Hace 17 años el ferrocarril cesó operaciones y, con ello, los caminos que una vez conectaron la industria salvadoreña quedaron en el olvido. Ahora, los vestigios del trazado ferroviario alojan a cientos de familias salvadoreñas.
En 20 años, a partir de 1999, se han entregado oficialmente 164 kilómetros del trazado ferroviario de los 546.89 kilómetros disponibles, lo que equivale a un 30 %; ahora, los suelos por donde pasó el tren pertenecen a familias de escasos recursos quienes llegaron a esos lugares buscando tierras para habitar o porque fueron desplazadas de sus comunidades a causa de la violencia.
El Caserío Las Flores, Ramal “A”, en Zacatecoluca, es una comunidad en la que muchos de sus habitantes no recuerdan cuándo fue la última vez que funcionó el ferrocarril, pero aseguran que su comunidad tiene más de 50 años de existir.
Actualmente alberga cerca de 80 familias en un tramo de, al menos, 600 metros. Entre esas familias está Yanira Quevedo, que tiene 22 años de vivir en el lugar. Ella llegó a esa comunidad en 1997 cuando decidió irse a vivir con su compañero de vida.
Yanira relató que muchas veces recibieron notificaciones en las que se pedía desalojar a personas de la comunidad por no tener escrituras.
A causa de la zozobra de ser desalojados, los habitantes del Ramal “A” solo tenían permitido construir su vivienda de bahareque o láminas, pues el terreno no era legalmente de ellos ni tampoco contaban con servicios básicos.
“Había algunas personas que querían construir con bloque o con ladrillo y no permitían de parte de CEPA… antes había más problemas. Algunas personas decían que los llevaban a los juzgados en los que les ponían denuncias”, narró Yanira.
Ella y otros habitantes de la comunidad se apegaron al Decreto Legislativo 378, de la Ley para la desafectación y traspaso de los terrenos del tramo ferroviario en desuso a favor de las familias e instituciones que las habitan.
El decreto, creado el 9 de junio del 2010, otorga la transferencia de las tierras en desuso desde 1984 a los habitantes de 18 comunidades, entre ellas el Ramal “A”.
Bajo el amparo de ese decreto, la directiva de la comunidad comenzó el trámite con Ferrocarriles de El Salvador (FENADESAL) hace ocho años. Tras dos años de visitas del Instituto de Legalización de la Propiedad, quienes se encargaron de medir los terrenos, se les otorgó el título de propiedad a unas 40 familias del lugar, las que ahora cuentan con servicio de agua potable a través de una cantarera y energía eléctrica.