El empresario del transporte público de pasajeros de la ruta 42, Catalino Miranda rechazó los señalamientos que el testigo criteriado (imputado con beneficios penales) ha hecho en su contra. “Noé” lo ha acusado de que es financista de sicarios para asesinar a pandilleros y a su vez, que ha pagado extorsiones con las que se mantiene un grupo de mareros en Zaragoza, La Libertad.
El testigo Noé dijo la mañana del 22 de octubre en el juicio que el Juzgado Especializado de Sentencia “A” lleva a cabo contra 425 pandilleros de la MS detenidos en la Operación Cuscatlán, que el grupo delictivo que él representaba y que opera en Zaragoza, sobrevivía “económicamente” de la extorsión que pagaba Miranda, quien es propietario de unas cien unidades de transporte público y es presidente de Fecoatrans Inversiones y Negocios.
Fecoatrans es una gremial que aglutina de un 33% a un 40% dela flota nacional, alrededor de unas 45 rutas.
El testigo de la Fiscalía afirmó durante el juicio, que Miranda ha sido una persona con la que han tenido “muchos conflictos”, porque la pandilla cree que les ha mandado a matar a varios de sus compinches.
Frente a esas afirmaciones, Miranda que en el 2011 aspiró ser diputado dijo que los transportistas microbuseros no son asesinos sino conductores de economías en el país cuyas inversiones en 2018 alcanzó los $130 millones. “Los empresarios son conocedores y respetan la ley, ellos saben que no pueden manchar sus manos de sangre (con mandar a matar a delincuentes), además son conocedores de que no pueden cooperar con el crimen”, dijo Miranda, y citó las palabras del Fiscal General, Raúl Melara de “que el que financie pandilleros jugando de criminales va a terminar preso”.
“No andamos buscando pleitos con nadie principalmente con estas bandas de criminales, lo que nosotros hacemos es resguardar y no cooperar en absoluto ni por favor ni por fuerza con las extorsiones con estas bandas”, afirmó el transportista.
El empresario microbusero que en 2018 invirtió cerca de $600,000 en renovación de su flota vehícular y adquisición de tecnología contra la delincuencia, pidió a Fiscalía investigar a profundidad las versiones que ha dicho Noé y verificar si ha existido alguna responsabilidad o si solo se trata de un testigo que de dañara figuras públicas que se han defendido de esas redes delictivas.
Empresarios del transporte no son sicarios de mareros
Reiteró su rechazo a las aseveraciones del testigo Noé que ha hecho en su contra y ha sostenido que sus declaraciones “no le han provocado pesadillas ni le han quitado el sueño”, ya que -según él- solo buscan distraer a las autoridades sobre la participación delictiva de cada imputado en la Operación Cuscatlán.
“Este testigo ya va mencionando a más de mil personas, sin contar los 425 que están siendo procesados en el juicio. Ha tratado de enlodar a políticos, empresarios y por ahora ya va con otro cuento”, afirmó Miranda.
Tras la advertencia del Fiscal General sobre quienes financian a la delincuencia, Miranda recordó al funcionario que hay personas que no pueden defender su patrimonio ni la vida de su familia y es obligación del Estado eliminar este delito (extorsiones) para siempre. “Las autoridades deben estar bien preparadas para seguir las investigaciones científicas y profundas de un hecho y verificar si las personas que involucran o se mencionan, sean de verdad” .
“Al final, ¿quién va a condenar a este testigo por involucrar a tanta gente inocente en hechos delictivos, es la pregunta del millón”, expresó el dirigente transportista.
En todo caso, recomendó a las autoridades que sometan a evaluación emocional a este tipo de personas, “no con uno, sino con cuatro o cinco psiquiatras para que examinen su condición”.
Flota de unidades de Fecoatrans
Entre servicio de microbuses y autobuses a nivel nacional que forman parte de las rutas que integran Fecoatrans.
Miranda, quien año con año brinda un balance de las extorsiones del sector transporte del país, ha calculado que este flagelo les cuesta $18 millones anuales.
“La extorsión es un tema de país muy delicado, fuerte y profundo que no solo podría salpicar a una persona de renombre en el país sino a diferentes sectores como policías, investigadores, políticos, empresarios y otros”, añadió.
El transportista asegura que por no haber accedido a la extorsión, desde hace 13 años ha recibido amenazas y atentados a su patrimonio que lo han obligado a separarse de su familia al enviarla al extranjero para que no corra peligro por no entregarles la extorsión.