En el último mes, millones de salvadoreños pasaron de su rutina diaria en los trabajos, estudios y el hogar al encierro parcial o total debido a las medidas dictadas tanto por la Asamblea Legislativa como por el gobierno ante la pandemia de coronavirus.
Ese drástico cambio que ahora experimentan y que ha generado un impacto negativo en los bolsillos de la gente, en las nuevas rutinas en sus casas y en la economía del país es consecuencia de al menos 37 decretos, de los cuales 35 fueron publicados en el Diario Oficial durante marzo. Tres han sido derogados y 34 se mantienen vigentes (ver infografía).
Aunque la vorágine de medidas para mitigar la crisis venidera por los contagios de Covid-19 comenzaron con el gobierno, a través del Ministerio de Salud, a finales de enero, fueron incrementados el mes pasado y han provocado prácticamente un apagón del comercio en la mayoría de rubros.
Los salvadoreños se han levantado cumpliendo una medida y se han ido a la cama con el anuncio de nuevas restricciones, luego de una cadena presidencial o de una plenaria legislativa.
Son más de 90 medidas solo en los 19 decretos y tres acuerdos Ejecutivos, aparte de las más de 90 disposiciones contenidas en los 15 decretos legislativos, aprobados hasta el 31 de marzo.
Desde no ver a sus familiares porque están guardando cuarentena en algún albergue o sentir el temor de salir de casa para no ser detenidos, incluso si va a comprar a la tienda, hasta pasar por la preocupación si la empresa en la que trabaja seguirá en pie el otro mes y si recibirá el salario con el que contaba para seguir pagando estudios de sus hijos, la alimentación y las deudas adquiridas antes de la pandemia, son parte de los efectos de las medidas aprobadas hasta la fecha.
Y esa incesante cantidad de disposiciones han causado confusiones entre la ciudadanía y entre los ejecutores de las mismas.
¿Llevar mascarilla o no a todas partes; portar una carta laboral siempre; necesita llevar carta una persona que solo va al supermercado; solo una persona puede ir en el vehículo, pero en otras ocasiones pueden ir dos? solo son parte de las inquietudes que la gente comenta y pregunta en redes sociales.
Pero las interpretaciones a las disposiciones contenidas en el Decreto 593 que aprobó la Asamblea el pasado 14 de marzo, son las que han generado confusiones. Por ejemplo, una empleada doméstica que trabaja en una colonia de San Salvador optó por quedarse en la casa donde labora más tiempo del acostumbrado, porque tenía temor que la carta que le hicieran sus empleadores no le valiera si la detenían soldados o policías rumbo a su casa en un cantón de La Paz. No ha podido ver a sus hijos, solo ha podido comunicarse con ellos por teléfono. Y cuando tenía la esperanza de poder ir a verlos, la Asamblea aprueba el 29 de marzo el decreto 611 con el nuevo plazo de 15 días para el Estado de Excepción, que aunque acata la resolución de Sala de lo Constitucional de no retener a las personas que no guarden la cuarentena, sino que deben ser enviadas a sus domicilios, la joven empleada se sentía temerosa de viajar a su cantón.
Abogados independientes también han externado su preocupación por el impacto que las medidas han tenido en su economía familiar, debido a la suspensión de las actividades judiciales.
Por ejemplo, un abogado expresó en redes sociales lo siguiente: “Mi trabajo se ve afectado desde hace 2 semanas, no hay clientes que asesorar ni trámites que realizar, nada. Los abogados independientes no tenemos un trabajo estable, ni un sueldo fijo, vivimos del día a día, pero con el tiempo aprendemos a administrarnos y ahorrar, aunque esto lo aplicamos más cuando está por llegar la vacancia Judicial (enero)… No tenemos un seguro médico, ni aguinaldos, ni premios, ni ayuda de nadie y ni hablar de asistencia del gobierno o de las Cortes”, dice el mensaje.
Empresas en la cuerda floja
Las medidas dirigidas al sector comercio e industria tienen en aprietos a cientos de empresas que han tenido que cerrar operaciones ante las órdenes Legislativas y Ejecutivas.
Los decretos legislativos 593 y 594 así como como los decretos Ejecutivos 7, 9, 10, 11 y 14 (el cual sustituyó al 12) son los que más impacto han causado en micro, pequeñas y medianas empresas, debido a las restricciones que contemplan, ya que por un lado las obliga a cerrar negocios y por otro a mantener los salarios de los colaboradores aún sin percibir ingresos.
El primer decreto establece que no podrán ser despedidos los trabajadores bajo cuarentena luego de su regreso al país o los que se les imposibilite regresar al trabajo por restricciones migratorias, y que debe garantizar la estabilidad laboral hasta por tres meses después de la cuarentena, entre otras disposiciones.
El segundo decreto legislativo ha obligado a miles de empleados y de trabajadores por cuenta propia a quedarse en sus casas; los primeros con la opción de hacer teletrabajo, lo que ha hecho que la producción en la mayoría de los casos disminuya en los negocios para los que trabajan, y en el caso del otro grupo simplemente se han quedado sin percibir ingresos cuando muchos de ellos ganan para subsistir cada día.
En el caso de los otros cinco decretos emanados del gobierno central, a través del Ministerio de Salud, causaron un golpe aún más fuerte en negocios que no cuentan con grandes capitales y de cuyos ingresos mensuales dependen sus trabajadores, como el caso de comedores, pupuserías, pequeños restaurantes, gimnasios, talleres, ventas de repuestos, ferreterías, micro negocios en plazas comerciales o mercados, entre otros.
La Cámara de Comercio e Industria difundió una encuesta realizada a 300 empresas del sector servicios, industria y comercio, y el resultado refleja que siete de cada diez consultadas estimaban una baja en sus ingresos por la emergencia del Covid-19 solo durante la primera semana de la emergencia.
El 38% de las consultadas dijo que había sufrido reducción de operaciones y 22% aumento de costos, entre otras dificultades. El 91% de las encuestadas son microempresas.
Cambian modalidad de compras del Estado en 10 días
Las disposiciones no solo han cambiado las rutinas de los salvadoreños, también han modificado la modalidad de compras estatales.
En el decreto 593, aprobado el 14 de marzo, se autorizó al Ejecutivo y a la alcaldías a hacer contrataciones directas de conformidad a la ley de la materia (Lacap) para adquirir bienes y servicios para atender la emergencia por el coronavirus.
El 24 de marzo, 10 días después de autorizar las compras directas al gobierno y a las alcaldías, los legisladores modifican el decreto 593 y eliminan la modalidad de compra directa para el Ejecutivo para aplicar en su lugar lineamientos sujetos a la discrecionalidad de funcionario del Ministerio de Hacienda.
Luego el 26 de marzo, la Asamblea aprueba el decreto 608 en el que le autoriza al Ejecutivo a adquirir deuda por $2,000 millones para atender la emergencia, de los cuales el 30% se destinará a las alcaldías.
Los fondos estarán bajo la supervisión de un grupo de notables, a los cuales no se les ha definido la normativa de su actuación.
