El Tribunal Supremo (TS) español condenó ayer a penas de entre 9 y 13 años de prisión a nueve líderes catalanes por el proceso independentista ilegal de 2017, una decisión que puso final a un periodo de incertidumbre político-judicial y que marcará las elecciones generales españolas del 10 de noviembre.
Cuatro de ellos fueron sentenciados también por malversación de fondos públicos y todos, que ya cumplían prisión preventiva, fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público, así que no podrán presentarse a elecciones durante el mismo tiempo de la condena.
El tribunal acordó penas menores para otros tres acusados, que estaban en libertad condicional y no tendrán que entrar en prisión, aunque fueron condenados a multas por desobediencia.
La Justicia española procesó a estos doce líderes independentistas por la organización del referéndum ilegal de “autodeterminación” del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración parlamentaria unilateral de independencia, el 27 de ese mes.
Los siete jueces del tribunal apoyaron por unanimidad la sentencia condenatoria por sedición -como pedía la Abogacía del Estado-, pero descartaron el delito, más grave, el de rebelión, del que eran acusados por la Fiscalía española y supone hasta 25 años de cárcel.
Los condenados no cometieron este delito porque, a pesar de que hubo “indiscutibles episodios de violencia”, no fue suficiente para la secesión. El Estado mantuvo en todo el momento el control y la independencia se convirtió “en una mera quimera”, según la sentencia, de 493 páginas.
Los jueces también arremeten contra los condenados por alentar desde su responsabilidad pública, política y asociativa a lo imposible – la secesión – y hacer creer a sus seguidores que, con su voto, estarían contribuyendo al acto fundacional de la “república de Cataluña”.
Mientras tanto, el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue en Bélgica huido de la Justicia española, que lo declaró en rebeldía.
El TS dictó también una nueva orden europea de detención y entrega del exgobernante catalán por los delitos de sedición y malversación.
El exvicepresidente del gobierno regional Oriol Junqueras fue el procesado condenado a la pena más elevada, 13 años de cárcel, mientras que otros cinco miembros del anterior ejecutivo catalán fueron sentenciados a entre 10,5 y 12 años.
La que entonces era presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, tendrá que cumplir 11.5 años; y los dirigentes de dos organizaciones sociales independentistas, 9 años cada uno por su liderazgo en la organización de protestas violentas.
El tribunal consideró que los condenados actuaron de forma coordinada y jerarquizada.
No obstante, podrán pedir salidas al exterior o permisos penitenciarios una vez que hayan cumplido la cuarta parte de la pena, que en el caso de algunos condenados hoy se cumpliría dentro de pocos meses, ya que llevan casi dos años en prisión preventiva.