Todo funcionario que desempeña un cargo con poder de decisión o administra fondos públicos está obligado a declarar sus ingresos económicos cuando asume y cesa del cargo ante la Sección de Probidad. Esto permite detectar un posible enriquecimiento ilícito. Pero no todos cumplen, un documento de Probidad revela que, en los últimos diez años, 8,974 no lo han hecho.
Desde 2009, según ese reporte facilitado a El Diario de Hoy, esa dependencia de la Corte Suprema de Justicia viene arrastrando ese abultado registro de incumplidores con lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 240.
En el inciso tercero de dicho artículo quedó establecido que los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia dentro de los 60 días siguientes a aquel en que tomen posesión de sus cargos.
Curiosamente las cifras coinciden con los dos gobiernos del FMLN presididos por Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), aunque los 8,974 funcionarios que hasta julio pasado habían incumplido este requisito constitucional, son de todas las instituciones del Estado.
Si se ve el registro por año, de ese acumulado, 1,618 exfuncionarios no rindieron su informe patrimonial al cesar su cargo en 2018; mientras que este año los casos alcanzan los 164.
Entre estos últimos estuvo hasta hace poco Salvador Sánchez Cerén, quien presentó de manera extemporánea su declaración de cese correspondiente a su período como presidente de la República.
El exmandatario, quien ya logró ser exonerado de presunto enriqueciiento ilícito tras declarar sus bienes como vicepresidente (2009-2014), tendrá que enfrentar nuevamente la investigación de Probidad pero esta vez como expresidente del país.
Sánchez Cerén tendrá que justificar si en este nuevo cargo tuvo un incremento de ingresos, cómo adquirió sus bienes o por qué tiene equis cantidad de dinero en sus cuentas bancarias, por ejemplo, con respecto a cuando inició su mandato.
La presentación de esta declaración es clave para detectar si el servidor público aumentó su patrimonio en relación a cuando inició sus funciones, y si sus ingresos tienen origen lícito.
El magistrado Óscar López Jerez dice que precisamente en la constatación de los datos que plasman en esa declaración de cese es donde han detectado las irregularidades y que por eso han “enviado a bastantes funcionarios a juicio, porque no ha pegado la información que mandamos a pedir con la que decía en la declaración”.
En los últimos diez años, de las investigaciones de Probidad han salido a luz casos con indicios de enriquecimiento ilícito y han terminado condenados civilmente. Entre los casos más sonados basta recordar el del expresidente Mauricio Funes, a quien la Corte Plena lo mandó a juicio civil por no haber justificado ingresos por $702,000 pero que al final en la Cámara Segunda de lo Civil se le condenó junto con su hijo por $419,145.19.
El caso de Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco es otro en el que Probidad les encontró un significativo incremento en su patrimonio y notificó el caso a la Fiscalía. Esta les acusó por enriquecimiento ilícito ante la Cámara Primera de lo Civil, atribuyéndole $3 millones 970 mil no justificados al exmandatario y $589,608 a la esposa. El caso está en proceso.
Entre los procesados figuran además de los dos expresidentes, exministros o secretarios de Estado, titulares de autónomas, familiares de estos y diputados entre otros.
El caso más reciente en que la Corte en pleno decidió con diez de los 15 votos enviar a juicio civil a un funcionario fue contra el diputado del FMLN, Sigfrido Reyes, por no justificar $373,189.
Plazo extra para obligarlos
El magistrado López Jerez dice que ante este alto número de exfuncionarios pendientes de declarar desde 2009 han acordado en la Comisión de Ética y Probidad, de la que él es parte, que les darán 15 días hábiles de plazo para que declaren.
“En la misma resolución de prevención se le va a hacer saber la condena en multa por no haberla presentado en tiempo. De esa no se van a salvar”, advierte López Jerez.
De momento ya hay 286 multados, según el informe de Probidad, la mayor parte de ellos (142) corresponden al 2015.
López Jerez dijo no tener el dato de porqué Probidad ha multado a exfuncionarios desde 2014 habiendo centenares que han incumplido desde 2009, aunque dice que esas son decisiones que debieron tomar los magistrados anteriores. Este año no aparece registrada ninguna impuesta.
Pero cuáles son los efectos que hay más allá de la multa económica impuesta al infractor? El mismo López Jerez dice que muchos prefieren pagar la multa a declarar, quizás porque no tienen la documentación para justificar su patrimonio.
Para que esto no quede así, dice, que han discutido y acordado en el seno de la comisión y que someterán a la aprobación del pleno de la Corte, es que si pasado el plazo extra concedido no presentan la declaración los investigarán y enviarán el caso a la Fiscalía.
Eso significaría, según el magistrado, que “librarán oficios” a todas las instituciones que tengan información sobre el patrimonio del exfuncionario, como el caso de los bancos e incluso Migración, dice, para ver el registro de viajes y el origen de los fondos para ello.
Pero eso no es todo, los magistrados López Jerez y Leonardo Ramírez Murcia coinciden en que es necesario tomar medidas más rigurosas y es que todo aquel que incumpla con este requisito que es mandato constitucional, sea apartado del cargo. (Ver nota aparte).