“La corrupción sale muy cara”, afirmó María José Franco Rodríguez, funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación de México, durante una ponencia dictada ayer en San Salvador.
La experta explicó que la corrupción le cuesta $1.26 billones ($1,260 millones) cada año a los países en desarrollo, según datos del Programa de desarrollo de la ONU (Organización de Naciones Unidas). “Es la cantidad de dinero que perdemos por actos de corrupción, sobornos y evasión de impuestos”, acotó.
Franco Rodríguez, quien fue invitada por la Corte de Cuentas de la República (CCR) en el marco del Día nacional e internacional contra la corrupción que se celebrará el 9 de diciembre, destacó en su disertación que de 2013 a la fecha se ha agravado el problema de corrupción.
“La percepción de la corrupción en la ciudadanía ha aumentado inmesurablemente, sobre todo en la región latinoamericana y eso ha hecho que los distintos gobiernos adopten diferentes medidas para responder a este fenómeno”, dijo.
Añadió que la corrupción también impacta de forma “severa” en la democracia, porque rompe con las reglas de este sistema de gobierno, como la rendición de cuentas y evitar que se abuse del poder. Además provoca que el Estado de Derecho sea una “ilusión”.
Si bien la corrupción ha estado presente por siglos, la funcionaria mexicana dijo que en la actualidad la diferencia es que la ciudadanía ya no la tolera y exige a los funcionarios que tomen medidas para erradicarla y que rindan cuentas.
La presidenta en funciones de la Corte de Cuentas, la magistrada María del Carmen Martínez Barahona, secundó el planteamiento de la funcionaria mexicana.
“Vivimos en una era donde la corrupción va ganando más terreno por encima de la integridad que debe existir e imperar en una institución del Estado y un servidor público”, expresó la magistrada.
Los desafíos
Franco indicó que en una reciente encuesta que realizaron en la institución auditora mexicana quedó reflejado que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tienen desafíos para lograr el combate a la corrupción mediante la implementación de acciones de integridad de los servidores públicos.
Algunos desafíos identificados son la formalización del programa de integridad en las instituciones públicas; la proactividad del personal para cumplir el programa; la creación de métodos de evaluación y seguimiento de las medidas que se adopten; y fortalecer los niveles de integridad, eficiencia y transparencia de los funcionarios, entre otros.
En ese sentido, la magistrada del ente contralor agregó que “es determinante implementar mecanismos que consoliden la integridad en las entidades públicas”.
También el segundo magistrado, Roberto Anzora Quiroz, apuntó que la integridad en las instituciones públicas se logra “cuando el funcionamiento operativo, es decir sus políticas, procesos, sistemas y procedimientos, se alinean con los estándares éticos y las estrategias de prevención de la corrupción”.