Carmen Elena Rivas Landaverde dice que no quiere pasar a la historia solo como la primera mujer en dirigir la Corte de Cuentas, sino que quiere dejar como legado “una Corte moderna, transparente” y que ya ha dado algunos pasos en más de dos años de gestión. En ese sentido habla de proyecto de reforma integral de la Ley de la Corte de Cuentas, con la que se busca “quitar limitantes” en la realización de auditorías.
Pero hay otro objetivo con esa reforma, y es que los juicios de cuentas sean abiertos a la ciudadanía, para que ella “vea ventilar cuál ha sido la prueba de respaldo para quitar o mantener un hallazgo” en un informe.
Cuando se le pregunta a Rivas Landaverde sobre qué alarmas se encienden dentro de la institución a fin de corregir errores cada vez que salen a la luz casos graves de corrupción como el que involucra a auditores de la Corte en la presunta limpieza de irregularidades de informes, por ejemplo El Chaparral, dice que ya cuentan con algunas unidades que verifican el trabajo de los auditores pero que están por implementar un sistema integrado que ayudará a detectar irregularidades en el proceso y dejará huella.
La Corte de Cuentas siempre está en boca de muchos, sobre todo cuando se revela casos de corrupción, ¿qué significa para usted dirigir una institución tan vigilada por la ciudadanía?
Es un gran desafío, sin embargo, en esta gestión hemos sentado un antes y un después en los 80 años de la institución. Uno de nuestros objetivos ha sido el abrirnos a la ciudadanía incluyendo los medios de comunicación, para poder dar a conocer el trabajo de la Corte de Cuentas.
Siempre he dicho que cuando a uno lo están vigilando, uno siempre trata de portarse un poco mejor y hacer el trabajo como se debe de hacer. Cada vez que me dirijo a mis compañeros yo trato de hacerles esa motivación de que debemos de preservar esos principios y valores que son dados en casa y hacer el trabajo técnico porque el trabajo de la Corte de Cuentas es eminentemente técnico, debemos supeditarnos a lo que las normativas y las leyes nos dicen y poder salir con el trabajo institucional que nos ha sido encomendado.
Cuando salen a luz casos de corrupción como El Chaparral, que jefes de auditoría están involucrados en supuesta limpieza de informes, ¿qué alarmas se encienden dentro de la Corte?
En este caso en particular, el trabajo de la Corte, de acuerdo a la ley, tenemos el plazo de cinco años para hacer la auditoría y emitir el informe correspondiente. Si ese informe no es emitido en ese tiempo hay que declarar la caducidad y eso le corresponde a la presidenta declararla y abrir expediente. Esto último significa mandarlo a la unidad organizativa de la Corte a fin de que investigue el actuar de los compañeros de manera de determinar como ente colegiado si hay una sanción. Hasta el momento tenemos pendiente ese proceso, la Dirección Jurídica no nos ha enviado todavía ese informe.
Es Fiscalía General de la República la que va a indagar y a determinar si hubo o no una intención de dejarlo caducar y va a ejercer la acción legal que corresponde. Es un papel protagónico de la FGR con los tribunales de justicia correspondientes.
¿Cuando usted certifica este caso, eso viene a sumar la investigación que Fiscalía ya tenía abierta?
Al parecer la Fiscalía ya estaba investigando este caso a raíz de una publicación del 8 de septiembre de 2016 en que menciona que ellos tuvieron conocimiento, y precisamente de este periódico (El Diario de Hoy). Como Fiscalía puede de oficio comenzar una investigación, ya estaban investigando; cuando yo les remito la declaratoria de caducidad ellos entrelazan la investigación y ejercen la acción legal correspondiente.
Recordemos también que a los compañeros (auditores) les asiste el derecho de audiencia y defensa. A través de eso ellos van a tener la posibilidad de probar si efectivamente han realizado el trabajo de fiscalización y que a criterio de ellos fue correcto; si fue intencional o no se va a dilucidar en el proceso; y será el juez competente si decide si los absuelve o no.
¿Pero el haber limpiado cuatro importantes hallazgos del informe final del caso El Chaparral ya es un hecho dentro de la Corte? ¿Se ha iniciado un proceso de sanción?
En ese punto es importante aclarar: a la Corte de Cuentas ya no le corresponde determinar si hubo intención o no, o si se desvanecieron o no esos hallazgos. Eso ya está en sede judicial. Hoy estamos ya en etapa de instrucción y Fiscalía tendrá la posibilidad de recabar más pruebas y de presentarlas, igualmente la defensa de los compañeros tendrá la posibilidad presentar todas sus argumentaciones con su evidencia.
Según el trabajo de Corte de Cuentas, el proceso que se ha abierto es únicamente porque se emitió el informe de auditoría fuera de los cinco años, independientemente de si este informe era limpio o con hallazgos; el hecho de haberse diligenciado o finalizado pasados los cinco años es lo que nos lleva a abrir un expediente y lo que nos mande la Dirección Jurídica vamos a determinar como organismo colegiado si procede una sanción administrativa, una suspensión o una posible destitución.
Hay otro caso de auditores de la región oriental que supuestamente entregaban auditorías limpias a cambio de dinero. ¿De estos casos que van surgiendo, qué correcciones hacen?
Al recibir una denuncia contra compañeros de la Corte, la normativa interna nuestra establece que se debe enviar a la Dirección Jurídica para que investigue, haga un informe y determine, dé incluso una recomendación qué es lo que pueda proceder a fin de que como organismo de dirección podamos tomar una decisión al respecto. En este sentido la denuncia es bastante amplísima, todavía no nos ha enviado informe, entiendo que está casi en etapa de finalización.
¿Pero hay acciones para corregir este tipo de cosas o para ustedes son casos aislados?, pues esto al final solo abona más a la crítica contra la Corte.
Dentro de la institución ya contamos con algunas unidades que ayudan en un momento determinado a verificar si los compañeros están cumpliendo o no con las funciones que les corresponde, tal es el caso de Auditoría Interna que año con año está verificando que las funciones se realicen conforme a la normativa.
También tenemos una Subdirección de Aseguramiento de la Calidad que nos permite determinar si un informe de auditoría ha sido emitido conforme a derecho, cumpliendo las normas de auditoría gubernamental; y también la Dirección Jurídica que ya establece la investigación que tienen que hacer. Prueba de ello mencionarle que tenemos a una directora de auditoría que está suspendida desde mayo de 2018 y le hemos iniciado un proceso de destitución.
En este sentido, velamos por el debido proceso, tampoco es una medida de persecución de los compañeros, por eso siempre les hago el llamado que tenemos que cumplir lo que la ley establece, porque al tener conocimiento de una irregularidad y no actuar, a la larga podemos ser nosotros los procesados. En este caso (El Chaparral) si yo como presidenta no declaraba la caducidad como la ley me lo manda, de aquí a tres años o antes la procesada tendría que ser yo por ese incumplimiento. Creo que todos debemos ceñirnos a lo que la ley nos manda a hacer.
¿Se está haciendo o se hará un mayor control sobre la marcha de las auditorías a fin de detectar a tiempo situaciones irregulares como en El Chaparral?
De hecho estamos implementando un sistema integrado de control de auditoría, eso nos va a permitir hacer unas auditorías sistematizadas, de manera que si en algún momento determinado haya una manipulación de la información, el sistema va a emitir alertas, va a hacer una detección y va a dejar rastro. Sabemos ya las normas, el manual de auditoría nos señala en qué etapa y hasta dónde llega el trabajo del auditor, del jefe de equipo, del director de auditoría y así sucesivamente. En ese nivel va a poder establecer dónde estuvo la falla y quién sería el presunto responsable.
En la propuesta de reforma integral de la Ley de la Corte de Cuentas que yo presenté hemos establecido ya algunas mejoras que podría llevarnos a determinar y hacerles ver el trabajo de fiscalización. Todos los servidores públicos tenemos que concientizarnos en que tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde.
Su colega magistrado, Roberto Anzora, nos decía en otra entrevista, que la Corte necesita una supervisión mayor de los auditores para evitar este tipo de casos irregulares. ¿Usted está de acuerdo con ello?
Hay que establecerlo y de hecho necesitamos fortalecer las mecanismos que ya tenemos, las unidades que ya contamos y si hay que crear unidades hay que hacerlo. De hecho es la misma debilidad que yo detecté con los auditores internos en otras instituciones. En el proyecto de reforma integral una de las iniciativas es que los auditores internos sean removidos o su nombramiento y evaluación dependa de la Corte de Cuentas y no de la institución en que está contratado porque eso le quita independencia. Por temor a perder su trabajo la gente no establece en los informes que remite a la Corte un posible hallazgo, eso lo detectamos con un consultor que entrevistó a auditores internos de varias instituciones que dijeron que veían irregularidades y no las establecían en los informes porque los podían despedir. Tenemos que hacer un trabajo de concientización con los compañeros, capacitaciones de integridad.
La Corte de Cuentas es una institución grande y compleja, usted es la primera mujer en dirigirla y en agosto acaba periodo, ¿cuál ha sido su mayor desafío?
Son muchos los desafíos, es un gran reto pero a la vez un gran privilegio que me dio Dios, en una institución de 80 años constituirme en la primera mujer en dirigir una institución tan importante para resguardar los recursos del Estado. Lo he dicho: no ser reconocida como la primera mujer presidenta sino por el legado que quiero dejar. Quiero dejar una corte moderna, transparente y la reforma integral que he presentado en modernizar los dos procesos misionales que están en la institución. Es necesario ampliar y llenar unos vacíos, quitar limitantes que hoy por hoy hemos tenido en la realización de las auditorías; necesitamos abrir el juicio de cuentas hacerlo transparente, hacerlo por audiencias; hoy por hoy es el único proceso que se ha quedado documental y eso deja mucha discrecionalidad; necesitamos que la ciudadanía vea ventilar cuál ha sido la prueba de respaldo para quitar o mantener un hallazgo.
¿Eso sería parte de la fiscalización ciudadana?
Exactamente… Por eso hago siempre el llamado a que hagamos un trabajo técnico y legal, que bajo esa lupa no vamos a tener nada que temer y vamos a tener toda la potestad legal para podernos defender.