La intervención del Cardenal Gregorio Rosa Chávez en la Villa Dueñas, lugar adonde asistieron para dar sus aportes parte de los involucrados y afectados por el proyecto de Ley de Reconciliación que la Asamblea pretende aprobar, dejó una sensación en el ambiente de que ni el proyecto de la Asamblea ni el de las organizaciones sociales que integran el Grupo Gestor y la Mesa contra la Impunidad son convenientes para El Salvador.
“Ahora en día abrir la caja de Pandora significa una acción en apariencia pequeña, pero que puede atraer consecuencias catastróficas. Esta mañana esa cajita está en nosotros a ver qué pasa. Es un tema importante porque hay un clima muy tenso, muy crispado, se puede abrir la caja de Pandora y nadie la podrá cerrar”, afirmó el Cardenal.
Las palabras del Cardenal Rosa Chávez sobresalieron del resto que habían escuchado los diputados. La posición de las organizaciones sociales, de representantes de las víctimas del conflicto armado, de las universidades y de los militares, habían sido: unas de rechazo al proyecto de Reconciliación que la Asamblea ha elaborado y otras de mediana aceptación al mismo.
El Cardenal enfatizó que debe prevalecer “una actitud de perdón sincero”, sino sería una ley que en vez de calmar las “ansiedades” de las víctimas del conflicto armado “las heridas seguirán sangrando, alimentando en las generaciones futuras un hastío sin fin, que es fuente de venganza y causa de nuevas ruinas”, reflexionó Rosa Chávez.
Toda su intervención se basó en lo dicho por el Papa Juan Pablo II en 1997. En su análisis fue recordando pausadamente sus palabras, que “el que ofrece el perdón recibe la paz”.
“Como soy atento a la realidad, siento el deber de expresar mi preocupación por algunas actitudes y declaraciones que en lugar de favorecer la reconciliación pueden fomentar actitudes de venganza y revancha, dice el santo Padre”, manifestó el Cardenal a los diputados quienes escucharon atentos el punto de vista de Rosa Chávez.
El Cardenal habló de que es cierto que la justicia debe existir para resarcir a las víctimas y que el perdón no exime al hechor de un crimen de reparar el daño cometido, pero recomendó que “ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quién ha obrado mal, la puerta hacia el arrepentimiento y la rehabilitación debe quedar siempre abierta”, comentó.
Esto en relación a que el documento que promueven las organizaciones sociales y universidades como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y la Universidad de El Salvador (UES), promulgan no dar cabida al perdón ni exonerar de la cárcel, aunque una persona que resulte culpable de un delito de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos admite que cometió el crimen, pide perdón y ayuda a esclarecer otros hechos similares.
Ayer lo reiteraron Manuel Escalante del Idhuca y el exprocurador de los Derechos Humanos, David Morales, así como Sofía Zamora, de la UES. Todos ellos, incluido Benjamín Cuéllar, abogado y politólogo y representantes de las víctimas del conflicto armado, expresaron que no es posible que la Fiscalía tenga la capacidad que en cinco meses pueda resolver todos los casos que se cometieron en la guerra de la década de los 80.
Cuéllar informó que este día acudirán a la Sala de lo Constitucional a pedir cinco meses más para que la Asamblea tome en cuenta todas las observaciones que ayer hicieron, entre ellas, que no sólo se castigue al hechor directo de los crímenes sino a los “altos mandos” que dieron las órdenes de matar.
El año pasado la Sala de lo Constitucional le dio un ultimátum a la Asamblea para que legisle en materia de Reconciliación el 13 de julio, tras derogar la Ley de Amnistía de 1993 que tenía vacíos legales que la Sala ordena a los diputados corregir.
Militares se defienden
El segmento de los militares también presentaron sus opiniones y se defendieron argumentando que en la época del conflicto armado la Fuerza Armada cumplía con su deber constitucional de defender la soberanía del Estado, que en ese entonces era el mayor “agraviado”.
Los representantes de los militares cuestionaron que deben ser juzgados de forma igualitaria, pues valoraron que sólo al Ejército le achacan graves crímenes cuando los acontecimientos que pasaron en la guerra fueron de dos bandos.
El coronel José Luis Alvarado también recordó que la institución castrense perdió a más de 11,000 soldados en la guerra y cuestionó que las organizaciones no gubernamentales se están valiendo de la coyuntura actual sobre la aprobación de una nueva Ley de Reconciliación para sacar ventaja económica después de que logren que los acusados paguen con sus patrimonios el resarcimiento civil a las víctimas.
La Comisión Política de la Asamblea se reunirá este día a las once de la mañana para evaluar los aportes recibidos de todos los sectores que llegaron ayer a la Villa Dueñas. La plenaria se realizará mañana miércoles por la tarde y según el diputado Roberto Angulo, del PCN, se evalúa la posibilidad de que el proyecto de ley de Reconciliación sea aprobado ese día.