Pese al hacinamiento en las bartolinas y las cárceles, a mediados de agosto, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo que cada día 93 salvadoreños son capturados para ser investigados.
Foto EDH/Archivo
El gobierno de Bukele ha negado la eficacia de las medidas de seguridad en cárceles implementadas por su antecesor en las cárceles.
Desde el pasado 20 de junio arrancó la implementación del plan de seguridad Control Territorial del nuevo gobierno, el cual no ha variado con respecto a lo que implementó el gobierno anterior de Salvador Sánchez Cerén, pero que en boca del presidente Bukele, con su plan sí le “ganará a la delincuencia”.
En la primera fase del plan, se destaca tres ejes fundamentales: control en los penales, golpear el financiamiento de las estructuras criminales y fortalecer a los cuerpos de seguridad en todas las áreas.
Con respecto a las medidas en los centros penales, el gobierno ha venido realizando traslado de reos de una cárceles a otras más seguras para cortar la conexión con el exterior. Entre el sábado y el domingo trasladaron más de 1,600 reos con lo que, aseguran que están “desarticulando su comunicación para ordenar crímenes”.
Bloquear señal, la polémica
Pero además han ordenado a las compañías telefónicas que bloquearan por completo la señal. El plazo para que cumplieran estaba fijado para la medianoche de ayer.
El gobierno informó que ha sostenido reuniones con representantes de las telefónicas y que estas habían asumido el compromiso de apoyar a este esfuerzo.
Algunas voces desde la sociedad civil han expresado en redes sociales que combatir las extorsiones y otros delitos que ordenan desde las cárceles no solo se limita a exigir a las compañías a cortar el acceso a la señal satelital, sino que el gobierno tiene la obligación de asegurarse de que a los presidios no ingresen celulares u otros ilícitos.
Este debate es viejo. Desde 2015 en que se empezó a debatir acerca de la implementación de una Ley Especial contra las Extorsiones y luego con las medidas extraordinarias de seguridad, siempre resurge el tema de si es suficiente o no con el bloqueo de la señal telefónica.
Lo cierto es que el gobierno ha venido prorrogando la medida del bloqueo y ha defendido la efectividad de la medida, tanto que el exministro Mauricio Ramírez Landaverde aseguró a los diputados que estuvieron probando nueva tecnología para frenar la señal o sin que eso afectara a la población que reside alrededor de los penales.
Estas medida está vigente y establece sanciones económicas para las telefónicas. Ahora el gobierno culpa a su antecesor de no hacer que se cumpliera y les dio 72 horas para que bloquearan todo acceso a telefonía e internet en los penales, de lo contrario las multaría con $3,000 salarios mínimos.
Las telefónicas no se han pronunciado sobre el tema pero sí una de ellas ha respaldado publicaciones del titular de la Siget, Manuel Aguilar, en Twitter en la que dice que con las compañías han “acordado trabajar de la mano, nosotros de nuestra mano dándoles apoyo total y ellos de la misma manera. Trabajaremos en conjunto para brindar seguridad en telecomunicaciones”.