Corte OEA juzga caso de mujer salvadoreña condenada por muerte de hijo

Corte Interamericana inició ayer audiencia en contra del Estado de El Salvador por supuestas violaciones a los derechos de Manuela en el proceso penal.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó este miércoles y jueves, la audiencia en caso Manuela . Foto: EDH / AFP

Por Menly Cortez/David Marroquín/Mario González

2021-03-10 9:00:43

El Estado de El Salvador está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en San José, Costa Rica, por las denuncias de violaciones en el proceso por el que fue condenada una salvadoreña, en agosto de 2008, por el homicidio agravado de su hijo recién nacido.

Organizaciones como Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto argumentan que el Estado de El Salvador le violentó una serie de derechos a Manuela (así denominada en el juicio) en el marco del proceso judicial.

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Las organizaciones feministas afirman que en febrero de 2008, Manuela, de 33 años, sufrió una “emergencia obstétrica” mientras realizaba trabajos del hogar; sus familiares la llevaron inconsciente al hospital, pero según testimonio de su hijo mayor llamado Santos, fue denunciada por personal del hospital por delito de aborto, por lo que fue capturada.

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Organizaciones pro-vida y el proceso exponen que ella dio a luz a un niño, el cual fue lanzado a una fosa séptica, donde murió por inhalar heces, según los restos que fueron encontrados en sus pulmones.

Tras ser condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado, Manuela falleció por un cáncer dos años después.
La Corte IDH es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Se argumenta que el Estado de El Salvador violó el derecho a no ser privada de libertad arbitrariamente, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la protección judicial”, dice la Corte Interamericana en un comunicado.

En el primer día de la sesión en línea de la audiencia en el caso de Manuela, los siete jueces que conforman la Corte Interamericana de Derechos Humanos han conocido por parte de Guillermo Ortiz, médico ginecologobstetra y perito del caso de Manuela las bases del caso.

Por medio de una plática fluida, los jueces han conocido por parte del médico el funcionamiento del sistema de salud salvadoreño en los temas de emergencias obstétricas y la obligación del personal sanitario de informar a la autoridad al presentarse dichos casos en los hospitales, lo cual, para los promotores del proceso, es una violación del silencio profesional.

Según los representantes de Manuela, los padres ella son mayores, sin educación básica y fueron obligados a dejar su huella en una acusación que señalaba a Manuela de haber provocado su aborto. Un año después en la cárcel ella fue diagnosticada con cáncer linfático.

Al respecto, la acusación argumenta que mientras Manuela cumplía su condena no recibió el tratamiento a su enfermedad, por lo que luego de dos años murió en el área de reos del hospital Rosales.

Por su parte, la delegación de El Salvador afirmó que Manuela recibió asistencia jurídica en el plazo que la ley indica después de la captura. En el caso de la atención del cáncer, argumentó que ella no tuvo síntomas hasta que estaba avanzado.

Angélica Rivas, abogada de la familia de Manuela , explicó que esta audiencia es parte de un proceso que comenzó luego de la muerte de Manuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual decidió llevar el caso hasta la Corte.

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La audiencia, que durará dos días, tendrá también en su desarrollo el testimonio de los familiares de Manuela, la intervención de  la abogada Angélica Rivas y la presentación de la delegación del Estado salvadoreño, el cual cambió de último momento a sus representantes.

Las organizaciones de mujeres expresaron que tienen la expectativa que “el fallo de la Corte será favorable, que dará justicia y reparación a los familiares de Manuela y que permitirá mejorar las condiciones legales y de salud a las mujeres de escasos recursos que sufren situaciones similares en el país y la región”.

Sin embargo, el 22 de febrero pasado, 28 organizaciones internacionales pro-vida pidieron a la Corte que resuelva a favor del Estado de El Salvador por considerar que esa demanda fue promovida por organizaciones pro aborto nacionales e internacionales que “han faltado a la ética al litigar por la impunidad del infanticidio para promover el aborto en El Salvador, un país que protege la vida prenatal desde el momento de la concepción, como requiere la Convención Americana”.

La abogada Ligia Castaldi señaló que en el proceso judicial hay evidencias médicas y forenses que sustentan que la muerte del hijo de Manuela fue un homicidio agravado de parte de su madre.

“Aquí la víctima es el niño, no Manuela”: Julia Regina de Cardenal

La presidenta de la Fundación Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal, fue tajante y clara con respecto al caso de Manuela: “Aquí la víctima es el niño, no Manuela, la víctima es Dolores Gabriel, el hijo de Manuela”.

Consideró que no se trató de “un problema obstétrico” ni que Manuela desconocía que había tenido un parto como lo han presentado estos organismos ante la Corte. “El niño nació, respiró, vivió y estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte en la fosa séptica. Las causas de la muerte fueron dos: por asfixia al inhalar las heces fecales y por sangramiento por la forma violenta como le arrancaron el cordón umbilical”, afirmó De Cardenal.

Al llevar el caso de Manuela a la Corte, dice De Cardenal, los activistas pro aborto pretenden que El Salvador sea condenado por el referido tribunal internacional y así presionar al país a despenalizar el aborto.

“Estos grupos están tratando de hacer creer que los casos de infanticidio son casos de abortos espontáneos, lo cual es totalmente absurdo porque no hay ni una sola mujer presa por haberse provocado un aborto”, dijo De Cardenal. Lo

que hay son mujeres que cumplen condenas de hasta 30 años de prisión por haber asesinado a sus bebés, señaló.
En la audencia, representantes de organizaciones feministas dijeron que “tiene que haber cambios” en la formación” de médicos y personal de salud para tratar estos casos, así como “entre los periodistas” para exponerlos.

Las organizaciones también criticaron que se “criminalice” a mujeres en esa condición desde el momento en que se interpone la denuncia contra ellas.