El Salvador está sufriendo un retroceso de al menos 37 años en su bienestar social con una pobreza que pasará del 31 % al 41 % de la población y un incremento de la pérdida de empleos formales e informales, señala el Informe de Coyuntura Económica de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Esto significa que al menos 670,000 personas que antes estaban en un estrato de ingresos medio- bajo y de clase media ahora no logran ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Las causas de este deterioro, además de un prologando confinamiento, también tienen relación con la polarización política y eternos confrontaciones entre los Órganos de Estado y el deterioro en las finanzas públicas, detalla el informe.
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“Se estima un incremento de la pobreza de 31% a 41% de la población; algunos hogares bajaron de estrato de ingreso medio a pobreza. Y dentro de las estimaciones está el estrato de ultra pobreza que pasa de 3 % a 14 %. “Incluso hay hogares que han pasado del nivel de clase media a pobreza, lo que ilustra la dimensión de lo que ha acontecido, es decir no solo afectó a los más pobres”, explicó Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de Fusades.
Incremento del desempleo
El confinamiento y cierre económico sin duda dañó fuertemente al ecosistema empresarial del país, ya que más de 3,500 empresas, en su mayoría micro y pequeñas, tuvieron que cerrar, según datos de la Cámara de Comercio de El Salvador. Esto provocó la pérdida de miles de empleos.
Según Fusades hasta septiembre se habían perdido cerca de 50,500 empleos formales y 127,000 empleos informales respecto al año anterior, lo que hace un total de 177,000 empleos que se han perdido durante la pandemia.
“Tenemos más de 225,000 familias que no encuentran empleo, que han perdido su empleo y es un verdadero deterioro en el bienestar social”
A este número se suman otras 55,000 personas que ingresan a buscar empleos, lo que significa que más familias están afectadas, por lo que “hay un mayor deterioro en el bienestar social que no habíamos visto casi 40 años atrás”, aseveró Pedro Argumedo, investigador del Departamento de Estudios Económicos de Fusades.
Este aumento del desempleo deriva del largo confinamiento y una reapertura con bajas ventas, lo que afectó la liquidez y capacidad de pago de las empresas, principalmente las pequeñas y microempresas, por lo que muchas tuvieron que despedir hasta un 70 % de sus colaboradores o cerrar definitivamente.
El teletrabajo, que se presentó como una opción para muchas personas, no logró evitar el número de desempleados pues según los datos de Fusades, solo el 12 % de la fuerza laboral tenía la capacidad para trabajar desde casa.
Según una encuesta empresarial realizada por el Banco Mundial, para conocer el impacto del COVID-19, el 82% de las empresas entrevistadas experimentaron reducción de su liquidez; 67.3% habían registrado atrasos en pagos a proveedores; 28.4% habían reportado retrasos en pagos a financieras, en las pequeñas era más alto, 32.7% y en las grandes era menor, 6.4%; finalmente, 44.8% preveían caer en mora con las entidades financieras, siendo más alto en las pequeñas 48.6% y menor en las grandes 16%.
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Y si bien es cierto el Gobierno creó el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, cuando este se activó en octubre, ya miles de empresas habían cerrado.
El otro factor que señala Fusades es el clima de inversión, afectado sobre todo por la incertidumbre política o económica que ha venido en aumento, pasando de 13% en el primer trimestre a 27% en el tercero.
Finanzas públicas deterioradas
La investigadora Carolina Alas de Franco, también del Departamento de Estudios Económicos de Fusades destacó que la pandemia y las decisiones políticas de este año, han tenido un impacto sin precedentes en las finanzas públicas.
“El mayor efecto se ha dado por el lado del gasto, que a septiembre se había expandido $1,554.6 millones (31.7%), marcando un hito histórico; el ritmo de la expansión ha estado liderado por la disponibilidad de deuda. Las transferencias corrientes y de capital se han acelerado, pero también otros rubros como las remuneraciones y el servicio de la deuda, entre otros, han crecido significativamente”, expuso Alas de Franco.
Con miras al presupuesto 2021
En septiembre fue presentado el proyecto de presupuesto 2021 (PP2021), con la solicitud de refuerzo presupuestario por $1,342.2 millones. A partir del proyecto, el déficit fiscal ascenderá a $1,640 millones (6.4% del PIB) en 2021; sin embargo los cálculos de los analistas dictan otro panorama.
“Al considerar la sobrestimación de ingresos, subestimación de gastos, y los préstamos autorizados en 2020 que probablemente serán desembolsados en 2021, esta brecha se eleva a $4,262.9 millones (16.8% del PIB), lo que claramente es insostenible y acerca al país a un impago”, aseveró la investigadora.
Alas de Franco explicó que hay mucha incertidumbre con el manejo de las finanzas públicas, incluso en el gasto por la pandemia, de lo cual hay muy poca transparencia, por lo que se dificulta tener mejor claridad con el proyecto del presupuesto 2021.
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“Esto abona al riesgo país que se ve traducido en altas tasas de interés que le toca pagar al país. Recordemos en el 2017 que por un presupuesto mal elaborado, solo no poner el pago de servicio de la deuda previsional llevó a un impago y ese como era interno y como era con los cotizantes se supuso que no tendría mayor impacto en las calificadoras, pero no fue así. Inmediatamente la calificación crediticia bajó”, expuso Alas de Franco.
La investigadora insiste que el Proyecto de Presupuesto 2020, tal cual ha sido presentado a la Asamblea, no debe ser aprobado, ya que hay un alto riesgo de que el país caiga en impago y tenga que adquirir deuda aún más cara que complique más las finanzas públicas.