La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) se muestra preocupada debido a que el decreto de emergencia, que se ha prorrogado ya en dos ocasiones, incluye la suspensión de plazos en los procesos administrativos y judiciales, donde se ha incluido al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), lo que limita a la población a contar con informes públicos.
Javier Castro, director de estudios legales de Fusades, expone que una cantidad considerable de unidades de acceso a la información pública, de las entidades obligadas, no están operando, por lo tanto, no están dando a conocer los informes de forma completa y oportuna.
De ahí que la fundación señala que otra de las “víctimas de la pandemia” es el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
En un informe sobre el derecho a estar informados en tiempos del COVID-19, Fusades recuerda que es un deber constitucional que se tiene que cumplir, a pesar de la situación de emergencia que se está dando.
Rendición de cuentas
La corporación recuerda que, entre esa información, también debe figurar la rendición de cuentas de parte de las entidades de Gobierno, que deben dar a conocer de forma detallada del avance de las obras y medidas que están tomando ante la pandemia.
Para Fusades no se está cumpliendo con los informes, a pesar que está legalmente establecido en los decretos legislativos. “Ejecutivo debe rectificar y permitir una adecuada rendición de cuentas sobre estos aspectos”, dice.
“Durante la emergencia es importante que existan los mayores niveles de acceso a la información, de transparencia y de rendición de cuentas, y el IAIP ha dado lineamientos de cómo deberían de ser”, comenta Javier Castro.
Recuerda que existen especificaciones para las instituciones que están manejando fondos o que están realizando gestiones en el marco de la emergencia, pero, a su juicio, son criterios que no están siendo cumplidos.
Razona que, debido a las grandes cantidades de recursos que se están utilizando para enfrentar la pandemia, es necesario que se den a conocer de forma transparente los usos que se le dan, lo que permite saber si están bien o mal invertidos.
“Hay obligaciones consideradas en los decretos, pero en la realidad no se están cumpliendo adecuadamente, y una muestra de ello son los informes que se han conocido en la Asamblea Legislativa que fueron incluso rechazados por varios diputados, que fueron incompletos, con información irrelevante”, opina Castro.
También señala que la Corte de Cuentas tiene un papel fundamental en esta etapa, ya que tiene que estar auditando de forma rigurosa todos los recursos que se están utilizando para atender la emergencia.
“Y esas auditorías deberían de ser públicas también porque la Corte de Cuentas tiene que rendir cuentas del trabajo que realiza para que la ciudadanía pueda también ejercer auditoría social alrededor del uso de los fondos”, dice Castro.
“Esperamos que sean auditorías muy estrictas y que también se pueda determinar y se asegure que se haga un uso adecuado de los recursos públicos, y que no habrá opacidad o recursos destinados para fines no previstos en la ley, o que se vayan a perder en actos ilegales”, expone Castro.