El pasado 9 de agosto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció la admisión de dos demandas de inconstitucionalidad en contra de los artículos del Código de Familia que restringen el matrimonio a una unión entre un hombre y una mujer y que anulan los matrimonios “cuando los contrayentes sean del mismo sexo”.
El fondo de esta admisión provocó reacciones adversas, como la del diputado del PDC Rodolfo Parker. Él además es uno de los promotores de la reforma constitucional que pretende blindar al máximo nivel del ordenamiento jurídico el matrimonio como una unión entre hombre y mujer. Esta reforma también busca ser impugnada por quienes presentaron las demandas ante la CSJ.
Ante un tema tan controversial, El Diario de Hoy buscó conocer de primera mano la opinión de uno de los ciudadanos que presentó las demandas y motivó el examen jurídico que ahora realiza la Sala sobre los matrimonios igualitarios.
Erick Iván Ortiz, uno de los miembros del Colectivo Normal, fue contundente al señalar que estas demandas buscan “el reconocimiento explícito de nuestros derechos como población LGBTI. No estamos pidiendo derechos especiales, sino el acceso pleno de los mismos derechos que nos corresponden como ciudadanos y ciudadanas”.
A su juicio, la demanda va en dos sentidos: Por un lado, afirma que busca corregir la omisión de la Asamblea Legislativa de regular las relaciones resultantes entre parejas del mismo sexo y cómo esto vulnera el acceso a derechos y obligaciones.
Al respecto, Ortiz destacó: “Es importante entender que también hay obligaciones que se derivan del matrimonio, como derechos sociales y civiles. Por ejemplo, poder incluirse como pareja dentro del sistema de pensiones, adquirir préstamos bancarios e hipotecas, poder acceder y decidir como familiar en emergencias médicas del cónyuge, entre muchos otros”.
Asimismo, el miembro del Colectivo Normal afirma El Salvador no está cumpliendo con compromisos internacionales en materia de reconocimiento pleno de derechos de la población LGBTI.
“Particularmente, a la luz de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy específica en sentenciar que el acceso a la igualdad matrimonial de las personas LGBTI, el reconocimiento a la identidad autopercibida y el ejercicio de una vida sin discriminación son obligaciones que los Estados deben de asumir sin demora, y esta es una sentencia de obligatorio cumplimiento para El Salvador”, explicó .
Expectativa jurídica
El representante del Colectivo Normal afirma regular las uniones entre personas del mismo sexo equivale a avanzar los derechos humanos, lo que beneficia a toda la sociedad y la vuelve más inclusiva, logrando ambientes más justos y pacíficos. “El acceso a la igualdad matrimonial es solo un peldaño más en este camino, pues otorgar este derecho no implica quitárselo a nadie más”, señala.
Este activista destaca que la Sala tiene frente a sí suficiente jurisprudencia emanada de cortes análogas en países como México o España y tiene la oportunidad de ser “guardiana” de derechos constitucionales de toda la ciudadanía, sin distinciones de acuerdo a lo que la Carta Magna manda en sus artículos 1 y 3.
¿Está listo el país?
Ortiz descarta el argumento de que el país no está listo para la igualdad matrimonial y destaca que “hay países que han avanzado en este sentido hace décadas y no ha significado absolutamente nada más que incluir a una parte de la población que, por prejuicios, era segregada”.
Asimismo, destaca que es curioso cómo en los argumentos contra la igualdad matrimonial hay “símiles casi perfectos a cuando en el pasado se discutía el derecho de las mujeres al voto o el matrimonio interracial y que hoy no son nada más que anacronismos”.
Además, recuerda que la Sala amplió su criterio sobre la laicidad del Estado y fue enfática en decir que la Constitución le prohíbe realizar acciones con sesgo religioso.
“Las religiones han hecho importantes aportes a las vidas de muchas personas, pero la religiosidad y los dogmas deben de quedarse ahí, en lo individual y salir de lo público y lo político. Este debe ser un debate jurídico, de derechos humanos”.