No traer al país a todos los salvadoreños varados en el exterior por causa de la pandemia del COVID-19 sino solo a una parte es algo “inadmisible” y estipular un plazo de 14 semanas para traerlos es algo “no razonable” y debe ser reducido, le cuestiona el gobierno la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en una resolución emitida el pasado 15 de mayo.
La conclusión de la Sala surge a raíz del informe presentado a nombre del gobierno por el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Tonathiú Castro, sobre el plan de repatriar a 1,200 salvadoreños cuando se ha denunciado que la cifra de afectados es mayor a esa. La Procuraduría de Derechos Humanos estima que los varados son 4,500.
Esta resolución es seguimiento a una demanda de salvadoreños que denuncian el drama que han vivido desde que quedaron atrapados en los países en los que se encontraban debido al cierre de fronteras y han demandado más atención por parte del gobierno de Nayib Bukele.
Ejemplos hay muchos. Está el caso de una familia que se quedó varada en Panamá y desde el 23 de abril espera avión para retornar. Él es un salvadoreño que perdió su trabajo en una empresa aeronáutica, su esposa y pequeña hija se hallaban en la ciudad canalera visitándolo pero ya no pudieron regresar al país por las medidas restrictivas a causa de la pandemia.
Esta familia ha tenido que vender sus bienes que tenía, incluyendo la cama, para reunir dinero y sobrevivir mientras pueden trasladarse a El Salvador.
El gobierno ha asegurado que está atendiendo este problema de los varados, que ha repatriado a más de 300 personas y se ha comprometido a traer a todos los compatriotas que están en 80 países.
Pero la Sala, en su resolución, le señala al gobierno que “diseñar un plan de repatriación solo para los salvadoreños que tenían previsto regresar antes del 17 de marzo de 2020 resulta inadmisible, pues con ello se excluye a otros connacionales que aplican a lo señalado anteriormente”.
En vista de lo anterior, la Sala reitera que además de que pretende preservar los derechos de los demandantes, también lo hará con los demás salvadoreños que no han podido regresar a causa de la emergencia, pues aunque hay “ciertos salvadoreños que previeron retornar al país en fechas más o menos distantes, no se deduce de ese simple hecho que deban ser excluidos del plan de repatriación”.
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Los magistrados también le cuestionan el hecho de que los compatriotas llevan casi dos meses sin poder regresar al país, por lo tanto, hacer un plan de retorno en el que tenga que esperar 14 semanas sin que, hasta la fecha de la emisión de la resolución el gobierno no lo sustentara, se vuelve algo irrazonable.
En su resolución, los magistrados dicen que, según el informe presentado por el abogado Candelario Ernesto Rodríguez, en su carácter de fiscal de la Corte Suprema, el plan del gobierno era repatriar a aproximadamente 1,200 connacionales que habían previsto retornar al país en fechas que ya transcurrieron, es decir, antes del 17 de marzo y otro número no definido en fechas que aún no han cumplido y algunas tan lejanas que no podría abarcarlas el plan gubernamental.
Ante eso, los magistrados determinan que la demanda que dio inicio al amparo planteaba que las omisiones y actos impugnados habían afectado no solo a los demandantes, sino a más de 3,000 salvadoreños que se vieron imposibilitados de retornar. En ese sentido, dicen, a la luz de estos datos es razonable suponer que el total de salvadoreños que pretenden retornar al país supera el aproximado de 1,200 salvadoreños consignados en el plan.
Las prevenciones de la Sala
La resolución, que fue notificada a las partes el 18 de mayo, le hizo varias prevenciones al gobierno, la primera de ellas consiste en que Cancillería brinde el dato exacto de las personas que serán repatriadas independientemente de la fecha que tenían previsto.
Esa información deberá entregarla desglosada por sexo, edad y ubicación geográfica entre otros. Además de esto le pide total de salvadoreños que están “en condición vulnerable”.
En cuanto al cuestionado plazo de 14 semanas para completar la repatriación, le ordena al gobierno reducirlo en consideración de los derechos fundamentales en juego de los salvadoreños, además de que especifique la periodicidad con la que pretende organizar los vuelos de retorno de grupos de 100 o como lo haya estipulado.
Otra prevención que deberá subsanar el gobierno es que especifique el total de centros de aislamiento con fines sanitarios y espacios disponibles en cada uno de ellos con que se cuenta en este momento para que la Sala pueda “valorar la razonabilidad del plazo propuesto y así aprobarlo o rechazarlo”.
Como segundo punto, la Sala le pidió un informe a la ministra de Relaciones Exteriores en el que explique las gestiones diplomáticas consulares para la operativización del plan de repatriación y otros puntos relacionados al punto anterior, algo que ya la funcionaria cumplió en parte en un informe enviado y actualizado al 19 de mayo.
Además le pide que cada 7 días calendario actualice el informe antes mencionado hasta que concluya el plan de repatriación o se abra el Aeropuerto Internacional.
Lo que expuso la Cancillería
En respuesta a algunas de las solicitudes de la Sala, la Cancillería le expone en un informe que desde que fue implementada la suspensión de conexiones el 18 de marzo pasado implementó un centro de operaciones para atender de manera remota a todos los compatriotas varados a través de la red consular y representaciones diplomáticas.
Además dice que organizaron un plan para la repatriación gradual de estos salvadoreños desde el exterior en coordinación con las entidades sanitarias, de seguridad y demás relacionadas a la atención de la emergencia por el COVID-19.
En el informe, actualizado al 19 de mayo, le hace un detalle de las personas repatriadas según orden cronológico y que se hizo en dos etapas: previa a la ejecución del plan para la repatriación gradual: de Nicaragua (15) y de México (41).
Ya en la ejecución del plan de repatriación gradual, el que según el informe de Cancillería dio inicio del 1 de mayo anterior, han traído personas que aceptaron regresar bajo condición de someterse a cuarentena: de Guatemala (10); Honduras (3); Belice (25), Panamá (23), Costa Rica (24), Nicaragua (39); República Dominicana y Jamaica (31).
En el informe no menciona Cancillería que el total de repatriados de México es de 93, algo que sí confirma en su cuenta de Twitter.
Cancillería informa que dentro de las gestiones diplomáticas hechas es haber logrado que los gobiernos de Honduras y de Guatemala autorizaran la habilitación de un corredor humanitario para el desplazamiento de salvadoreños a fin de repatriarlos vía terrestre. Además de gestiones para exonerar de pago de impuestos o multas al salir de países como Belice entre otros.
