“Los que sí son una mancha como instituciones de control en esta pandemia, uno es el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la nueva conformación y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como órgano colegiado”, denunció Daniel Olmedo, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (sección El Salvador).
Agregó:“la CSJ y el IAIP han fallado” y recordó como algo histórico que el IAIP hiciera públicas las declaraciones de probidad de los funcionarios ya que eso hizo posible la detención de un ex presidente por actos de corrupción (Antonio Saca) y a otro exiliado (Mauricio Funes).
“En el marco de esta pandemia la CSJ y el IAIP, dio vuelta a eso, de que las declaraciones de probidad vuelvan a ser reservadas, el IAIP le dio la bendición a esa sesión de la CSJ y eso creo que supone el riesgo que venga una ola de corrupción bajo este nuevo gobierno”, criticó Olmedo.
Estas declaraciones fueron dadas en el foro virtual “Retos de las Democracias ante la Corrupción en el contexto de la pandemia”.
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Además expresó que “la corrupción y el autoritarismo son hermanos siameses” porque básicamente en un sistema autoritario no hay controles interorgánicos, no hay balance de poderes y ante ese margen de maniobra que tiene el gobernante hay un caldo de cultivo para la corrupción.
“En esta pandemia eso hemos enfrentado, un deterioro en los controles interorgánicos, y el gobierno pues aprovechó eso para prácticas con fuertes indicios de corrupción”, dijo.
Olmedo puntualizó dos medidas implementadas por el gobierno durante la pandemia, que a su juicio de, están manchadas de corrupción.
La entrega del subsidio de los $300, pues dice que la ministra de economía entregó esos subsidios con criterios oscuros y sin ninguna habilitación legal, porque la Constitución establece que debe entregarse con una ley especial, y solo hubo un decreto ejecutivo del Ministerio de Salud (Minsal) bajo el cual se repartió más de 300 millones.
También agregó la entrega de canastas básicas y señaló que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha sido sumamente opaco en la realización de estas compras públicas.
A partir de esto, Olmedo analizó el actuar de las instituciones de control.
Sobre la Asamblea Legislativa mencionó: “creo que ha funcionado bastante bien como mecanismo de control” y explicó que ante el régimen de excepción que realizó el órgano ejecutivo, las limitaciones a la libertad de tránsito de la población y la libertad económica por parte del Minsal, esta emitió el decreto 661 en beneficio de libertades ciudadanas.
Con respecto a la Sala de lo Constitucional de la CSJ consideró que el máximo tribunal actuó de manera eficaz al emitir una sentencia sobre el decreto ejecutivo y las leyes de cuarentena. “Ha demostrado su independencia, su solidez técnica, pero ha fallado en la manera de resolver estos casos, se ha demorado demasiado”, expuso.
“La Corte de Cuentas (CCR) es otra entidad que ha actuado bastante bien, está haciendo esfuerzos para actuar como mecanismos de acción y control”, razonó Olmedo,y destacó que la CCR está realizando exámenes de diferentes procesos de contratación realizados durante la pandemia y ejemplificó con las recientes auditorias al Hospital El Salvador.
Para Olmedo, La Fiscalía General de la República (FGR) actúa de forma eficaz y lo argumentó con los allanamientos realizados en el Minsal y en otras oficinas públicas para investigar las compras irregulares que se han hecho.