La Asamblea Legislativa espera que el gobierno les informe de todas las medidas aplicadas después de que los diputados aprobaron el fin de semana declarar el estado de emergencia y de excepción en El Salvador para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19.
¿Cuántas personas están en cuarentena? ¿cuál es el estado de las mismas?, ¿en qué condiciones se encuentran, ¿por qué se escogió tal o cual centro de atención o albergue? ¿cuál es el nivel de riesgo en el país?, ¿número de contagiados, casos sospechosos y cómo los han tratado? ¿de cuánto es el monto invertido, tanto en recursos financieros como humanos?, ¿qué medidas han implementado el ministerio de Salud y cuánto han costado? ¿cuántos son portadores del virus y el potencial de riesgo que existe? y si es necesario prolongar el estado de emergencia y de excepción.
Estas son algunas de las preguntas que el Ejecutivo debe responder en los informes, señalaron los diputados de ARENA, René Portillo Cuadra y Damián Alegría, del FMLN.
“El primer informe tiene que ser a partir de la sanción del decreto. Se aprobó el sábado pero como lo sancionó (el presidente Nayib Bukele) el domingo, el 30 de marzo tendría que estar entregando el primer informe el gobierno. Es cada 15 días a partir de la entrada en vigencia de la emergencia”, explicó Alegría.
Portillo Cuadra dice que el reporte de lo actuado por el gobierno con base al decreto de emergencia deberá ser enviado a la Asamblea un día antes o hasta que termine la vigencia del mismo, es decir, hasta el 14 de abril, ya que el decreto de emergencia fue aprobado el 14 de marzo.
Mientras que la vigencia del decreto de las medidas de excepción o suspensión de derechos constitucionales vence el 31 de marzo.
“Debe hacer un balance de las personas que se atendieron, personas portadoras y potencial de riesgo que existe, ya sea para que él (Bukele) desee o pida continuar con el estado de emergencia o darlo por terminado”, explicó Portillo Cuadra.
Añadió que por el decreto de excepción el gobierno debe informarles de cuáles fueron las acciones que realizó en el ejercicio del libre derecho de tránsito, cuántas personas ingresaron al país, a cuántas no se les permitió el ingreso, cuántas personas fueron atendidas porque venían de otros países con riesgo, cuántas personas fueron asistidas en sus casas por cuarentena, a cuántas tuvieron que visitarlas en sus domicilios porque irrespetaron dicha medida, en qué lugares se prohibió el derecho al libre tránsito porque era cordón sanitario, etc.
Ambos legisladores coinciden en que las erogaciones de dinero hechas por el gobierno para aplicar las medidas sanitarias deben ser fundamentadas y contar con la supervisión de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
“Las instituciones que tienen que ver con el tema tienen que dar respaldo, la Corte de Cuentas tendría que hacerlo”, aseguró Alegría.
“En el decreto de emergencia quedó establecido que la Corte de Cuentas de la República iba a continuar normalmente sus auditorías en toda la compra de bienes y servicios que requiere el estado de emergencia”, apuntó Portillo Cuadra.
Para Alegría, la rendición de cuentas no solo le compete a instituciones como el Ministerio de Salud, que ha participado de forma directa en la atención primaria de las personas que venían de fuera de El Salvador, por lo que fueron obligadas a hacer cuarentena por disposición del Ejecutivo desde hace más de una semana.
Además, consideró que otras entidades que han colaborado con esas tareas también deben decir qué medidas han ejecutado y el monto de lo invertido. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que se encuentra adecuando infraestructura hospitalaria para internar a personas que resulten contagiadas por el CONAVID-19.
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), de donde han emanado las prohibiciones de vuelos desde hace dos días desde el extranjero hacia El Salvador y fuera del país, así como el cierre de las fronteras terrestres desde hace más de ocho días. Los ministerios de la Defensa y de Seguridad también, dijo Alegría.