Corte da 4 meses más a diputados para que creen Ley Amnistía

Los magistrados advierten a los diputados que en la elaboración del nuevo cuerpo legal se cuente con la opinión de las víctimas.

FOTO EDH/ARCHIVO.

Por Jaime López

Jul 13, 2019- 04:00

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio cuatro meses más, contados a partir de hoy, a los diputados para crear una Ley de Reconciliación Nacional y Asistencia a Víctimas que sustituiría a la declarada inconstitucional por violar derechos humanos.

El nuevo plazo concedido a los diputados es para que se cumpla con lo ordenado por la Sala en la sentencia emitida el 13 de julio de 2016. Al cabo del 13 de noviembre próximo, los diputados deberán contar con el nuevo cuerpo legal.

El 24 de mayo, por presión social los diputados dieron marcha atrás a un intento de aprobar la nueva Ley de Reconciliación Nacional. El punto principal y muy cuestionado de esta propuesta la contenía el artículo 12, que se refiere a las penas a los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Según el anteproyecto, aquellas penas de menos de diez años serán desestimadas y las que excedan este plazo serán sustituidas por trabajos de utilidad pública.

Frente a esas inconsistencias, la Corte recuerda a los diputados que la nueva normativa debe estar enfocada a los parámetros establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad de la derogada ley y con las resoluciones de seguimiento.

Los constitucionalistas reiteran que en la elaboración de dicha ley se debe considerar la opinión de las víctimas del conflicto armado, las asociaciones que los representan y otros sectores de la sociedad que se muestren interesados.

Además, demandan que los diputados propicien el diálogo abierto, transparente e inclusivo de los diferentes sectores sociales, en especial las víctimas del pasado conflicto armado, tal y como se plasmó en la resolución de seguimiento de la sentencia del 13 de julio de 2018.

Los magistrados recordaron a los legisladores que la propuesta de ley no ha sido capaz de generar los niveles de confianza mínimos en familiares de las víctimas. Aprobar una ley en esas condiciones significaría “un debilitamiento del Estado constitucional de derecho”.

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