Capturan a empleados de Corte de Cuentas acusados de falsear auditorías por $161 millones

Dos auditores del ente contralor fueron capturados ayer por orden de la Fiscalía General por haber eliminado irregularidades financieras que favorecerían a la empresa ASTALDI

La Central Hidroeléctrica El Chaparral situada en San Luis de la Reina, San Miguel, tendrá un costo de más de $700 millones. El valor original era de $220 millones. Foto EDH / Archivo

Por David Marroquín

Feb 18, 2020- 06:30

Dos jefes auditores de la Corte de Cuentas fueron capturados ayer por orden de la Fiscalía General porque supuestamente eliminaron cuatro irregularidades financieras que sumaban $161,941,532, aparentemente para favorecer a la empresa italiana Astaldi que abandonó la construcción de la Central Hidroleléctrica El Chaparral situada en San Luis de la Reina de San Miguel.

A lo anterior se le suman otros hallazgos de la misma auditoría que fueron enviados después del plazo establecido por la ley al área jurisdiccional de la Corte de Cuentas, lo que provocó que los informes ya no tuvieran valor.

Las detenciones de Wilfredo Aguilar Montesinos y José Isidro Cruz; se hicieron efectivas en Soyapango y San Salvador.

Aguilar Montesinos se desempeñaba como director Ad Honorem de Auditoría Cuatro y Cruz era el coordinador de Auditoría del ente contralor.

Las investigaciones fiscales y policiales descubrieron que los dos imputados habrían eliminados las irregularidades financieras detectadas en auditorías realizadas al proyecto en construcción de la presa El Chaparral, entre los años 2009 al 2013, lo que habría favorecido a la empresa constructora Astaldi que era la que estaba a cargo de la obra en ese entonces.

“El desvanecimiento arbitrario de los cuatro hallazgos no justificados por CEL asciende a $161,941,532.79”, señaló la Fiscalía General.

El ente fiscal aseguró que el examen especial le fue entregado a Montesinos, el 12 de septiembre de 2014, como “Informe Borrador”, dándose lectura de este informe hasta el 10 de abril de 2015, en donde aún existían los siete hallazgos encontrados por los auditores del Examen Especial.

Pero fue hasta el 12 de junio de 2015, que fue emitido el informe final solamente con dos hallazgos de los cuales caducaron de forma completa el primero y de forma parcial el segundo. “Esta acción es atribuida a los dos imputados, por haber desvanecido cuatro hallazgos sin fundamento técnico y legal”, señala el ente fiscal.

Entre las anomalías que los imputados habrían desvanecidos estarían relacionadas a los $108 millones que el gobierno del prófugo Mauricio Funes entregó a la empresa Astaldi, a pesar de que la referida compañía solo había construído un 28 por ciento del proyecto.

Sin embargo, el ente fiscal no detalla si los auditores acusados recibieron dinero para eliminar las anomalías.

Manipularon sistema para favorecer a otros según fiscal
El fiscal general, Raúl Melara escribió en su cuenta de twitter: “La corrupción tiene distintas facetas. Ellos (auditores de Corte de Cuentas) manipulaban el sistema para generar impunidad a los que se quedaban con el dinero de la gente”.

Las investigaciones apuntan a que los imputados no pudieron explicar ni desvanecer porque hubo pagos indebidos a empresas contratadas para la ejecución del proyecto El Chaparral, de acuerdo a las anomalías detectadas.

Por su parte , la Corte de Cuentas informó que la Fiscalía General incautó ayer toda la documentación relacionada con “el exámen especial a la ejecución del contrato Llave en Mano No. CEL -4143-S suscrito entre CEL y la empresa ASTALDI para la construcción la Central Hidroeléctrica El Chaparral por el período de 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011”,

También la documentación con respecto a la adjudicación y ejecución del contrato No. CEL -4177-S suscrito entre CEL y el consorcio Ingenieros Constructores Civiles y Eléctricos S.A. y Euroestudios SL, para la prestación de servicios de supervisión a la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por el período del 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013”.

Señala el ente contralor que la institución está en la disposición de seguir colaborando con la Fiscalía a fin de esclarecer la situación que incolucra al personal de la Corte de Cuentas.

La presidente de esa institución, Carmen Elena Rivas, aseguró a través de su cuenta de twitter : “Estoy comprometida a realizar mi función como presidente de la Corte de Cuentas con transparencia y en estricto apego a la Constitución, por ello este día entregué a la @FGR_SV todos los documentos requeridos, a fin de esclarecer los hechos de las últimas horas”.

Agregó que confía en que se les respetará el debido proceso a los auditores acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.

La presa hidroeléctrica El Chaparral, cuyo costo fue estimado en $220 millones, lleva más de 11 años en proceso de construcción, y ahora las autoridades de CEL han advertido que costará más de $700 millones al ser terminada.

En diciembre pasado, la presidenta del ente contralor, Rivas Landaverde, reveló que la institución puso un aviso ante la Fiscalía para que investigara a los dos empleados por no emitir informes de auditoría sobre el proyecto de la presa El Chaparral en el plazo que ordena la ley.

Agregó que paralelamente abrieron un expediente en la Dirección Jurídica de la Corte de Cuentas para que indagara al personal acusado.

En esa oportunidad, la funcionaria aclaró que dependerá de la Fiscalía si la investigación se extiende a expresidentes de la CCR por dejar que caducara el plazo para emitir informes sobre El Chaparral.

Ante las irregularidades halladas en el proyecto por parte de las autoridades, a mediados de enero pasado, el fiscal Melara, solicitó apoyo técnico a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para indagar en este y otros casos de corrupción.

El expresidente prófugo Mauricio Funes y otras cinco personas son procesadas por la supuesta corrupción en la construcción de la referida central hidroeléctrica.

Funes habría recibido $3.5 millones como soborno de parte de Astaldi para que ordenara la finalización del contrato a través de un arreglo directo por lo que pagó $45,244,000 más del monto que tenía que haberle cancelado por el 28 por ciento de avance de la obra, según las investigaciones de la Fiscalía.

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