“Son casi $9,000 millones en un año que han salido del erario público, y estos miles de millones de dólares son manejados por un gobierno de talante autoritario. Esto es sumamente preocupante”, señaló Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Funde), quien añadió que por la elevada cantidad de dinero a la que el gobierno de Nayib Bukele ha tenido a disposición, “la transparencia y la lucha contra la corrupción cobran relieve”.
Rubio realizó este señalamiento en un conversatorio en el segundo día de la Semana de la transparencia que se lleva a cabo en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
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“Es especial porque nos toca enfrentar el combate a la corrupción y a la opacidad en este contexto de un gobierno de talante autoritario, donde hay una actitud de debilitar aquellas instituciones que controlan el buen uso de los recursos, lo estamos viendo con la Fiscalía, con la Corte de Cuentas, la Sala de lo Constitucional. Es un síntoma peligrosísimo”, expuso Rubio.
Agregó que “como todo régimen autoritario, esconde información, ha reformado reglamentos, se intenta cambiar leyes, busca tomarse instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), encontramos no solo reserva de información sino que bloqueo, y el uso de la fuerza para impedir investigación del delito”.
Jaime Campos, miembro de Pro integridad de USAID, dijo que “ante lo que vivimos como país, lo peor que puede ocurrir es que la sociedad naturalice los hechos de la corrupción”.
Demian Regehr, de la Fundación Hanns Seidel, explicó que ante las crisis del COVID-19, ahora más que nunca es imprescindible que los mecanismos de transparencia estén funcionando en su totalidad.
Al respecto, Liliam Arrieta, investigadora del departamento de Estudios Legales de Fusades, destacó que el país aparece muy mal evaluado en los indicadores de Transparencia Internacional y que son cifras sumamente alarmantes.
“Recordemos que la corrupción mata, cada dólar mal invertido significa menos probabilidades para que los Estados luchen en contra de la pandemia y en condiciones normales”, advirtió.
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“La corrupción mata”
Arrieta detalló que en El Salvador no se ha hecho licitaciones, sino que en muchos casos las compras han sido por contratación directa. Entonces “ha habido más dinero, pero menos control”, dijo.
“Eso ha resultado en muchos casos como ‘coronabusiness’, negocios COVID-19, y también ‘coronabuzos’, que son estas afectaciones al Estado de derecho, y estos incrementos en comportamientos autoritarios abusando de la situación de especial vulnerabilidad en la que la población se encuentra”, explicó.
A juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, es importante reflexionar sobre el sentir ciudadano ante la corrupción, ya que es la ciudadanía quién debe exigir la transparencia para que los gobiernos tengan otro comportamiento.
“Parece que los $300 pueden más que un defalco en una obra publica. No hemos superado que lo que hacen los gobernantes es una obligación y no una dádiva”, criticó.
Estas declaraciones se dan al tiempo que el gobierno sigue abusando de bloqueos y reservas de información y numerosos funcionarios rehúsan dar explicaciones de cómo han utilizado el dinero público, además de indicios de corrupción en compras de emergencia.