El ministro de Salud Pública, Francisco Alabí es el segundo funcionario del presidente Nayib Bukele, que se rehusa a ir a declarar a la Fiscalía General por el tema del cordón “sanitario” en el Puerto de La Libertad.
Alabí estaba citado ayer para que llegara a explicar a la Fiscalía General en qué base legal sustentó el cierre militar instalado el fin de semana pasado en el Puerto de La Libertad, cuando militares y policías impidieron que las personas siquiera salieran a comprar comida.
El funcionario no justificó su ausencia a la diligencia fiscal, según fuentes del Ministerio Público.
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“En vista de la no comparecencia del Ministro de Salud a la diligencia establecida por la Fiscalía, se levanta acta estableciendo su ausencia y se cita para una nueva fecha”, informó el ente fiscal.
El artículo 83 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece que “toda persona que sea citada por la Fiscalía General deberá comparecer
personalmente, pudiendo hacerse acompañar de su apoderado o abogado; si fuere citada por segunda vez y no compareciere el día y hora señalados, sin causa justificada, será obligada a comparecer por apremio (custodiada por la Policía)”.
El miércoles pasado, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, tampoco llegó al citatorio fiscal y ni dió una excusa válida por no acudir a declarar al ente fiscal. Su cita será reprogramada, informó la Fiscalía.
El Fiscal General, Raúl Melara tiene abierta una investigación sobre el cordón militar que se instaló en el Puerto de La Libertad, el fin de semana pasado, para establecer si fue legal o no.
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Un teniente del ejército encargado de uno de los perímetros de seguridad se negó a darle información sobre el cordón militar al fiscal Melara, cuando este llegó a verificar la medida en la ciudad portuaria.
También investiga denuncias de residentes del Puerto de La Libertad que consideraron que les estaban violentando sus derechos fundamentales como el libre tránsito.
Melara ha insistido que garantizar la salud de la población debe ser prioridad y se deben tomar medidas, pero ha advertido que los funcionarios no tienen más facultades que las que les otorga la ley.
El fiscal Melara se reunió con directivos del Colegio Médico para ahondar en las averiguaciones sobre la supuesta legalidad de los cordones sanitarios. “Es importante que como Fiscalía tengamos el mayor conocimiento de los mismos para tener una investigación que sea objetiva”, dijo Melara, tras la reunión.
El presidente del Colegio Médico, Nelson Brizuela, aseguró el lunes pasado que los cercos sanitarios deben de estar sustentados con criterios de vigilancia epidemiológica y supervisados por personal técnico del Ministerio de Salud Pública.
“No estamos en contra de los cercos sanitarios, sino que estos deben de realizarse con base a cómo se desarrolla la enfermedad y lo que los técnicos dispongan”, dijo Brizuela.
Diputados han cuestionado la indiferencia de los dos funcionarios en no acudir a la Asamblea Legislativa.
Es preocupante porque no es un cualquier institución la que está llamando al ministro de la Defensa, es el fiscal general, quien tiene la obligación y responsabilidad, según la Constitución, de verificar los posibles delitos que se cometan contra los ciudadanos y contra el Estado”, reprochó Cristina Cornejo, del FMLN.
A juicio del diputado de ARENA, Norman Quijano, los cercos sanitarios que se están implementando para combatir el virus “más parecen cercos militares”. Él criticó que el ministro de Defensa no haya atendido ayer el llamado de la Fiscalía y aseguró que es una práctica recurrente de los funcionarios de Gobierno de Bukele.
“Es un muy usual que funcionarios de este Gobierno desatiendan invitaciones para abordar temas de gran interés. Lo vemos con mucha frecuencia cuando citamos a ministros, los vemos aquí en la Asamblea cuando a ellos les interesa impulsar una reedición de la ley de emergencia, pero cuando nosotros los requerimos información de ellos no vemos una respuesta positiva”, cuestionó Quijano.