La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado salvadoreño a ser transparente con el Plan Control Territorial, incorporando la participación de las organizaciones de la sociedad civil al mismo tiempo que genere una difusión adecuada de las políticas de seguridad ciudadana.
Esta fue una de las recomendaciones de la CIDH emitidas en su informe preliminar tras la visita “in loco” que realizó la comisión a inicios del mes.
Fue la primera vez en 32 años que la CIDH realizó este tipo de visita a El Salvador para verificar la situación de los derechos humanos.
La delegación de la CIDH que estuvo liderada por la presidenta de la entidad, Esmeralda Arosemena de Troitiño, agradeció la apertura del gobierno de El Salvador, que hizo la invitación. Señaló que muchos de los problemas en derechos humanos que afectan al país han sido acarreados desde la época del conflicto armado.
En su informe preliminar difundido ayer, la CIDH manifestó que ha observado con preocupación los niveles de violencia que han afectado por años a la sociedad salvadoreña. “Según la información recibida, en algunos lugares del país se había perdido la gobernabilidad y el control del territorio había sido tomado por estructuras criminales, principalmente maras y pandillas”.
Indicó que aunque valora los esfuerzos del Estado para desarrollar políticas de seguridad integrales, han escuchado la preocupación de organizaciones de sociedad civil por el énfasis represivo en las políticas de seguridad, sobre todo por la constante militarización de las fuerzas de seguridad pública.
“La CIDH fue informada que el nuevo Gobierno ha iniciado un proceso de reclutamiento amplio de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad ciudadana”, dice en el informe.
Por ello, además de alentar al Estado a divulgar el contenido del Plan de Control Territorial, abriendo espacios de participación ciudadana, la CIDH también hizo un llamado a la desmilitarización de la seguridad pública. El apoyo de la fuerzas militares debe ser temporal y restringido, consideró.
“La Comisión reitera que las instituciones policiales y militares son substancial y cualitativamente distintas en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas, así como en cuanto a su entrenamiento y preparación”, señaló la CIDH.
Pidió fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil. Además llamó a investigar de forma urgente todos los casos donde haya civiles muertos o heridos por parte de fuerzas policiales o militares.
La CIDH también abogó por la situación de los privados de libertad, para que se garanticen sus derechos humanos fundamentales.
En cuanto a la situación de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, la CIDH manifestó su preocupación por la normalización y tolerancia de la violencia contra este sector. Dijo que existe un “un contexto facilitador para su ocurrencia, y en una situación de impunidad generalizada ante estos crímenes”.
“En relación con la violencia contra las mujeres, la Comisión observa con gran preocupación que El Salvador continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región”, dijo la CIDH y señaló que pese a la alta prevalencia de violencia sexual contra niñas y mujeres, no se aborda adecuadamente para erradicarla y le preocupa la impunidad en estos casos.
También señaló el repunte en los crímenes de odio, mientras que el acceso a la justicia no avanza adecuadamente. La CIDH advirtió sobre las barreras que impiden el acceso a la justicia de las personas LGBTI, debido a que no se reconoce su identidad de género y “de los prejuicios que persisten en el actuar de operadores de justicia”.
La CIDH también hizo un llamado para que el Estado salvadoreño atienda los derechos de la población desplazada, además de generar medidas para prevenir el fenómeno.