Luego de que en el marco del cumplimiento de los 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele, la Sala de lo Constitucional, admitiera el amparo y ordenara el reinstalo de 13 empleados despedidos en Casa Presidencial, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños, afirma que, aunque de muchas personas que fueron despedidas en junio pasado, luego de la supresión de cinco secretarías, decidieron no presentar demandas de amparo para buscar su reinstalo, ellos todavía están a tiempo de hacerlo.
“Los amparos no tienen un término específico (de tiempo) para poderlos presentar, y las personas que consideren que están en una situación más o menos similar que estas personas amparadas podrían también invocar la intervención de la Sala de lo Constitucional”, destacó Baños.
Fespad apoyó con asesoría legal y un modelo de amparo para que varios de los cesados pudieran acudir a la Sala de lo Constitucional.
Hasta el momento, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder, afirma que se han presentado unos 39 amparos legales de personas despedidas de Capres.
Con la resolución la Sala, que se dio a conocer el pasado jueves, ordenó que se reinstalara a trece empleados cesados, que presentaron amparo, se ratifica la jurisprudencia Constitucional y administrativa, destaca Baños.
Con esto se abre un proceso jurídico que los funcionarios que atañe la resolución deben de cumplir, según Baños.
“Lo que están haciendo es sentando un precedente jurídico e invitando a que más personas se animen a presentar demandas, de hecho hay más demandas presentadas (ante la Sala)”, detalló el director de Fespad.
Los cesados a los que la Sala ha ordenado el reinstalo en sus puestos de trabajo en Casa Presidencial, en su mayoría laboraban en las Secretarías que fueron suprimidas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Ahora según el mandato judicial de la Sala, procede que luego de que Capres reciba la resolución, se de el reinstalo inmediato y con la orden judicial los amparados vuelven a estar contratados y a gozar de sus beneficios. Según Baños, este proceso puede continuar con más demandas admitidas por parte de la Sala e incluso, más presentaciones de amparos de los despedidos de Capres.
“Yo no milito con ningún partido, lo que quiero es trabajar”
Francisco Samur, uno de los cientos de empleados despedidos de Casa Presidencial el pasado 3 de junio, es una de las 13 personas a las que la Sala de lo Constitucional les admitió su amparo para que sean reinstalados en sus puestos laborales.
Samur se presentó el pasado jueves a Casa Presidencial con resolución favorable en mano para conocer el procedimiento que le espera.
“Yo fui a Capres ayer (jueves) y lo que me dijeron es que ellos no han recibido la notificación y una vez lo hagan nos van a llamar”, destacó Samur.
El profesional estaba en el área de los procesos de diálogo de la Secretaría de Gobernabilidad, que fue suprimida el 2 de junio por el presidente Nayib Bukele y el 3 de junio. Según Samur, les notificaron que se cerraba la secretaría y que quedaban sin empleo él y cerca de 60 compañeros.
“Lo que quiero es trabajar, tengo una familia, un hijo de siete meses, quiero trabajar y si es con el presidente Bukele, con gusto. Yo no soy militante de ningún partido político, ni pariente de nadie del FMLN”, dijo el Samur notablemente emocionado por la resolución que le devolverá su empleo.
Muchos de los empleados optaron por firmar la carta de despido y ser indemnizados, misma que no firmaron quienes apelaron a través de un recurso de amparo.
Samur afirma que estos tres meses en los que esperó que se resolviera su proceso y no recibió ingresos, sostuvo las finanzas de su hogar gracias a algunos préstamos y el apoyo de otros familiares.
“La Sala ordenó que se nos retribuyera los salarios, lo que me parece muy bien, yo ahorita a pagar deudas voy con esos salarios”, relató.
Francisco Samur, al igual que otros doce ex empleados de Casa Presidencial, interpusieron un recurso de amparo que fue admitido el pasado jueves por la Sala de lo Constitucional y con el que se ordena que sean reinstalados en sus labores.
La decisión fue tomada por unanimidad por los magistrados Marina Marenco de Torrento, Armando Pineda Navas, Aldo Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez y Carlos Ernesto Sánchez Escobar, con base a Ley de Procedimientos Constitucionales.