El Salvador se acerca a paso acelerado al autoritarismo que vive Nicaragua, alerta defensora de derechos humanos

Celia Medrano alerta que el régimen nicaragüense tomó veinte años en fraguarse, mientras que el salvadoreño solo lleva dos años y muestra un ritmo veloz.

Para la periodista, investigadora y defensora de derechos humanos Celia Medrano, el país enfrenta un profundo reto en su atropellado camino a la democratización: la creciente militarización. FOTO EDH / LISSETTE LEMUS

Por Ricardo Avelar

Jul 18, 2021- 23:00

Celia Medrano, reconocida defensora de derechos humanos, no es optimista: ella ve una debacle democrática y un gobierno que se vuelve cada vez más agresivo contra quienes lo cuestionan. En una conversación con El Diario de Hoy, expresó su preocupación por los crecientes ataques al periodismo independiente, a la oposición, y trazó un símil desalentador entre El Salvador y la crisis de Nicaragua.

El vicepresidente Félix Ulloa manifestó que si el gobierno ganaba mayoría parlamentaria, sería menos agresivo. ¿Cree que esto ha sucedido?
A mi juicio, los grupos de poder que controlan el Poder Ejecutivo no han dejado de ser confrontativos, de hecho han escalado el nivel de confrontación, porque ahora cuentan con el poder para que esa confrontación y los ataques a todo sector crítico calificado por ellos como opositor tengan represalias de carácter legal. Entonces no solo han mantenido el discurso de odio, el discurso confrontativo, sino que lo han escalado en acciones legales o han actuado sobre lo que se llamaría una fundamentación legalista de las cosas.

¿Como qué?
Yo lo veo en la expulsión del editor de El Faro. La respuesta ha sido que no tenía un permiso de trabajo y estaba trabajando con una visa de turismo, un argumento legalista para una clara represalia más contra El Faro y ni siquiera con la estructura legal suficiente. Porque si él ya estaba tramitando su permiso, lo que correspondía era un llamado y una multa. No su expulsión, no su deportación.

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¿Lo ve también en la supuesta lucha anticorrupción del gobierno?
Con esto hay una práctica de escalar la represalia, el discurso de odio ya a niveles legales, como la comisión que investiga a oenegés que han recibido dinero de la Asamblea Legislativa. No todas necesariamente estarían frente a una situación de corrupción. Sin embargo, hay que preguntarse si la oenegé vinculada al diputado (Guillermo) Gallegos estaría investigada, porque también responde a las gestiones anteriores.

Guillermo Gallegos ha sido señalado por distintos actos de corrupción.
Foto EDH / Jessica Orellana

¿Cree que con esto se va institucionalizando el cierre de espacios críticos?
Nicaragua es muy buen ejemplo de hasta dónde puede escalar una legislación de este tipo. Lo que antes solo era un discurso oficial emitido desde el Poder Ejecutivo, ahora se agrava porque tienen control del Legislativo, del Judicial y que tienen a su propio fiscal.

¿Ve un compromiso de este gobierno con los derechos humanos?
La propuesta de Ley para Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos fue de las casi 100 propuestas de ley que fueron archivadas. Dependerá de la misma movilización de las organizaciones de defensores de derechos humanos que vuelva el tema a ponerse sobre la mesa, como ha sucedido con la propuesta, con la temática del derecho humano al agua. Por lo menos que vuelva el tema, que la Asamblea tenga la urgencia de abordar el tema nuevamente. En la audiencia que generó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace dos semanas, el Estado no estuvo presente. Es la primera vez en décadas que no hay representación gubernamental.

¿Por qué?
Argumentaron que porque había desproporcionalidad, mucha presencia de organizaciones no gubernamentales. Quedó prácticamente desapercibido ante la opinión nacional en el país de que el Gobierno en décadas, por primera vez y a la usanza de Venezuela, a la usanza de Nicaragua, no asiste a una convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es grave y eso refleja su nivel de voluntad política con respecto a derechos humanos.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. /Foto EDH Yessica Hompanera

¿En qué sentido?
Para mí el gobierno actual tiene una aplicación sesgada de lo que entiende como derechos de las personas: depende quién es el violador y depende quién es la persona a la que se la da voluntad o el derecho. Así no puede trabajarse el tema de universalidad, de complementariedad, de el derecho a no discriminación con respecto a los derechos humanos.

¿Por ejemplo?
Un inspector policial golpea a un periodista cumpliendo con su labor de documentar un hecho relacionado con desapariciones y asesinatos, homicidios y es filmado, pero el fiscal asegura públicamente que el video no es suficiente para generar un proceso. Pensemos qué hubiera sucedido si hubiera sido al revés y un periodista de manera agresiva hubiera sobrepasado la orden de no detenerse, hubiera empujado al policía y eso hubiera quedado filmado. El escenario hubiera sido totalmente otro. Entonces este gobierno está aplicando la ley de acuerdo a la conveniencia de quién viola la ley, de quién viola derechos humanos o quién es la víctima. Si la víctima es una persona no afín a la narrativa oficial, no se activan los mecanismos de protección.

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¿Cómo ve el derecho al disenso?
Hay un tema de judicialización de la protesta y criminalizar el disenso. Vuelvo a insistir en que hay que vernos en el espejo de Nicaragua. Es el más cercano que tenemos y es el reflejo de lo que podemos llegar a ser. Eso sí, líderes nicaragüenses nos dicen que El Salvador va mucho más rápido. Ortega tardó 20 años en tener lo que tiene ahora. Nosotros estamos en cuestión de dos o tres años en escenarios muy parecidos. Y cuando se cierran espacios democráticos, los primeros que son golpeados son los defensores de derechos humanos y el periodismo independiente. Y actualmente son el siguiente enemigo. Ya se ha escuchado a bastantes analistas plantear de que para dentro del discurso populista, sostenerse en el poder requiere enemigos, inventar enemigos.

Este gobierno ofrecía modernidad y frescura. ¿Es realmente eso?
La historia se repite, nuevamente estamos en escenarios en donde empiezan a cerrarse los espacios democráticos. Y empezaría la población a vivir en carne propia las consecuencias del cierre de esos espacios. La falta de controles entre los órganos del Estado, por ejemplo, es una lección de siglos. Y la población va a ir despertando, dándose cuenta de lo que realmente sucede. Hoy por hoy, parece que solo quitaron a unos magistrados y pusieron a otros, pero una cosa es la defensa en abstracto del sistema republicano y la institucionalidad democrática y otro es cuando las consecuencias las vivo directamente cuando eso se traduce en que el cartón de huevos, la leche, el aceite, el gas están aumentando significativamente.

¿Hay algo por hacer al respecto?
Yo sostengo que es demasiado tarde para poder revertir el daño que ya se le causó a esta democracia, a esta débil institucionalidad democrática construida desde la firma de los Acuerdos de Paz. Muchos dicen que así como castigamos a Arena, al FMLN y al Partido Demócrata Cristiano hace 40 años, vamos a castigar a Nuevas Ideas, pero no nos damos cuenta que se les ha dado tanto poder que simplemente van a cambiar las reglas del juego y la misma Constitución. Eso nos puede marcar un escenario no menor de 20 años para recuperar lo que se había perdido.

¿Ve algún símil con nuestra historia?
Pudiéramos comparar el momento actual con los finales de los años 60, en donde empezaban a ser reprimidas protestas, había fraudes electorales, ya no importaba que usted recurriera el voto para querer cambiar las cosas, porque toda la estructura estaba diseñada ya para el fraude electoral. Pero es muy vieja la prueba de que mientras más represión se genera, el descontento se va acumulando y tarde o temprano la situación estalla.

Mensaje durante una concentración civil en el Monumento a la Constitución. Foto EDH/ Menly Cortez

¿Es válido para usted hablar de una dictadura en El Salvador?
Lo que pasa es que queremos hablar de dictaduras militares a la usanza de Pinochet, a la usanza de Duvalier o de Somoza. Las dictaduras modernas no necesariamente tienen que tener ese mismo perfil, por eso es muy difícil hablar de dictadura en El Salvador. Aunque no dudo que del porte autoritario y autocrático de los grupos que controlan el Gobierno. Que vamos rumbo a una dictadura, no lo discuto, pero no sería de las que afirmara de que ya hay dictadura.

¿No ve un retorno de los cuerpos armados a la política?
Sí hay una militarización de la política y una militarización del quehacer público muy grande. Los militares han vuelto a tener poderes que nunca debieron de haber tenido. Y el incidente que hubo con el periodista Beltrán y el inspector (de la PNC) nos genera la preocupación de que la agresión hacia alguien está justificada. Y de repente un policía armado que golpea a un periodista es declarado un héroe nacional. Esa vanagloria de esa manera al sector armado institucional, Fuerza Armada y Policía es sumamente grave. Nos lleva a épocas que vivimos en el conflicto.

¿Qué herramientas hay desde la comunidad internacional para frenar la deriva autoritaria?
Es una pregunta que puede tener una respuesta muy frustrante. Para mí, un indicador muy fuerte ha sido de que no haya habido ningún representante estatal en la reunión que fue convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, hasta que hay una orquesta suficiente de la comunidad internacional que se traduce en otro tipo de sanciones. El espejo de Nicaragua nos da las alertas. Debemos reflejarnos en lo que está pasando.

Y en este proceso, ¿cree que habrá un éxodo grande de salvadoreños?
Sí, es el punto siguiente. Ya no solo podemos hablar de migración forzada causada por actores no estatales con la licencia y responsabilidad del Estado. Ahora ya estamos conociendo la migración forzada de personas que están hablando de persecución política en este país. Entonces volveremos a tener solicitudes de refugio y de asilo de actores que plantearán que son objeto de persecución, ya no solo de entes no estatales como pandillas o crimen organizado, sino de agentes del Estado por pertenecer a un partido político, por ser periodista, por ser de una organización no gubernamental calificada por este gobierno como opositor. No hay nada que nos diga que eso va a disminuir si la gente sigue percibiendo en su cotidianidad esta crisis política.

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