La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada habían detenido hasta ayer a las 3:00 p. m. 434 personas que se hallaban en las calles presuntamente sin una razón justificada durante la cuarentena domiciliar vigente desde el sábado pasado.
La Policía informó que las detenciones fueron hechas principalmente en San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Ahuachapán y San Miguel, que estas serían remitidas a centros de cuarentena.
Algunos abogados consideran que estas acciones de las autoridades son ilegales, otros exigen un trato digno para estos ciudadanos.
La corporación policial en su cuenta de Twitter publicó fotografías de varios de estos detenidas. También expuso a un médico identificado como Jesús Alvarez Castro, de quien dijo fue detenido cuando viajaba con dos supuestas trabajadoras sexuales, el domingo.
Mientras tanto, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, publicó la captura en La Paz de Patricia Arévalo, por “no atender las medidas de restricción temporal del ejercicio de los derechos de reunión y libertad de tránsito”. La señora aparece esposada y con mascarilla.
Abogados han hecho sus análisis y crítica a la aplicación de esta clase de medidas. El abogado de la UCA, Arnau Baulenas indicó que lo que se está haciendo “no son retenciones. Son detenciones, sin garantizar sus derechos, entre ellos contar con un abogado y presentarlos ante un juez. Mantener privada de libertad a una persona solo porque un policía interpreta que la salida a la calle no está amparada por el decreto es ilegal”, alegó.
En ese tenor, Baulenas calificó de grave que sean los policías y soldados los que determinen si la persona que anda en la calle, está amparada a una excepción de la orden de cuarentena.
Para la abogada penalista Marcela Galeas “nos guste o no”, son los militares y policías los que hacen las excepciones en este tipo de situaciones. Lo que sí dejó claro es que estos no pueden confundir el cumplimiento de las reglas en un estado de excepción con delitos, por lo que no debe haber detenciones.
“No es que la mera contrariedad es el cometimiento de ese ilícito. En este caso sí hay un régimen de excepción y quienes harán examen preliminar son los policías. Que esto no es delito es cierto, por lo que no tendría que darse detenciones”, explica Galeas a El Diario de Hoy.
En su cuenta de Twitter, Galeas también hacía hincapié en que se está “confundiendo a la gente, no cumplir una directriz por ignorancia o desconocimiento no es delito, ser sospechoso o enfermo de #CODVID-19 no es delito”.
Para la profesional tampoco “ha existido un lapso mínimo y razonable para socializar las prohibiciones y que la población las conozca de forma clara, de ahí que se preste a confusión e ignorancia” y recordó que el régimen de excepción tiene la finalidad de salvaguardar la salud pública no de criminalizar.
“La PNC tiene límites legales y un marco de actuación que los obliga a respetar los derechos humanos de todas las personas”, plantea Galeas, por lo que junto con la Fuerza Armada “deben contar con un protocolo de actuación bien delimitado en esta situación de emergencia, a fin de evitar arbitrariedades, y debe hacerse público, para que todos sepamos con claridad a qué atenernos”.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, coincidió con Galeas en el sentido de que hay poca información adecuada e instrucción precisas y oportunas para la población.
Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, tras dos decretos ejecutivos que han impuesto una serie de medidas para una misma emergencia, “lo correcto hubiese sido que la Asamblea aprobara un nuevo régimen de excepción durante 15 días con las nuevas restricciones, con la opción de ampliarlo otros 15 días porque no sería el mismo de la semana anterior”.
Fiscal y Goes defienden procedimiento
El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, justificó ayer que lo que se está realizando son medidas legales, amparadas en el Código de Salud y no se trata de sanciones.
“Aquí no hay el ejercicio de derecho sancionatorio aquí lo que existe es el cumplimiento de medidas de cuarentena donde el Ministerio competente, el de Salud, ha dicho que la persona que anda circulando sin autorización es un inminente caso de contagio y por esto lo que se hace es que se pone a un funcionario, amigos o familiares tal cual en centros de cuarentena”, dijo Argueta.
Indicó ya hay instrucciones a las autoridades policiales de verificar protocolos que se aplica a estas personas detenidas y que son enviadas a los centros de cuarentena.
En este contexto, el Fiscal General, Raúl Melara, se reunió ayer con diputados para dar explicaciones por las supuestas anomalías que se están realizando en este procedimiento. Luego de esa reunión, explicó que la aplicación del delito desobediencia de particulares implica que como Fiscalía tiene toda potestad de procesar siempre y cuando se le compruebe, pero que serán contundentes contra aquellos que irrespeten el régimen de emergencia, que irrespete las normas sanitarias dictadas por una autoridad competente y poner en riesgo la salud de los salvadoreños.
Añadió que sostuvo una conversación con el ministro de Justicia para acordar que las personas que son retenidas por la emergencia, no pueden ser enviadas a bartolinas policiales donde están los delincuentes, y que tiene información de que todas las personas retenidas han sido enviadas a centros de contención.
“Nadie más deberá estar guardando ninguna retención en un centro que no sea adecuado para que se le apliquen las medidas sanitarias correspondientes”, afirmó.
OPINIÓN: No son retenciones, son detenciones y son ilegales
Es muy poco democrático que se afirme por parte del Ministerio de la Defensa que los militares están capacitados para determinar si una persona miente.