La investigación de la construcción inconclusa de la presa El Chaparral era uno de los casos en los que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) le iba a dar asesoría jurídica a la Fiscalía General. Sin embargo, eso no ha sucedido así, porque este organismo internacional en ningún momento asistió al ente fiscal en esa investigación porque el caso ya estaba adelantado.
“Todo el trabajo de este proceso ha sido desarrollado por la Fiscalía General y no ha habido otras instituciones que hayan intervenido al respecto”, dijo Melara.
Sostuvo que en una oportunidad “hubo una reunión entre representantes de la CICIES y representantes de la Fiscalía para hablar de los pormenores del caso, pero prácticamente la Fiscalía, ya y por el plazo que había transcurrido, todas las diligencias se habían realizado “.
Agregó que fueron “los fiscales, los analistas, los que han depurado todo y cada una de las evidencias, los procesos que se han venido desarrollando hasta formular hoy el dictamen de acusación”.
Ayer el Ministerio Público ratificó ante el juzgado Noveno de Instrucción, la acusación en contra del expresidente prófugo, Mauricio Funes, Miguel Menéndez conocido como Mecafé, el expresidente de CEL, Leopoldo Samour; Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, pareja sentimental de Funes; el italiano Mario Federico Perasgostine Marocchi, representante legal de Astaldi; y el contador de la referida constructora, José Efraín Quinteros.
Menéndez, quien fue el presidente del Centro de Convenciones y Ferias (CIFCO) en la gestión presidencial de Funes; fue el promotor del movimiento Amigos de Mauricio que lo llevó a la Presidencia de la República de la mano del FMLN.
En enero pasado cuando la CICIES formalizó su cooperación a la Fiscalía General, Melara dijo que a pesar de que el caso de El Chaparral ya había sido judicializado, ese organismo internacional les podía colaborarles con algunas diligencias.
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La querella particular
El fiscal Melara sostuvo que la querella (acusación particular) que representa a CEL en el proceso judicial, se encarga de promover la responsabilidad civil de la empresa italiana Astaldi, es decir, que la referida constructora le devuelva los $45.2 millones que recibió de más por la obra inconclusa.
“Cuando en un proceso penal existe una querella particular, es esta querella la que se hace cargo del tema de responsabilidad civil, todo el trabajo de investigación ha sido generado por la Fiscalía General de la República”, dijo Melara.
Agregó que la “querella estará solicitando lo correspondiente a la responsabilidad civil, la parte penal lo llevamos exclusivamente nosotros”.
En febrero pasado, el juzgado Noveno de Instrucción ordenó el embargo de la maquinaria y los bienes de la empresa Astaldi que quedaron en la presa El Chaparral pasaran a manos de CEL como parte de la responsabilidad civil de la constructora.
El presidente de CEL, Daniel Álvarez dijo que entre los bienes embargados a favor de la autónoma se encuentra un campamento que servía para la estancia de los trabajadores, pero que estaba en desuso en la presa.
Una grúa de 5 metros de altura, una máquina procesadora de grava y arena, material de construcción , herramientas y varios inmuebles; son parte de los bienes que la autónoma está reclamando al referido juzgado. En septiembre de 2017, representantes de Astaldi valuaron la maquinaria en litigio en $20 millones.