Comisión de OEA denuncia abusos contra la libertad de prensa del país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció la falta de información desagregada sobre el desarrollo de la pandemia en El Salvador

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La prensa a la espera de los funcionarios. Foto EDH/ René Quintanilla

Por Mario González

2020-04-19 6:39:05

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron “preocupación” por violaciones a la libertad de expresión y el derecho de información en El Salvador y otras naciones del Continente.

En varios países se reportaron dificultades en el acceso de periodistas a conferencias de prensa oficiales y en la posibilidad de que éstos realicen preguntas de forma presencial o virtual, sin que se establezca de forma clara el criterio para la selección de los medios que pueden realizarlas. “Lo anterior podría socavar el rol de la prensa y el derecho a la información de las personas sobre la pandemia, así como la rendición de cuentas del gobierno”, advierte la CIDH, la primera instancia del sistema verificador de derechos humanos de la OEA.

En el caso de El Salvador, señala que medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron la imposibilidad de realizar preguntas en conferencias de prensa oficiales, así como la falta de información desagregada o más específica sobre el desarrollo de la pandemia del COVID-19.

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Diferentes medios, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud han instado a las autoridades a informar más ampliamente sobre las cifras del COVID-19, contagios, procedencia, encuarentenados, pruebas, previsiones y otros aspectos, para tener un mejor mapa, sobre todo porque al inicio hubo muchos errores, tales como mezclar a los viajeros en el aeropuerto y centros de contención, así como a retenidos en la calle, y las aglomeraciones que se produjeron para la entrega de ayuda de 300 dólares.

A este respecto, la CIDH recuerda a los gobiernos que el acceso a la información en poder del Estado es un “derecho fundamental” de los individuos y los Estados están obligados a garantizarlo.

Al respecto, la Resolución de la CIDH sobre Pandemia y Derechos Humanos resaltó la importancia del acceso a la información en el contexto actual por causa del COVID-19 y el rol crucial que cumplen los periodistas en el marco de la emergencia de salud pública, al informar sobre puntos críticos y monitorear las acciones del gobierno. “Los Estados tienen la obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación por línea editorial, a excepción de las medidas necesarias y proporcionales para proteger la salud. Incluso las preguntas formuladas en espacios virtuales deben ser respondidas por las autoridades con debida diligencia, debido a que la prensa es el principal canal para allegar cuestionamientos o interrogantes a las autoridades ante la situación de emergencia y aislamiento de la población”, dice la CIDH.

En su más reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también denunció la discriminación en las conferencias de prensa del Gobierno, así como los bloqueos para acceder a la información pública y el acoso de troles contra los críticos de la gestión de Nayib Bukele en las redes sociales.

Por su parte, la CIDH dice en su informe que han identificado restricciones en el acceso de periodistas a ruedas de prensa y en la posibilidad de realizar preguntas sobre la pandemia; también algunos Estados han recurrido a figuras del derecho penal para sancionar la difusión de ideas e información calificadas como falsas o incitaciones al pánico respecto a la salud pública.

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La CIDH señala también que periodistas del Continente han sufrido acoso de diferentes gobiernos e incluso procesos penales por las informaciones que ha difundido, como ha ocurrido en Venezuela.

La Comisión también se muestra preocupada por la difusión de información sin base científica por parte de autoridades en Venezuela, Cuba, Brasil y Nicaragua, lo cual podría contribuir a la difusión de información poco fidedigna y generar incertidumbre en la población.

En este sentido subraya que “los funcionarios públicos no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas, que constituyan desinformación, o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable. En contextos como el actual, en el que se vive una crisis de salud pública, la información oficial debe contar, dentro de lo razonable, con base científica”, enfatizó.

“Los Estados deben proporcionar proactivamente información veraz y fidedigna sobre todos los aspectos de interés público relacionados con la pandemia, en formatos abiertos y de manera accesible a todos”, dice el organismo.