El presidente de la Asociación de Colegios Privados (ACPES), Javier Hernández Amaya, afirmó por lo menos 100 de estas instituciones que brindan servicio educativo han externado su intención de dejar de operar al finalizar este año, 10 de ellos ya lo tienen decidido y entre estos últimos figuran 3 del departamento de San Salvador.
Según indicó, los colegios cuyos directores le han confirmado que cerrarán van de medianos a pequeños, entre ellos uno del sector de Miralvalle, otro del centro de San Salvador, así como de Mejicanos.
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Hernández Amaya, quien realizó un sondeo sobre el tema, afirmó que estos tres colegios ya comunicaron su decisión a sus comunidades educativas, pero al igual que los otros no se atreven a confirmar la noticia de manera más amplia porque guardan la esperanza de rescatar parte de las cuotas que los padres de familias les adeudan y si lo informan abiertamente no lo lograrán.
Se conoció que una de las instituciones que cerrará tiene 48 años de trabajar ininterrumpidamente con buena trayectoria, tras lo cual ha pedido apoyo a los padres de familia para cancelar mensualidades y poder saldar compromisos con los maestros.
“Aproximadamente diez (colegios) ya estamos listos para cerrar operaciones a partir del año escolar 2021. Solo esperan cerrar este año escolar 2020 por compromisos con su comunidad educativa”, reiteró.
Tras señalar que tienen datos “alarmantes” de la situación de los colegios a nivel nacional, precisó que la gremial está preocupada porque en el sistema financiero no hay líneas de crédito para el área educativa a las que puedan tener acceso, especialmente los colegios que ven desde educación inicial hasta educación media.
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El representante de la ACPES sostuvo entre 75 y 80 centros han manifestado que podrían reconsiderar sus planes si en los últimos 90 días de este año escolar se diera un milagro o salvataje financiero de parte del gobierno.
En la actualidad hay 1,009 colegios registrados en el país, según datos provistos por la gremial.
“Si 100 colegios privados no abren operaciones en el año 2021 estamos hablando entre 40,000 a 45,000 estudiantes que deberán reubicarse en los colegios privados que sí abrirán operaciones en el 2021 o buscar el sistema público”, señaló.
Reiteró que en la lista de instituciones que contemplan cerrar hay también de Soyapango, San Marcos, Cojutepeque, San Miguel, Usulután, La Unión, Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad.
No descartó que la cifra de colegios que consideran dejar de funcionar pueda ser mayor dado que la situación financiera para el sector ya es asfixiante.
Javier Hernández manifestó que hay instituciones que están cerrando sin querer vender, sin dar en alquiler ni el nombre ni los edificios; mientras otros no descartan venderlos o alquilarlos si hay ofertas para ello puesto que de esa forma seguirán subsistiendo.
El problema, según indicó, es que la mayoría de centros de enseñanza privada pequeños “ya se ahogaron, están sobregirados y sumado a eso es que las colegiaturas, las cuotas, han experimentado una morosidad arriba del 70 %”.
Sostuvo que a ese problema de mora se suma la poca certidumbre que tienen los colegios de que los padres de familia matriculen para el año escolar 2021, un proceso que se empieza a publicitar en agosto, septiembre y octubre para concluirlo en noviembre y diciembre.
El dirigente del gremio de colegios señaló que este año ningún colegio con fines de lucro aumentará colegiaturas, una de las opciones que hasta antes de la pandemia algunos tomaban para poder seguir desarrollando sus proyectos de mejora educativa.
Destacó que en estos centros de enseñanza están conscientes de la situación que aqueja a muchas familias, pero resienten que hay padres de familia que se han alejado, que si bien sus hijos siguen recibiendo el servicio ni siquiera se comunican ni responden para hablar de los incentivos o planes de pago que les ofrecen para cancelar las cuotas con las que se comprometieron al matricular a sus hijos.
“Están con una actitud que a eso le llamo yo depresión, que no se quieren comprometer; manifiestan cualquier pretexto que puede ser en muchos casos cierto, pero al final no reconocen que no es al colegio al que le están haciendo el daño mayor, sino que el principal daño a quien se lo hacen es al hijo que está en un curso que debe responderse por él”, razonó.
Según indicó un cierre no solo significa un impacto para quien recibe un servicio educativo, sino también para empleados y proveedores de estas empresas educativas.
El especialista educativo, Óscar Picardo Joao, explicó que esto es parte del impacto económico de la pandemia.
“Todos los informes económicos, de todos los organismos nacionales, internacionales, fundaciones están pronosticando impacto severo a nivel económico, tanto a nivel de desempleo, como disminución de remesas, ingresos fiscales. Entonces lamentablemente esto es un tema de esperar que suceda y es lamentable porque la educación privada es un colaborador del Estado”, explicó.
Picardo considera también que el Estado debería echarles la mano a los colegios si hay posibilidades de subsidiar, para no perder estas oportunidades, porque esto se traduce en más desempleo, todos los profesores, el personal administrativo, posiblemente menos oportunidades educativas para los niños y los padres.
“Es un tema muy preocupante. Nosotros estimamos desde el inicio de la pandemia que iba a haber un impacto entre el 15 y el 30 % de deserción. El problema que esa deserción en colegios pequeños le impacta mucho más que a colegios grandes. Colegios grandes que tienen matrícula de mil estudiantes perder entre 150 o 300 les permite operar, pero un colegio de 50 o 100 estudiantes perder 30 les desequilibra la operación”, expuso.
El también investigador señaló que realmente es un tema dramático para la gente, para los niños, para los papás y los empleados de esos colegios.