transparencia de los gastos que se están realizando.