Cinco supuestos integrantes de la organización conocida como “Chepe Diablo”, enfrentarán juicio por lavado de dinero. Así lo decidió ayer tarde el Juzgado Cuarto de Instrucción al valorar las evidencias presentadas por la Fiscalía General en la audiencia preliminar.
El referido juzgado resolvió que José Adán Salazar, apodado “Chepe Diablo”; el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, Sara Paz Martínez, Susana Nohemí Salazar, y Romelia Guerra Argueta; deben de enfrentar la vista pública por considerar que existen los indicios necesarios para establecer que ellos habrían lavado $138 millones que se supone provenía del narcotráfico.
De los cinco procesados, solo Umaña Samayoa seguirá en prisión y los otros cuatro se mantendrán en libertad condicional.
También el juzgado resolvió que los otros cuatro imputados que se encuentran prófugos, José Adán Salazar Martínez, hijo de Chepe Diablo; Wilfredo Guerra Umaña, Tránsito Ruth Mira de Guerra, y Miriam Haydee Salazar de Umaña; queda en suspenso el proceso judicial en su contra.
El referido tribunal deberá de estudiar la situación jurídica de ellos y los podría declarar en rebeldía, lo que significa que les emita nuevas órdenes de captura.
El proceso en contra de estos cuatro imputados se podrá reabrir hasta que sean capturados, según fuentes judiciales.
La acusación fiscal señala que las familias Salazar Umaña y Umaña Samayoa obtuvieron un incremento patrimonial no justificado de más de $508 millones a través de las empresas Gumarsal y Hotesa, y dejaron de pagar impuestos al Ministerio de Hacienda en el orden de $138 millones. Ese dinero, según la Fiscalía, provenía del narcotráfico.
“Una cantidad de $138 millones de impuestos no pagados al Estado salvadoreño y por lo tanto, dinero que se lavó dentro del sistema financiero y que circuló dentro de la economía salvadoreña”, dijo uno de los fiscales del caso en la audiencia preliminar.
El abogado, Miguel Flores Durel, defensor de José Adán, explicó que harán los análisis correspondientes de la resolución para determinar si pedirán alguna nulidad antes de que el proceso llegue a un tribunal de Sentencia.
“Vamos a insistir en el punto de excluir el peritaje ampliado, vamos a esperar a que llegue a otro juez, vamos a estudiar de solicitar la nulidad absoluta de algún contenido del auto”, dijo Flores Durel.
Agregó que la ampliación de la pericia fue irregular “porque fue unilateral, porque no participaron los peritos de la defensa, porque se vulneró el principio de igualdad de armas y porque es el pilar para mantener la imputación en la audiencia preliminar”.
En su momento, Flores Durel aseguró que sus peritos no tuvieron acceso a la documentación financiera, por lo que el resultado de la pericia se vuelve “impreciso e inexacto”.