Congreso de EE. UU. autoriza $577 millones para Triángulo Norte

Estos fondos aún deben recibir el aval del Senado y la Casa Blanca. Esto último luce políticamente. Por otra parte, el presidente Donald Trump quiere volver más difícil el proceso de solicitud de asilo.

Manifestantes protestaron ayer frente a la sede de Amazon, en Nueva York, pues la empresa presuntamente colabora con agencias migratorias para identificar a personas indocumentadas en Estados Unidos. Foto EDH / AFP

Por Agencias

Jul 16, 2019- 04:07

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este lunes una pieza de legislación que busca reducir las causas de la migración irregular proveniente de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y que busca llegar hacia este país norteamericano.

El propósito de esta legislación, denominada Ley del involucramiento ampliado de Estados Unidos en el Triángulo Norte, autoriza $577 millones en cooperación para Centroamérica para el año fiscal 2020 (desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020). Las áreas a abordar son el combate a la delincuencia, la generación de oportunidades y la lucha contra la corrupción.

El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot Engel, dijo que “en lugar de cortar la asistencia a Centroamérica (medida que Donald Trump ha ordenado), deberíamos profundizar nuestro apoyo (…) y la mejor forma de hacerlo es invirtiendo en una región más segura y próspera”.

Por su parte, el republicano Michael McCaul reconoció los desafíos que enfrenta la región y cómo estos llevan a la migración irregular. “Debemos usar todas las herramientas a nuestra disposición para atacar las causas de este fenómeno”, añadió.

Además del monto aprobado, esta pieza de legislación obstaculiza que los fondos para esta región sean redirigidos a otras áreas, pero también establece 14 condiciones para futuros desembolsos a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre las principales condiciones, se incluye la obligación de informar sobre los riesgos de viajar irregularmente a EE. UU.; combatir la corrupción, el tráfico de personas, drogas y armas; combatir a las pandillas y grupos del crimen organizado; vigilar el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad; y promover la creación de oportunidades, especialmente para los jóvenes.

La ley obliga a la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) a reportar anualmente el progreso de esta estrategia. También instruye a esta rama del gobierno priorizar en sus planes de cooperación las áreas de crecimiento inclusivo y desarrollo, anticorrupción y fortalecimiento de instituciones democráticas.

La pieza de legislación amenaza con cancelación de visas y congelamiento de bienes a todos aquellos involucrados en actos de corrupción. Esto incluye ciudadanos de otros países que se involucren en ilícitos en el Triángulo Norte. Finalmente, llama al gobierno a intensificar el trabajo conjunto con México, Guatemala y Belice para fortalecer las fronteras.

Para que esta pieza entre en vigencia, debe ser aprobada en el Senado y posteriormente sancionada por el presidente Donald Trump. Ahí podría enfrentar un obstáculo fuerte, pues el mandatario aspira a lo contrario: cortar la asistencia a la región y cerrar las fronteras.

Reforma a política de asilo

Mientras el Congreso busca atender integralmente las causas de la migración, el gobierno de Donald Trump reforzó ayer su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar que impedirá el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un “tercer país seguro”, lo que se suma a la amenaza de redadas masivas para combatir la inmigración ilegal.

Esta maniobra, presentada por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional de EE.UU., es un nuevo intento de la Administración de reducir el flujo migratorio en la frontera con México.

“Un extranjero que entre o intente entrar en EE.UU. a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EE.UU. no es apto para asilo”, señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entrará en vigor este martes.

La legislación nacional permite a los solicitantes de asilo hacerlo al llegar a la frontera sin tener en cuenta su ruta, pero cuenta con una excepción para aquellos que lo hacen a través un tercer país considerado “seguro”. En la actualidad, sin embargo, el Gobierno solo cuenta con un acuerdo específico al respecto en el que reconoce como “tercer país seguro” a Canadá.

La medida no ha sido bien recibida por los sectores más progresistas, que ven el anuncio como un ataque a los derechos de los inmigrantes, e incluso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) ha asegurado que tomará medidas legales.

Canciller salvadoreña en gira por Estados Unidos

Mientras el gobierno de Trump busca limitar la migración a Estados Unidos, la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, inició una gira junto a la embajadora estadounidense en San Salvador, Jean Manes. En su primer día, sostuvieron encuentros dirigidos a atraer inversión, así como cooperación para combatir el crimen y la corrupción.

Entre los funcionarios que recibieron a la canciller están la subsecretaria de Estado para asuntos hemisféricos, Kim Breier; la subsecretaria de Estado para combate al narcotráfico, Kirsten Madison; y Mark Green, administrador de USAID, entre otros.

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