Comunidad jurídica con posturas encontradas ante proyecto de Restauración

Bertrand Galindo opina que sería un retroceso a la ley de Amnistía de 1992 que está vigente; pero el coordinador jurídico del Idhuca, Arnau Baulenas, afirma que aprobar esa ley sería "una burla" para las víctimas del conflicto armado.

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Foto EDH/Jorge Reyes

Por Eugenia Velásquez / José Zometa / Ricardo Avelar

2019-05-24 4:30:02

Dos analistas jurídicos consultados por El Diario de Hoy sentaron posturas distintas en torno a la discusión del proyecto de Ley de Reconciliación cuya aprobación terminó siendo postergada ayer por la Asamblea. El constitucionalista Francisco Bertrand Galindo manifestó que la discusión sobre una nueva ley debe enfocarse en el conocimiento de la verdad más que en llevar a la cárcel a los responsables.

“Hay un problema técnico de tipo constitucional porque el efecto de la Ley de Amnistía (de 1993) anterior (derogada por la Sala de lo Constitucional) ya se dio, ya el ciudadano tenía un derecho adquirido y venir ahora y revocar ese derecho que ya se le reconoció es un tema que para mí pudiera generar un amparo, porque no es retroactivo y la ley produjo sus efectos”, consideró Bertrand Galindo.

El coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Arnau Baulenas, explicó que el proyecto que la Asamblea pretendía aprobar ayer es una “burla” para las víctimas de la guerra, que no cumple ni con el fallo de la Sala ni con los tratados internacionales que ha firmado el país.

Por otro lado vale resaltar que Salvador Samayoa, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, aclaró en una entrevista televisiva el pasado 13 de marzo que este proyecto no ignora los crímenes de guerra.

“No es cierto que el anteproyecto los excluya. El anteproyecto los incluye en el artículo 2. La redacción que tiene le ha molestado a alguna gente porque dice que somete a la justicia los crímenes de lesa humanidad con el único propósito de que se conozca la verdad de lo ocurrido sin perjuicio de sanción distinta a la prisión. Lo que dice el proyecto de ley es que sí llevará a la justicia estos crímenes pero para esclarecer la verdad y si al esclarecerla hay responsabilidad, habrá sanciones judiciales distintas a la prisión”, expuso Samayoa.