En una audiencia ante el comité de asuntos del Hemisferio Occidental, Seguridad Ciudadana y Comercio de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Michael Kozak, afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no puede usar su alta popularidad “como una excusa o razón para violar la separación constitucional de poderes”.
Kozak representa a la administración de Donald Trump como el subsecretario interino de Estado para el Hemisferio Occidental. Su gobierno no ha condenado con mayor vehemencia los abusos de poder que múltiples voces reportan en El Salvador.
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En esta ocasión, sin embargo, retoma lo que dentro y fuera del país se ha dicho: que los niveles de aprobación no eximen a nadie de seguir las reglas democráticas.
El subsecretario de Estado cuyo énfasis es el Hemisferio Occidental reaccionó a la pregunta del legislador demócrata Dean Phillips, que representa al estado de Minnesota. Phillips le recordó a Kozak que en una conferencia de prensa el 24 de abril, al ser cuestionado sobre las actitudes no democráticas de Bukele, este simplemente dijo que Bukele tenía un alto nivel de popularidad.
Por ello, esta tarde Kozak matizó su respuesta. Explicó que en su momento se refería a que percibe que la población salvadoreña no encuentra las medidas tan “draconianas” o estrictas, pero que ningún nivel de popularidad le da el permiso para saltarse la Constitución.
Phillips también le preguntó al subsecretario de Estado qué opina de los desafíos del presidente Bukele a resoluciones judiciales que le impedían realizar detenciones arbitrarias a personas solo por incumplir la cuarentena y sin una ley de por medio.
En este caso, el legislador recordó que Bukele continuó emitiendo decretos ejecutivos que contenían lo que el judicial prohibió.
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Kozak redujo esto a un debate entre los poderes sobre qué autoridad tiene cada cuál, a pesar de que en El Salvador la Sala de lo Constitucional fue clara en decir que el presidente no puede violar derechos consagrados en la constitución vía decreto ejecutivo y que debía cesar las detenciones arbitrarias.
“Les hemos llamado a ser respetuosos y encontrar un acuerdo práctico”, manifestó Kozak, quien dijo que Estados unidos busca seguir un proceso ordenado en El Salvador, pero se ha mantenido al margen del debate legal o constitucional.
Eso sí, Kozak añadió que donde no se mantuvieron al margen fue en la militarización del Congreso el 9 de febrero. El funcionario de la administración Trump, que ha sido amigable con Bukele incluso después de su desafío a la institucionalidad democrática al presionar con elementos armados a los diputados, censuró las acciones del presidente salvadoreño.
“Ese ya no es un debate legal”, dijo y reiteró que las acciones de Bukele ese 9 de febrero fueron equivocadas.
El Departamento de Estado, en su certificación anual del país, dijo que El Salvador puede seguir recibiendo cooperación de Estados Unidos, pero hizo algunas advertencias. La principal es el debilitamiento de las instituciones democráticas producto del 9F y del desafío a órdenes judiciales. Pero además destacó que el gobierno de Bukele ha hecho esfuerzos por silenciar a los periodistas críticos a su gestión.
Pese a estas advertencias, el embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Johnson, restó importancia en una conferencia de prensa a esto y comparó su vínculo con Bukele a una amistad donde no necesariamente están de acuerdo en todo.