La declaración de emergencia aprobada por los diputados y que tiene su vigencia hasta este próximo sábado y la orden del presidente Nayib Bukele, en decretar un régimen de excepción y cuarentena a nivel nacional que limita el libre tránsito de las personas desde el sábado pasado, sin pasar por los filtros legales y el aval de la Asamblea Legislativa, provocó críticas de parte de abogados y diputados.
Las decisiones ordenadas por el Ejecutivo tienen vacíos legales y podrían provocar arbitrariedades y abusos de parte de las autoridades, según los profesionales.
El diputado Mauricio Vargas afirmó que ya el Decreto de Emergencia 594, establecía que las autoridades podían acordonar una zona donde se sospechaba o se encontraba un foco de infección por coronavirus por el tiempo que fuera necesario de acuerdo con el Código de Salud.
Indicó que hay una extralimitación en ciertas medidas de parte de las autoridades, pero no son de mala fe, sino porque se hacen a la ligera y sin un estudio adecuado, si no existen procedimientos claros, habrá excesos, arbitrariedades, abusos y otro tipo de problemas, pero también puede haber aciertos.
“La cuarentena debe estar apropiada a la proporcionalidad, es decir, las medidas deben ser proporcional a los hechos, podrán justificarse de la manera que quieran, pero tiene que estar claro, una cosa es la cuarentena y otra cosa es el libre tránsito que solo se puede suprimirse mediante un estado de excepción, lo cual no es el caso, se puede regular con tipo de personas, horarios, pero no total”, dijo el parlamentario.
Vargas aclaró que “no se debe perder el balance de no caer en una pandemia, pero tampoco quebrar económicamente al país. Ambas cosas se deben controlar, si las medidas son demasiado drásticas, vamos a pasar la enfermedad, pero vamos a tener un país con una economía quebrada. Las medidas son buenas, pero deben ser proporcionadas y con equilibrio”.
“Por lo que vemos desde afuera se debe ampliar las prórrogas, pero se debe hablar con claridad y discutirla. Tenemos que sentarnos y ver qué estrategias tomar de acuerdo con el tipo de tecnología que se necesita, en cuánto tiempo viene y otros aspectos. Ojalá que el gobierno y la Asamblea estén en condiciones de realizar un trabajo muy fino”, declaró el diputado.
Por su parte, la abogada Marcela Galeas, declaró que la ley le faculta al presidente Bukele realizar la cuarentena a nivel nacional, pero la falta de datos e información de la propagación del virus, de parte de las autoridades, al momento de emitir los decretos, es lo discutible, ya que, sin mucha información, no se puede decir que tan eficaz pueden ser las medidas de una cuarentena focalizada.
“Tenemos muy poca información de personas infectadas y de pacientes con sospechas. Habría que ver si no hay un exceso en las formas de cómo se está ejerciendo el control, pero muchos tenemos la percepción que se están utilizando las Fuerzas Armadas no como para una contención de crisis de salud, sino para una situación de seguridad pública”, dice Galeas.
La profesional opina que la medida de la cuarentena es positiva para el país, porque se han visto las medidas a nivel mundial y su efectividad. En cuanto al costo económico para el país por la cuarentena de 30 días, Galeas sostiene que no hay duda que esto golpeará a los medianos y pequeños empresarios y a los más pobres, pero advierte que es de garantizar la salud de las personas para cuidar el capital humano.
El abogado de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, explicó que la orden de una cuarentena de restricción de movilidad en todo el país, está más acorde con un régimen de excepción decretado por el presidente Bukele y no a la aplicación del Decreto de Emergencia 594 avalado por la Asamblea y el Código de Salud.
Decreto no es legal
Escobar señaló que el régimen de excepción debería ser respaldado por un decreto aprobado por los legisladores, ya que este no goza del respaldo legal y Constitucional.
“No estoy en contra de las medidas, nos parecen efectivas, lo que estamos señalando es que no goza de una parte legal. Hay una serie de contradicciones y de áreas grises de los alcances de los decretos y eso se puede ver con las constantes aclaraciones de parte del Ejecutivo”, indicó el abogado.
El profesional señaló que el estado de emergencia debido ser incluido en un régimen de excepción que debió ser discutido por los diputados. “Lo que se debió hacer el sábado es enviar de inmediato la iniciativa de ley del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa como una nueva propuesta. Lo tuvo que haber aprobado de carácter urgente la Asamblea con 56 votos y nada más por 15 días prorrogables”, agregó.
Escobar sostiene que lo que hay por el momento es una orden del Ejecutivo que va más allá del estado de emergencia que la Asamblea aprobó. Advierte que al final están dejando por último el respeto a las reglas democráticas en favor de los ciudadanos.
Un abogado que prefirió no ser identificado, explicó que el Decreto Legislativo de Declaratoria de Emergencia, ya facultaba al Ministerio de Salud a limitar la circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, a partir de los cordones sanitarios visiblemente fijados.
Sin embargo, las recientes medidas del Ejecutivo, declaran a todo el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a una cuarentena. También restringe la libertad de circulación en todo el territorio nacional durante 30 días, desde el pasado 21 de marzo.
Por eso el abogado sostiene que el Ministerio de Salud se ha extralimitado, ya que se podía declarar cordones sanitarios en zonas específicas y no en todo el territorio nacional.