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Diputados exigen saber destino de $1,000 millones aprobados para pandemia

Así lo afirmó este martes René Portillo Cuadra, de ARENA. La comisión legislativa que investiga uso de fondos durante la emergencia sanitaria acordó invitar al comité ciudadano de supervisión de fondos para que amplíen su informe de supuestas anomalías en gastos de esta emergencia.

Por Eugenia Velásquez | Feb 16, 2021- 21:40

El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, informó que de los $2,000 millones que la Asamblea aprobó para enfrentar la pandemia, hay $1,000 millones cuyo paradero se desconoce.

“Hay alrededor de $1,000 millones que no se sabe cuál es el paradero, pero que sí ingresaron al Fondo General de la Nación, estos son algunos de los hallazgos que el informe revela que queremos profundizar, por eso queremos recibir al Comité de Veeduría”, explicó.

La comisión especial que analiza el uso de recursos públicos aprobados por la Asamblea para enfrentar el COVID-19 se reunió ayer y el acuerdo logrado es citar para el próximo lunes 22 de febrero a los miembros del comité de Veeduría. Esta es una instancia formada por organizaciones de sociedad civil que supervisan cómo se emplean recursos para esta emergencia.

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Esa instancia dio a conocer a inicios de febrero que el Gobierno dispuso de $999 millones para atender la pandemia en el marco de la aprobación de $2,000 millones en préstamos y bonos mediante el decreto legislativo 608.

Los miembros del Comité de Veeduría explicaron que el decreto citado que dio vida al Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica no fue cumplido, porque de $1,000 millones que fueron establecidos para atender emergencias por COVID-19, un 70% lo trasladaron al Fopromid (Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres) y este no establece seguir mecanismos de control como la Ley de Adquisiciones del Estado (LACAP).

“Allí está colocado en la lista de Hacienda (sitio web) que más de $1,000 millones fueron colocados y distribuidos por medio de acuerdos ejecutivos, cuando es un mecanismo ilegal porque debe operar la autorización de la Asamblea sobre esos fondos; hay una infracción a la ley, hay un delito confeso y las autoridades deberán examinar esa situación”, expresó la diputada Yanci Urbina, del FMLN.

Según Portillo Cuadra, de esa reunión con los miembros del Comité de Veeduría saldrán otras dudas, como el pago de $300 de bono para personas afectadas por las medidas de cierre para atender la pandemia.

Según el parlamentario, el gobierno no lo entregó a todas las personas que planeó, que eran 1.5 millones de salvadoreños. “¿Dónde está ese dinero? ¿a quiénes se les dio? ¿quién los tiene?”, se pregunta.
Además, les llama la atención que según el Comité de Veeduría, el 70% del dinero manejado por el Fopromid se hizo de “manera discrecional”, expresó Portillo Cuadra.

“¿Dónde fue a parar ese dinero? o si tienen información sobre este, obviamente que el encargado de las finanzas públicas es el Ministro de Hacienda, pero también el exministro de Gobernación Mario Durán” dijo y concluyó que “hay cosas muy oscuras sobre esto”.

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Los cuestionamientos de la comisión especial concuerdan con el informe parcial emitido el lunes pasado por otra de las comisiones especiales que investigó el manejo de la pandemia.

Según esa instancia, el gobierno ocultó y manipuló las cifras de fallecidos por COVID-19 y contrató a un familiar del ministro de Salud, Francisco Alabí, para que arrendara inmuebles para centros de contención por más de $18,000, entre otras observaciones.

Incumplimiento de la LACAP

De acuerdo a Urbina, Hacienda no solo incumplió con el decreto de emergencia 608, el cual ya establecía los mecanismos de utilización de los fondos, sino que, además, utilizaron un proceso alterno para incumplir con la LACAP y favorecer al clientelismo.

“Para tener compras al estilo de lo que hemos escuchado y visto a lo largo de los últimos meses, que son compras prácticamente a sus amigos, a ellos mismos (…) eso realmente nos parece no solamente bochornoso y lamentable, sino ilegal, porque son fondos públicos, o sea, hicieron negocios con la pandemia, en medio de una situación de salud cuando debió haber estado a disposición de toda la población”, señaló Urbina.

Agrega que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, violó también la Ley AFI (Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado), al realizar transferencias de fondos entre Órganos de Estado sin aprobación de la Asamblea.

Otro punto a destacar en el informe del Comité de Veeduría es el pago de los $300 de bono a las familias afectadas por las medidas de cierre, para lo cual el Ministerio de Economía recibió $350 millones de fondos Fopromid.

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“El informe de Veeduría refleja que aún no han entregado información ni liquidación de todos estos fondos, no se observa un mecanismo de transparencia y confirma las sospechas que teníamos”, dijo Urbina.

Duplicidad en gastos

Según lo dio a conocer un informe de Corte de Cuentas, hubo duplicidad de gastos y se desconoce cuánto ha pagado el Ministerio de Economía por servicios bancarios para los depósitos de los $300 del bono y por servicios de telefonía, entre otros.

“Hay una apreciación distinta entre el Ministerio de Economía y la Secretaría de Innovación, ha habido manejo fuera de la ley”, reafirmó Urbina.

La Comisionada Presidencial, Carolina Recinos, manifestó ayer que los resultados de las comisiones especiales “ya están prefabricados. Lo han hecho de manera parcializada y electorera”. Sin embargo, no supo responder por irregularidades como los 1,500 paquetes de alimentos pagados por contribuyentes salvadoreños distribuidos en México, según lo reveló El Faro

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