La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas Landaverde, se presentó ayer a los diputados de la Directiva de la Asamblea Legislativa con un legajo de reformas a la Ley Orgánica del ente contralor, con el fin de darle más dientes a la Corte de Cuentas para auditar los fondos públicos y a instituciones privadas que hayan sido creadas con algún porcentaje de dineros estatales.
La principal adenda que plantea la Corte es que se le dé la facultad plena de hacer exámenes de auditoría a los fondos reservados.
Estos dineros son los que se centralizan en lo que se llamó anteriormente la “partida secreta” y ahora “gastos reservados” de la Presidencia, así como los fondos que se destinan a la Inteligencia del Estado y no pasan por la supervisión de la Corte.
Recientemente, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia ordenando que todos los fondos públicos deben ser auditados. A partir de esto, la Corte de Cuentas prevé tener el marco legal para examinar este tipo de gastos.
En mayo del presente año, cuando el gobierno del FMLN de Salvador Sánchez Cerén estaba por finalizar su mandato, la Corte de Cuentas intentó auditar los fondos reservados de esa gestión, a lo que el gobierno del FMLN dijo que era “secreto de Estado”.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explicó que la Sala faculta a la Corte para revisar esos dineros y que en el caso del financiamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), la Corte de Cuentas tiene la potestad de revisarlos, aun si el resultado de la auditoría no se hace público.