La Fiscalía General de la República (FGR) le ha solicitado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que le remita los hallazgos encontrados de las auditorías que realiza ese organismo al uso que el Gobierno le está dando al dinero público para atender la pandemia, pero aún no han sido enviados. La petición fue hecha dentro del marco del convenio de cooperación que suscribieron el 27 de abril, informaron desde el área de Comunicaciones de la FGR.
“Con respecto al uso del dinero público, hemos solicitado a la CICIES que nos envíe todos los hallazgos relacionados a la auditoría que están llevando a cabo, todo en el marco del Convenio de Cooperación. Estamos a la espera de que nos envíen el informe”, explicaron.
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A la fecha, la CICIES aún no brinda detalles de cuántas auditorías ha realizado ni si hay avances concretos en los procesos. La última comunicación que dio a conocer en su cuenta de Twitter el 21 de junio revela que están en el “proceso de verificar la eficiencia de gastos de emergencia por COVID-19” y que ha “identificado importantes expedientes que aún se encuentran bajo análisis, entre ellos, las compras que el Ministerio de Salud realizó a la empresa INSEMA, propiedad de un exfuncionario público”.
La CICIES explicó que al estudiar del caso enviarán sus conclusiones a las autoridades pertinentes y activarán el Convenio y Protocolo de Procedimientos con la Fiscalía para que determine lo procedente.
Este caso se trata del aval que dio el ministro de Salud, Francisco Alabí, como consta en las órdenes de compra de la página Comprasal de Hacienda, para la compra de 400,000 mascarillas de protección facial a un costo de $2.50 cada una, a las empresas SYGM Asesores S.A. de C.V. e INSEMA, negocio familiar de Jorge Aguilar Zarco, quien fue separado del cargo de presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes) por el presidente Nayib Bukele al conocerse el caso.
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En la compra no sólo se irrespetó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y la Ley de Ética Gubernamental, sino que INSEMA las vendió a sobre precio con relación al costo del mercado.
Poco después, el fiscal general, Raúl Melara, publicó en su Twitter que abrió investigación para determinar si hay “abuso” del dinero público en esa compra de mascarillas y que no esperará a ninguna auditoría.
Al respecto, Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, informó que en junio tuvieron la oportunidad de reunirse con los delegados de la CICIES. En esa ocasión el comisionado del ente internacional, Ronalth Ochaeta, les dejó entrever que había “algo del manejo de la emergencia que estaba en investigación por parte de la CICIES”.
Escobar explica que es muy temprano para que Ochaeta pueda tener un informe concreto, pues se trata de investigaciones complejas debido al estado de Emergencia en que estuvo El Salvador entre marzo y abril que permitió a funcionarios e instituciones poder ocultar los rastros de posibles actos de corrupción.
“Es un escenario propicio para cometer un acto de corrupción y taparlo más fácilmente, eso eleva la complejidad de investigar y proceder contra las personas, hasta esta fecha estamos en un plazo todavía razonable para esperar que haya una investigación y que la CICIES haya puesto esa investigación a disposición de la Fiscalía y procesarla”, explicó.
En ese encuentro con la CICIES en junio, además de Escobar participó Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac) de Funde. Según Sandoval, la idea era darle acompañamiento a la CICIES en las auditorías, pero según Escobar, Ochaeta les pidió que sólo tuvieran participación en dar seguimiento a los fondos para la emergencia ejecutados por las alcaldías.
“La CICIES quería obligar a ALAC a que únicamente se auditaran a las municipalidades y no a la fiscalización del Ejecutivo, por esa razón nos retiramos de esa negociación de la CICIES, la CICIES parece estar alineada con el Ejecutivo”, arengó Sandoval.
El Diario de Hoy buscó a la CICIES para saber si cuentan con avances de las auditorías al Gobierno, pero la entidad remitió a este periódico a usar la información vertida sobre el tema en un comunicado oficial del 17 de abril de 2020, en donde explican que iniciaron con la asistencia técnica y el monitoreo de fondos por la emergencia sanitaria con el despliegue de “un equipo inicial de 30 profesionales multidisciplinarios para implementar un mecanismo de auditoría y seguimiento sobre el uso de fondos destinados para la emergencia nacional”.
Añaden en ese comunicado que estarán trabajando seis meses en cada una de las entidades ejecutoras del Gobierno dando asistencia, seguimiento y revisión de estados financieros, registros contables y documentación de soporte, registros auxiliares de existencias y bienes de uso, así como procesos de compras directas, por licitación y de libre gestión; supervisión de obras y el origen de los fondos en ejecución para la emergencia.